En España se conceden unos 30.000 millones de euros en subvenciones públicas al año, entendidas con la definición amplia de “salida de fondos públicos sin contraprestación directa”. Un gasto público efectuado por la administración central, autonómica y local que equivale a tres puntos del PIB, y que, por primera vez, se ha sometido a análisis en España. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sido la encargada de llevar a cabo este trabajo (spending review), y este lunes ha presentado el primero de los siete informes que va a hacer públicos este mes, centrado en los 14.000 millones de euros que se incluyen dentro de la ley general de subvenciones.
El resultado es bastante crítico con la planificación estratégica que se hace de estas ingentes cantidades de dinero dedicadas a gasto farmacéutico, a políticas activas de empleo, a vivienda, becas o al sector industrial. Algunos de estos campos serán objeto de un análisis más específico en las próximas semanas. Sin entrar en cuestiones de control de las concesiones de las subvenciones o la legalidad de las mismas, que es parte del trabajo del Tribunal de Cuentas, el organismo que preside José Luis Escrivá cree que su eficacia en términos de políticas públicas y de estrategia deja mucho que desear.
De hecho, habla de un “nulo carácter estratégico” y de “falta de vinculación entre los instrumentos de planificación”, una vez analizadas las subvenciones de los ministerios y las CCAA. A su juicio, la “falta de transparencia” que preside estas ayudas públicas se demuestra desde el momento en que es muy difícil su cuantificación, debido a la inexistencia de homogeneidad en las distintas administraciones. Hasta el punto de que, según fuentes del organismo, es difícil determinar si hay solapamientos o duplicidades. Aunque no han descendido a hacer recomendaciones específicas sobre subvenciones mal concedidas, sí que han detectado en su análisis situaciones “curiosas” de ayudas que sistemáticamente benefician a determinados destinatarios, han añadido las fuentes.
Lo que sí incluye en sus recomendaciones la AIReF es el establecimiento de sanciones y que se obligue a reintegrar las cantidades obtenidas por un perceptor que no cumpla con la finalidad que persiga con una subvención determinada. En la actualidad, se controla y comprueba la documentación que se entrega a la hora de solicitar una subvención, pero no los resultados de la misma, que quizá no hayan sido los requeridos en la convocatoria de ayudas. “Debería haber un seguimiento, un reintegro y una sanción en los casos en los que las ayudas se destinan a otras cuestiones distintas”, considera la AIReF.
“Hay un control contable, pero una escasísima evaluación de resultados”, ha explicado el presidente de AIReF, José Luis Escrivá. A su juicio, el spending review no es un ejercicio para ahorrar, aunque pueda ocurrir, sino un análisis orientado a mejorar la forma en que se diseñan las políticas públicas.