“Crees que los datos que se difunden en contra de Airbnb reflejan la realidad? ¿Y si esas fuentes de datos fueran de grupos de interés sin acceso a las cifras reales de Airbnb? Mereces saber la verdad”. Así reza un anuncio de la plataforma de alquileres de viviendas de uso turístico en una campaña de publicidad que salta a los usuarios, por ejemplo, de la plataforma Youtube.
Una campaña que llega en un momento donde la vivienda vacacional vuelve a estar en el foco, por la persistente presión de precios en grandes ciudades y zonas turísticas. También, porque el Gobierno ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para regular este tipo de arrendamientos desde una perspectiva estatal, aunque la capacidad de legislación está en manos de ayuntamientos y de comunidades autónomas.
Airbnb define su discurso a través de una página web en la que asegura que “mereces saber la verdad”. En ella afirma que “es habitual atribuir la crisis de la vivienda o el desafío del crecimiento del turismo a una sola causa para buscar soluciones aparentes” y que “Airbnb respalda un turismo sostenible y responsable y quiere trabajar con las autoridades para ayudar a frenar la especulación, pero sin dañar a los ciudadanos de a pie”.
También apunta la mencionada idea de que se transmiten datos incorrectos sobre la plataforma. “Hay grupos de interés que, de manera deliberada, difunden datos de Airbnb que son erróneos” porque “no tienen acceso a los datos reales” de la plataforma. “Diversos fallos, como la duplicidad de esa misma oferta en diversas plataformas y la disponibilidad de la oferta real de los anfitriones, generan métricas que exageran de manera intencionada la oferta efectiva de plazas turísticas”, afirma.
La multinacional, en esta web, se viste como “aliado de las ciudades y las autoridades” y explica que “ha desarrollado un portal para que las autoridades puedan solicitar información de la plataforma y así hacer seguimiento de las peticiones y recibir actualizaciones. De manera regular se implementan herramientas para ayudar a los anfitriones [los propietarios de los pisos turísticos] a cumplir con la normativas y estos siempre certifican que cumplen con esas normas locales”. Airbnb no ha contestado, al menos de momento, a la pregunta de elDiario.es respecto al porqué de esta campaña.
¿Cuántas viviendas turísticas hay?
Airbnb también menciona datos sobre viviendas de alquiler turístico que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asegura, por ejemplo, que este tipo de inmuebles no llegan al 1,5% del total y que es una realidad que va a la baja.
“Hay 1,5 viviendas turísticas por cada 100 viviendas, mientras que 14 de cada 100 casas están vacías. Hay casi 10 veces más casas vacías que vivienda turística en España. A su vez, el INE también señala que el precio del alquiler no ha dejado de subir en los últimos años. La crisis habitacional es compleja y no se puede reducir a una única causa”, resume. Cabe recordar que en España hay casi cuatro millones de inmuebles vacíos, un mapa de casas sin habitar que contamos en esta información.
Los últimos datos publicados por el INE apuntan a una dirección ligeramente diferente a la que menciona Airbnb y señalan que, al acabar el mes de agosto, el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total del parque de inmuebles rozaba el 1,3%.
Lo que difunde el INE es una estadística experimental, en la que mide tanto el número de viviendas turísticas en España como su capacidad. Señala que, en agosto de este año, había 340.424 inmuebles destinados al alquiler vacacional. Unos 20.000 más que en el mismo mes de 2020. Estas viviendas, apunta el organismo estadístico, tienen capacidad para alojar a más de 1,7 millones de personas y, de media, superan las cinco plazas de alojamiento por inmueble.
El INE explica sobre su propia estadística que para obtener la información sobre pisos y casas de uso turístico utiliza una técnica de 'web scraping', por la que extrae “datos de las tres plataformas más utilizadas de alojamiento turístico en España” y sobre estos “primero se seleccionan las viviendas turísticas de acuerdo con la normativa en esta materia de cada comunidad autónoma, y después, se eliminan aquellas viviendas presentes en más de una plataforma mediante un algoritmo que elimina duplicados”.
Con esos datos, el organismo estadístico refleja una realidad muy diferente en función del territorio. Por ejemplo, en Andalucía, el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total roza el 1,7% (más de 79.000 inmuebles). En la Comunitat Valenciana es casi el 1,8% (58.337). En Catalunya es algo más del 1,3% (52.000) y en Illes Balears, el 4% (26.500), cuando en agosto de 2021 era casi el 5% del total.
En cambio, en la Comunidad de Madrid el porcentaje es significativamente menor, según el INE, porque no llega al 0,6%. Un dato similar al de La Rioja y por encima del 0,23% de Extremadura. De donde no hay datos es de las Islas Canarias.
Una regulación que no entró en la Ley de Vivienda
La regulación sobre las viviendas de uso turístico vuelve a estar en el foco desde el inicio de la actual legislatura. No entró dentro de la Ley de Vivienda, que se aprobó el pasado mes de mayo, como tampoco lo hizo el alquiler por temporada.
En el caso de los alquileres vacacionales hay un reparto competencial, donde la gestión de la vivienda queda en manos de las comunidades autónomas y las competencias de urbanismo recaen en los ayuntamientos.
Sin embargo, hace unas semanas, el Gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo para abordar una reordenación del alquiler turístico desde el ámbito estatal, según adelantó el diario El País. Ese grupo de trabajo cuenta con la participación tanto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como del de Industria y Turismo y en él también se recogería la visión de las administraciones locales.
No es el único grupo de trabajo en marcha, porque la pasada semana echó a andar el enfocado hacia una regulación de los alquileres por temporada, aquellos que duran menos de 12 meses. Una fórmula que se ha convertido en un coladero al que se ha trasladado parte de la oferta de inmuebles sin tener que cumplir las exigencias de arrendamiento que marca la Ley de Vivienda.
Este nuevo enfoque hacia una reorganización del alquiler turístico coincide en el tiempo con la sentencia del Tribunal Supremo que certifica la capacidad de las comunidades de vecinos para decidir de forma autónoma si prohíben los pisos turísticos en sus inmuebles.
En concreto, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha dictado dos sentencias en las que avala el veto a los alquileres residenciales de corta duración en las comunidades de propietarios que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer cualquier tipo de negocio y considera que esta actividad habitacional es “equiparable” a cualquier otra, en referencia a aquellas que tengan un fin empresarial, mercantil o comercial.