Marzo de 2020. El Gobierno decreta la cuarentena y el cierre de toda actividad no esencial para hacer frente a la pandemia. Para aliviar este frenazo del negocio de las empresas se establece un sistema de créditos avalados por el Estado, a través del ICO, con los que dotar de liquidez para afrontar los costes fijos que mantienen pese a no poder operar. Marzo de 2022. Muchas de estas empresas comienzan a ver que en las próximas semanas y meses vencen los periodos de carencia que fijaban aquellos contratos y que tienen que afrontar estos pagos. La activación de estas amortizaciones no podía llegar en peor momento: inflación muy elevada e incertidumbre para la economía por la crisis abierta por la invasión rusa de Ucrania.
El ICO estima que hay en torno a 380.000 empresas que tendrían que afrontar sus primeros pagos entre marzo y junio de este año. Son aquellas que ya ampliaron en su día el periodo de carencia, ante lo prolongado de la crisis económica causada con la pandemia. Ahora, todas ellas reciben un cierto alivio, por el momento en forma de anuncio.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, informó este miércoles en el Congreso novedades para las empresas. Las dos primeras hacen referencia a los que se acogieron a los préstamos ICO para hacer frente al impacto de la pandemia. El Ejecutivo anunció su intención de ampliar el periodo para devolver estos préstamos que, según la empresa, se encuentra actualmente entre los 5 y los 10 años. Además, avanzó que se negocia con el Banco de España extender por más tiempo el periodo de carencia de estos créditos. La tercera novedad supone, al amparo de las nuevas medidas de apoyo aprobadas por la Comisión Europea por la guerra en Ucrania, un nuevo programa de créditos avalados por el Estado para las empresas que estén sufriendo el impacto en su actividad.
Este anuncio lo ratificó un día después la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, al incluir este aspecto dentro del paquete de medidas acordadas con los transportistas con el fin de terminar con los paros que han provocado problemas en el abastecimiento del sector agroalimentario durante las últimas semanas.
Los bancos canalizaron en 2020 en torno a un millón de operaciones de créditos avalados por el Estado y dirigidos hacia las empresas, tanto pymes como grandes compañías. El ICO aseguraba un 80% del importe en el caso de las pymes y entre un 60% y un 70% para las empresas más grandes, a cambio de limitar el coste de estos préstamos para los clientes que los solicitaban. En total, estos créditos movilizaron 122.122 millones de euros, según los datos del Instituto de Crédito Oficial. De ese total, algo más del 75%, está respaldado por las arcas públicas, unos 92.700 millones de euros. El abanico de empresas que se acogieron a esta herramienta fue muy amplio e incluso llegó a una quincena de clubes de fútbol profesional, entre los que se encontraban Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.
En un primer momento, se les otorgó 12 meses de carencia. Un año en el que no tenían que abordar el pago del crédito. Las sucesivas olas de la pandemia obligaron al Gobierno en noviembre de 2020 a permitir a las empresas acogerse a una carencia más amplia, llegando a poder sumar un máximo de 12 meses extra. Se estima que son 380.000 operaciones las que se acogieron a esta ampliación y son las que tenían que asumir en las próximas semanas y meses la amortización de sus préstamos. Además, el plazo para devolver el dinero podía pasar de cinco a ocho años, dependiendo de los casos.
El resto, en torno a un 75% de las operaciones que suponen el 60% del capital que se concedió por esta vía en 2020, ya se activaron en los últimos meses. Es decir, son préstamos que ya se están devolviendo por parte de las empresas. Estos créditos, en su mayoría, corresponden a empresas que ya habían recuperado con mayor normalidad su actividad y, por tanto, se veían con capacidad para comenzar con la devolución.
Durante las presentaciones de resultados de los bancos del pasado mes de enero, los ejecutivos fueron informando de que el nivel de morosidad entre estos empresarios era bajo y, por tanto, no suponían un problema para los balances de los bancos. Si bien, cabe recordar, que la banca 'solo' se juega el 20% de la morosidad que pueda surgir de estos préstamos
El anuncio realizado por Calviño y la laetra pequeña todavía tiene que concretarse. La letra pequeña y el alcance de estas nuevas medidas debe concretarse en los próximos días. La vicepresidenta anunció su intención de incluir estas novedades en el Real Decreto Ley que el Gobierno prepara para el próximo martes, 29 de marzo, para aprobar las medidas para hacer frente a los problemas económicos provocados por el aumento de la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania. Para entonces se deberán aclarar qué empresas podrán acogerse a los nuevos ICO, qué cantidad se destinará a ello, y cómo podrán beneficiarse las compañías que ya tienen préstamos avalados por el Estado de las ampliaciones que pretende el Ejecutivo.
En la banca se ha recibido positivamente este anuncio por parte del Gobierno, pero el sector se encuentra a la espera de la concreción. Desde que se aprobaran en la primavera de 2020 estas ayudas a las empresas, los bancos no han escondido su satisfacción sobre cómo ha funcionado y con el mantenimiento de una parte importante de las empresas que sufrieron el impacto de la pandemia. Estos créditos, además, han supuesto para la banca retomar una línea de actividad, los créditos a las empresas, que en los años precios a la crisis sanitarias se encontraban a la baja. Y, además, con un riesgo muy contenido, ya que el Estado asume la mayor parte del potencial impago.
Fuentes del sector consultadas señalan que se sigue “de cerca” la cartera de préstamos ICO y que el comportamiento observado “sigue siendo positivo”. Si bien, se reconoce que todavía es pronto para valorar cómo reaccionarán las empresas cuyo plazo de carencia finaliza en las próximas semanas y meses. No obstante, se asume que la situación de elevados precios de la electricidad y de los combustibles puede tener un efecto sobre la capacidad que tienen para asumir los pagos.
Por ello, celebran que las empresas con más problemas puedan beneficiarse del nuevo sistema que prevé aprobar el Gobierno la próxima semana. Públicamente, los bancos todavía no han avanzado el impacto esperado en la morosidad. Sin embargo, los discursos de las juntas de accionistas que están celebrando durante estos días las principales entidades no esconden el temor a que la recuperación económica tras la pandemia se frene. Por ello, la consejera delegada de Bankinter señalaba este miércoles que “el banco ha decidido no liberar las provisiones extraordinarias realizadas en 2020 para prevenir el posible empeoramiento macroeconómico que pudiera producirse como consecuencia de la crisis geopolítica que estamos sufriendo. Hemos decidido mantenerlas en el balance a la espera de que se despeje totalmente el horizonte económico”.
A través de estos créditos, el Estado tiene avalados más de 13.600 millones en el sector del turismo, el ocio y la cultura, 10.000 millones en la construcción, y otros 8.000 millones en los servicios empresariales, profesionales y administrativos, según figura en la memoria del ICO actualizada a finales de febrero. Juntas, estas actividades suman una cuarta parte del total de los créditos concedidos con aval público.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.