Un agujero en la regulación permite a las empresas saber el motivo de la baja laboral en los abortos y reglas dolorosas

La Ley del aborto reguló en la pasada legislatura una protección “especial” para las bajas por reglas dolorosas, así como para los abortos y la recta final del embarazo (semana 39 de gestación). Se amplió la cobertura social para estos tres supuestos, respecto a los días cubiertos por la prestación de incapacidad temporal y la cotización exigida por la Seguridad Social, por ejemplo. Lo que se legisló como una ampliación de derechos, en la práctica ha supuesto un “agujero” desconocido para muchas personas: las empresas pueden saber el motivo de las bajas médicas. Una situación totalmente anómala en las relaciones laborales y calificada como “muy grave”, por abogados especialistas en protección de datos, médicos y colectivos de mujeres, entre otros actores consultados.

Uno de los principios más conocidos de las bajas laborales es el derecho de la persona trabajadora a no revelar a la empresa el motivo de la baja médica. “Es lo que siempre decimos a nuestros pacientes cuando les damos la baja”, explica el médico Paulino Cubero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). El mismo mensaje repiten en las consultas de despachos laboralistas y en las de protección de datos: la empresa no tiene por qué conocer esa información.

De hecho, en los conocidos como “partes de baja” –que la Seguridad Social eliminó el año pasado– los sanitarios entregaban dos copias: un documento para la empresa, en el que no figuraba la patología en cuestión, y otro para el paciente, que sí recogía estos datos sanitarios.

Así, esa información ha estado blindada a las empresas desde los servicios médicos y la Seguridad Social, salvo con la excepcionalidad del COVID en la pandemia, hasta las tres bajas “especiales” de incapacidad temporal aprobadas en la Ley del Aborto, impulsadas por el Ministerio de Igualdad y pactadas con la Seguridad Social, dirigidos en ese momento por Irene Montero y José Luis Escrivá, respectivamente.

Solo en estos tres casos, la Seguridad Social comunica una serie de datos que permiten a las empresas conocer si la trabajadora ha interrumpido un embarazo o si tiene reglas incapacitantes. En el caso de la semana 39 de embarazo, el motivo de baja es evidente.

Desde su regulación, casi 30.000 mujeres han estado de baja por aborto, según esta Incapacidad Temporal especial. “28.188”, responden en la Seguridad Social. Por otro lado, las bajas por reglas incapacitantes alcanzan las “2.183”.

La Seguridad Social desvela la causa en la tramitación

La clave radica en que la Ley del Aborto reguló como “situaciones especiales de incapacidad temporal” estas tres bajas para mujeres. Es decir, dejaron de ser bajas ordinarias por contingencias comunes y se les reconoció unos derechos ampliados, como la prestación de la Seguridad Social desde el primer día de baja, o desde el día siguiente o el acceso a esta cobertura sin cotización previa, según el caso.

Además, cada baja “especial” tiene una letra pequeña diferente, por lo que la Seguridad Social comunica a las compañías una codificación única para cada caso.

Casi 30.000 mujeres han estado de baja por aborto: "28.188", responden en la Seguridad Social. Las bajas por reglas incapacitantes alcanzan las "2.183"

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social confirman a elDiario.es que “nunca se comunica” el motivo de las bajas por incapacidad temporal, pero reconocen que el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) aporta ciertos datos a las empresas (o gestorías) a la hora de tramitar la protección reforzada de las bajas “especiales” por reglas dolorosas, aborto y final del embarazo.

“La única manera de comunicar estas situaciones especiales de incapacidad temporal es mediante una codificación especial”, responden desde el Ministerio de la Seguridad Social. Estos códigos son los que permiten a las compañías conocer de qué tipo de baja se trata.

CCOO y UGT dicen que avisaron al Gobierno

Desde los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, sostienen que estas bajas “no fueron negociadas” formalmente en el diálogo social con sus organizaciones, aunque sí se comunicaron y trataron del tema con el Gobierno. Según ambas centrales sindicales, advirtieron al Gobierno sobre la posibilidad de que las empresas conocieran el motivo de estas bajas al regularlas como una incapacidad temporal “especial”.

Así, lo asegura Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT y responsable de Igualdad en el sindicato, que fue muy crítica con las bajas por reglas dolorosas, al considerar que podían acabar discriminando a las mujeres. “Avisamos a Igualdad”, sostiene Antoñanzas.

Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, también sostiene que el sindicato advirtió del peligro de esta regulación “especial” por la posibilidad de identificar el origen de las bajas, tanto “a Igualdad como a la Seguridad Social”. Aunque Vidal reconoce que no era consciente de la codificación especial y única de cada motivo de baja y de que esta información llega a las empresas. “Pedimos a la Seguridad Social que lo solucione”, afirma a este medio.

elDiario.es ha consultado a los equipos ministeriales que elaboraron la norma por esta advertencia y sobre su conocimiento de la comunicación de datos de salud en la aplicación de la ley. Desde el equipo de José Luis Escrivá rehúsan responder y remiten al actual Ministerio de la Seguridad Social.

“El equipo de Igualdad recuerda que fue una negociación de Trabajo con Seguridad Social y la redacción final dependió de los ministerios competentes en la materia”, responden por su parte fuentes del equipo de Irene Montero, al contrario de lo que anunciaron en su momento, cuando comunicaron el pacto de Igualdad y el departamento de Escrivá.

El equipo del entonces Ministerio de Igualdad niega, no obstante, que los sindicatos alertaran sobre este problema de las bajas “especiales”. “UGT planteó lo mismo que Nadia Calviño y relativo únicamente a la baja por menstruación: que una baja por menstruación podía patologizar la regla y generar una situación de desventaja que utilizaran los empresarios”, indican.

“Esas fueron las advertencias y desde el Ministerio de Igualdad se advirtió de que se trataba de argumentos demasiados parecidos a los que se empleaban antiguamente con los permisos de maternidad y paternidad y que no supondría ninguna desventaja tal y como decía y tal y como se ha demostrado”, añaden en el equipo de Irene Montero.

Fuentes del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, niegan “rotundamente” haber tenido que ver con esta negociación, ni con la redacción de la norma. “Desmentimos de categóricamente. Fue tratado por Igualdad y la Seguridad Social. Siempre apoyamos al Ministerio de Igualdad, porque nos parecía una medida importante, la protección de la salud de las mujeres, pero no participamos en la negociación”, indican. Además, sostienen que desconocían hasta el momento que la Seguridad Social está comunicando esta información a las empresas.

El Ministerio de la Seguridad Social confirma que la negociación la “lideró Igualdad” y niegan que participara el Ministerio de Trabajo. Desde el actual Ministerio de Igualdad remiten en todo momento a la Seguridad Social.

Alguna denuncia y mucho desconocimiento: “Es demencial”

La posibilidad de que las empresas conozcan el motivo de la baja de estas IT especiales no es solo una teoría, sino que se ha materializado en la práctica. Es lo que le ocurrió a una trabajadora afiliada al sindicato gallego CIG, que descubrió a través de un documento que la empresa donde trabajaba era consciente de su baja por aborto, explica Susana Méndez, secretaria de Organización del sindicato. “Para ella fue un shock, estaba muy afectada”, lamenta Méndez.

La CIG denunció públicamente la situación el pasado diciembre y presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). “También advertimos a la Seguridad Social, pero no hemos tenido ninguna respuesta, ni sabemos si han aplicado alguna medida para solucionar esta situación”, critica Susana Méndez.

La Agencia Española de Protección de Datos confirma a elDiario.es que la resolución presentada por la CIG “está en trámite”. La admisión de la denuncia tuvo lugar “el 1 de febrero”, dice el sindicato gallego. “Aunque nos han avisado nuestros servicios jurídicos de que esto puede tardar bastante”, sostiene Méndez. Fuentes de la Seguridad Social sostienen que la AEPD les ha indicado “que no se incurre en ninguna irregularidad de protección de datos”.

Además, en algunos colectivos de especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social confirman que también eran conscientes de que la regulación de esta baja como “especial” iba a dar lugar a que las empresas conocieran el motivo de la baja. “En general, los tres primeros días de baja no se cobran, salvo que haya cobertura por convenio. Y con estas tres IT especiales sí se cobra”, explica Miguel Arenas, abogado especializado en la Seguridad Social del Colectivo Ronda.

"Esto se debe hacer de otra manera. Es que es demencial. No hace falta saber de Protección de Datos para saber que esto es demencial"

Sin embargo, expertos en protección de datos comenzaron a comentar en los últimos días esta situación y advirtieron a elDiario.es de la filtración de estos datos especialmente sensibles. “Esto se debe hacer de otra manera. Es que es demencial. No hace falta saber de Protección de Datos para saber que esto es demencial”, sostiene Jorge García Herrero, abogado especialista en protección de datos.

García Herrero recuerda que los datos sobre salud son considerados muy sensibles y están especialmente protegidos por la normativa de protección de datos. “Tienen la categoría especial, es el dato por antonomasia especialmente protegido”, argumenta el abogado, que considera que el proceder de la Seguridad Social incumple la regulación. Además, apunta que “siempre hay otra manera de hacer las cosas” en protección de datos, de manera que no se identifiquen estos datos tan sensibles de las trabajadoras.

“Parece que sería posible encontrar un modo menos intrusivo de poder tramitar la baja médica sin revelar información, que además puede tener efectos discriminatorios por la causa concreta de la baja, de modo que tuviera efectos similares a los que tienen las tramitaciones de otras causas de baja médica”, coincide Elena Gil, abogada especializada en Derecho Digital en Data Guardians.

Desde la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) indican que los médicos de Atención Primaria desconocen que las empresas puedan conocer el motivo de estas bajas. “Esto es ilegal, es que no se puede comunicar esa información”, responde con preocupación Paulino Cubero.

Varios médicos contactados explican que ellos marcan la patología en las historias clínicas, por ejemplo una “dismenorrea secundaria” o una “interrupción del embarazo” y dan la baja con normalidad, pero no tienen que marcar ninguna IT especial. Este paso corresponde a la gestión de datos que hace la Seguridad Social, sostienen.

En la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya, Silvia Aldavert, también reacciona con gran sorpresa y preocupación a la comunicación de estos datos personales a las empresas. “Me parece muy fuerte. Cómo lo íbamos a saber, esto no lo sabe nadie, las mujeres no lo saben”, responde a este medio. Su organización asesora de manera individual a mujeres que interrumpen sus embarazos, a las que nunca han advertido de esta situación, que desconocían.

“Este no era el espíritu de la ley, justo lo contrario”, critica Aldavert, que afirma que las organizaciones sociales sí buscaban visibilizar que las mujeres se pudieran coger una baja por abortar, como por cualquier otro motivo que afecta a la salud, porque tradicionalmente lo han hecho a escondidas, en vacaciones, fines de semana y alegando otras causas en las empresas. “Pero no sabíamos que justo en estas bajas son las únicas en las que se comunica el motivo de manera individual”, lamenta.

Aldavert explica que se debe caminar a la desestigmatización del aborto y se están dando pasos para ello. “Pero aún no estamos ahí. Es cierto que depende de dónde trabajes, el estigma y las consecuencias a nivel sociolaboral por haber abortado pueden ser muy diferentes”, sostiene, con posibles represalias que perjudiquen a las mujeres.