El conseller Lluís Recoder ha confirmado la entrega de la gestión del agua del área metropolitana de Barcelona a Acciona y ha firmado la propuesta de adjudicación al entender que su oferta ofrece un mejor precio del agua que la presentada por Agbar. El Govern ha defendido que el análisis de las dos propuestas se ha hecho de forma “objetiva, rigurosa y detallada”.
El Govern ya había informado quince días atrás que la propuesta de Acciona había obtenido una puntuación de 87,73 puntos frente a los 51,25 puntos de Agbar. Acciona ofreció una tarifa media del agua de 0,7088 euros por metro cúbico, a alcanzar en dos años, mientras que Agbar elevó la tarifa a 0,79 euros a aplicar desde el próximo año; actualmente el precio está en 0,64 euros, por lo que la concesión encarecerá el recibo un 10,7%.
Se trata de las dos únicas compañías que habían concurrido al concurso público licitado por la Generalitat para ceder la gestión de ATLL por 1.000 millones de euros a pagar durante medio siglo. El primer desembolso, a realizar en el momento de formalizar el contrato, asciende a 300 millones. El resto, se pagará en medio centenar de anualidades.
La ATLL lleva agua a las casas de cerca de 5 millones de personas del área metropolitana de Barcelona, y tiene entre sus principales activos la desalinizadora de El Prat de Llobregat (Barcelona), aunque el concurso público establece que todas las infraestructuras seguirán siendo propiedad de la Generalitat y tan solo se externaliza la gestión de las mismas.
De hecho, Acciona ha especificado que la concesión atañe tan solo al abastecimiento de agua en alta, eso es, desde la captación del recurso en origen -ríos Ter y Llobregat y desalinizadoras- hasta su entrega en los depósitos municipales a partir de los cuales la administración local o la compañía concesionaria distribuye el agua directamente a los consumidores.
El consorcio adjudicatario está liderado por Acciona, con una participación del 39%, y el banco de inversiones brasileño BTG Pascual, con otro 39%. Completan el grupo otras sociedades minoritarias que representan a inversores privados como Aigües de Catalunya., Gopa Consulting, Acacia ISP, Global Buridan, Global Lubbock y Gestió Catalana d'Aigües.
El presidente de Acciona Agua, Luis Castilla, indicó que la adjudicación supone un “orgullo y satisfacción” para la empresa, y se compromete a trabajar con la Agencia Catalana del Agua (ACA) para ofrecer el mejor servicio y aplicar las mejores soluciones tecnológicas en beneficio del ciclo del agua.
También ha concretado que el canon previsto es de 995,5 millones de euros, de los cuales 298,6 se aportarán con la firma del contrato y los restantes 696,8 millones en 50 anualidades.
El Govern ha recibido la autorización por parte del Gobierno para poder contabilizar en el balance de este año la operación completa, por lo que presumiblemente la Generalitat podrá sumar 1.000 millones de euros en el capítulo de ingresos de 2012, una fuerte inyección monetaria para el cumplimiento de los objetivos de déficit, a pesar de que 700 de estos millones se ingresarán paulatinamente durante el próximo medio siglo.
Fuentes de la Generalitat han concretado a Europa Press que Agbar tiene un plazo de quince días para presentar un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, aunque la previsión es que el contrato se materialice con la firma por parte de los interesados durante la segunda quincena de diciembre, para que Acciona empiece a operar desde el primer día de 2013.
Agbar recurrirá la decisión
Agbar ha anunciado que recurrirá la adjudicación de la gestión de la ATLL durante los próximos 50 años al consorcio de empresas encabezado por Acciona, ya que considera que su oferta “es la única viable”. La compañía catalana ha afirmado en un comunicado que intentará demostrar esta tesis “con todos los medios” a su alcance, y ha recordado que en el orden jurídico se han desarrollado recientemente mecanismos con el objeto de evitar abusos en la licitación pública.
Ha lamentado que “algunas empresas han generalizado el mecanismo de batir a sus competidores mediante bajas irreales” para obtener el contrato, con posteriores modificaciones contractuales, muchas veces presionando a la Administración concedente con retrasos o deficiencias en el servicio.
Agbar ha deplorado que el pliego de condiciones para la privatización de la ATLL “no otorgaba ninguna puntuación” a la innovación, el conocimiento, la experiencia, la profesionalidad, la voluntad de permanencia o el arraigo territorial en un ámbito tan sensible como es el del agua.