Es una de las patatas calientes que afronta el flamante ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal: dar cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el sistema de financiación del bono social de la luz que puso en marcha en 2014 su hermano, Alberto Nadal.
La sentencia del Supremo echa por tierra el mecanismo que implantó hace dos años Alberto Nadal, responsable de la Secretaría de Estado de Energía y subordinado de su gemelo desde este viernes. El Alto Tribunal ha obligado al Gobierno a indemnizar a las eléctricas por el coste del bono (que ronda los 200 millones de euros anuales) desde 2014: unos 500 millones, más intereses.
El nuevo ministro deberá decidir cómo se financia este mecanismo a partir de ahora. Puede cargarlo a la tarifa (a todos los consumidores), volver a intentar que recaiga sobre las empresas (aunque el Supremo ya lo ha anulado dos veces); que lo sufraguen los Presupuestos; o cambiar la Ley Eléctrica para tapar ese agujero con el superávit de tarifa, que acumula unos 1.000 millones de euros.
A Álvaro Nadal le va a tocar dialogar con la oposición para dar forma al nuevo bono social, que está incluido en la Ley del Sector Eléctrico. El bono supone una reducción del 25% sobre el coste del suministro de electricidad para ciertos colectivos. A junio de este año lo disfrutaban 2,43 millones de clientes eléctricos. De esa cifra, el 73,7% son primeras residencias con menos de 3 kilovatios contratados; el 13,2%, pensionistas que reciben prestaciones mínimas; el 8,9%, familias numerosas; y el 3,2%, hogares con todos sus miembros en paro.
Estos 2,43 millones de beneficiarios suponen en torno al 9,5% del total de consumidores y el 18% de los clientes que tienen el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada a la que se aplican los descuentos.
Descuento para rentas altas
Una de las grandes lagunas del bono social es que puede beneficiar a colectivos con rentas elevadas. Es el caso de los hogares con menos de 3 kilovatios contratados, que pueden corresponder a personas con un nivel socioeconómico desahogado, como una persona que viva sola. El que fuera ministro de Industria, Miguel Sebastián, llegó a reconocer en privado en su momento que él mismo lo disfrutaba.
El requisito de los 3 kilovatios propició que, picaresca mediante, muchos garajes y trasteros disfrutaran de este descuento sin tener derecho a ello. El número de beneficiarios llegó a superar los 3 millones de puntos de suministro, pero empezó a caer a partir de 2010 por el mayor control sobre este colectivo.
Tampoco hay criterio de renta en el caso de las familias numerosas, cuyo perfil socioeconómico es muy variable: una cuarta parte tiene ingresos mensuales superiores a los 3.000 euros, según un reciente estudio de la Fundación Vivo (un lobby de la Iglesia e importantes empresarios madrileños). Este es el colectivo de beneficiarios del bono social que más ha crecido en lo que va de año.
Entre enero y junio, otras 10.225 familias numerosas se han acogido a estos descuentos, lo que supone un 10% más. Lo disfrutan ya 216.911 familias numerosas, que representarían en torno al 38% de este colectivo, según las estadísticas oficiales. En el sector se tiene constancia de viviendas unifamiliares ubicadas en zonas de alto poder adquisitivo que disfrutan de este bono por su condición de familia numerosa.
El PSOE y Ciudadanos, los dos partidos que han permitido la investidura de Mariano Rajoy, son partidarios de excluir a las familias con rentas altas del bono social. Pero no parece que esté en la voluntad del Gobierno de Rajoy cambiar este sistema: en mayo de 2015, el Consejo de Ministros aprobó un Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-17 que contemplaba entre sus medidas la de “mantener y consolidar el bono social” de la luz para este colectivo.
No obstante, una reciente proposición no de ley pactada por PP, Ciudadanos y el PSOE recomienda al Gobierno que, “adicionalmente a los criterios existentes”, explore “la posibilidad de que puedan acceder al bono social eléctrico aquellos consumidores y familias en situación de vulnerabilidad que no superen un determinado umbral de capacidad económica”. Para fijar ese criterio, los servicios sociales de los Ayuntamientos deberían jugar un papel clave.
Las eléctricas venían financiando el bono social desde que Sebastián lo puso en marcha en julio de 2009, ante las fuertes subidas de la luz que se avecinaban. Primero lo sufragaban en solitario las cinco grandes del sector (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EdP y Viesgo), pero Iberdrola recurrió en el Supremo, que le dio la razón en 2012.
En 2014, el hermano del nuevo ministro puso en marcha el nuevo sistema, similar al anterior, con la diferencia de que extendía la obligación de financiar el bono a otras 18 empresas que también generan, distribuyen y comercializan energía. En cualquier caso, el reparto se quedó prácticamente igual y a las grandes eléctricas les tocaba financiar el 96% del bono: a Endesa le correspondía el 41% de esos 200 millones; a Iberdrola, casi el 38%; a Gas Natural, el 14,7%; a EDP, el 3,2%; a Viesgo, el 2,2% y el resto (en ningún caso más del 0,1%), a otras empresas.
Desde las eléctricas no se cuestiona la existencia del bono social, pero sí que tengan que pagarlo ellas y hacerse cargo de una política social que, en su opinión, deberían sufragar los Presupuestos. Suelen utilizar el símil de los billetes de avión subvencionados a las islas, que paga el Estado, y no las aerolíneas.