La Fiscalía solicita penas que van de 14 a 23 años de prisión y multas que superan en algún caso los 86 millones de euros para el director comercial de la empresa pública de venta de armas Defex Manuel Iglesias Sarriá y otros dos procesados por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos de forma irregular en Camerún mediante el pago de comisiones ilícitas por cerca de 15 millones de euros a intermediarios, autoridades y funcionarios públicos del país africano.
Además, a petición del Ministerio Público también se sentarán en el banquillo, como personas jurídicas la propia Defex -a la que se le reclaman más de 113 millones de euros entre multas y decomisos, y las mercantiles Aresa Marine S.L y Deimos SL, subcontratas para las que también se reclaman cantidades millonarias por su responsabilidad penal en este asunto.
Todos ellos serán juzgados por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental en esta pieza del denominado 'caso Defex', que tiene pendiente la celebración de otros juicios por prácticas corruptas en otros lugares del planeta como Angola o Arabia Saudí.
La mayor pena, de 23 años de prisión, se solicita para Iglesias, a quien se le reclaman por multas y decomisos 86 millones de euros a los que habría que sumar otros 12 millones en concepto de indemnización a Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como responsable civil directo.
Igualmente, Anticorrupción pide 18 años de cárcel para el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque Ramírez, quien se enfrenta también a la reclamación de un pago de 53 millones entre multas y decomisos y a una tercera reclamación en concepto de responsable civil ante la Sepi de 1,4 millones. En el caso del presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López i Salvadó, Anticorrupción reclama 14 años de prisión, multas que superan los 51 millones de euros y una indemnización para la SEPI de 650.000 euros.
Esta es la segunda pieza separada de investigación sobre los contratos de Defex en el extranjero que el magistrado instructor José de La Mata ha propuesto enviar a juicio, después del pase a procedimiento abreviado de la relativa a una operación de venta irregular de armas superior a los 152 millones de euros en Angola.
El 'modus operandi' es similar en todos los casos: El pago de comisiones, dádivas y regalos a intermediarios y funcionarios públicos del país para asegurarse la adjudicación de contratos y en un contexto en que la compañía carecía de “cualquier sistema interno de organización, supervisión y control de las actuaciones de sus directivos que conllevaban un compromiso de ingreso o gasto económico para la mercantil pública”.
En este caso, se trata de los firmados en Camerún entre 2005 y 2013, cuando el agente comercial de Defex Philippe Bourcier, con la participación “principal y determinante” de Manuel Iglesias Sarriá como director comercial, hacía de intermediario para abonar las mordidas a través de siete empresas 'fantasma' con cuentas en Suiza, Reino Unido y la propia república africana a fin de conseguir los contratos. Se investigan un total de 5 por importe superior a 103 millones de euros.
Según la Fiscalía Anticorrupción, esta persona, que se encuentra fugada de la justicia, movía así el dinero tanto a su propio bolsillo como autoridades y funcionarios públicos de Camerún, y de otros países como Senegal, Gabón y Argelia, y lo ocultaba a través de contratos de prestación de servicios y de representación entre la empresa pública Defex y sus sociedades instrumentales.
El escrito destaca el papel “decisivo” que tuvo para la obtención y ejecución de los contratos públicos con las autoridades de Camerún el Contralmirante Pierre Njine Djonkam, “destinatario de regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética” para su mujer que Iglesias Sarriá definiría en un correo electrónico como “recauchutado”. Todo, a cuenta de la empresa pública, igual que las comisiones que se le pagaban a través de Bourcier o cualquiera de sus empresas.
Uno de los contratos fue para un servicio de vigilancia costera por 99,3 millones de euros, se aprobó en un acuerdo marco entre Iglesias-Sarria y el ministro Delegado de la Presidencia y responsable de la defensa de Camerún, Alain Mebe Ngo'o con la intermediación del mencionado contraalmirante, que es quien negoció la letra pequeña. Sólo en uno de los tramos del proyecto, Iglesias-Sarría habría acordado con Bourcier comisiones por encima de los 5 millones de euros.