Un juzgado de Madrid ha obligado a la empresa semipública de exportación de material militar Defex (que tiene al Estado como mayor accionista con el 51%) a readmitir a un exdirectivo imputado en la Operación Angola por un presunto fraude en una operación de venta de armas a ese país por importe de 152 millones de euros.
El directivo en cuestión es Manuel Iglesias Sarriá Fernández de Navarrete, exdirector de Operaciones de Defex. El pasado 1 de octubre, Defex procedió a darle de alta en la Seguridad Social, aunque su reincorporación efectiva no se produjo hasta el lunes 10 de octubre. A Iglesias prácticamente no le dio tiempo a encender el ordenador: ese día se le entregó la carta de despido, según fuentes al tanto del proceso.
Ingeniero de Telecomunicaciones y primo carnal del cantante Julio Iglesias (su padre era hermano del doctor Julio Iglesias Puga, alias Papuchi), Iglesias Sarriá llevaba trabajando en Defex desde 1990 y en enero de 2013 fue nombrado director de Operaciones, bajo dependencia directa del entonces presidente de la compañía, Fernando Aguilar Viyuela.
Aguilar, que es cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue presidente de Defex desde 2012 hasta mayo de 2015, cuando fue sustituido por el teniente general del Ejército Juan Carlos Villamía.
Con un salario mensual de 9.144,13 euros, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, más un bonus que en 2013 ascendió a 43.000 euros, Iglesias fue encarcelado en julio de 2014 junto a buena parte de la cúpula de Defex, imputado por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
El 3 de octubre de 2014, Iglesias salió en libertad bajo fianza de 50.000 euros y tres días después, el lunes 6 de octubre, se personaba en la empresa con la intención de reincorporarse a su puesto de trabajo con la categoría que tenía en el momento de ser detenido (alto directivo). Fuentes conocedoras del caso creen que su verdadera intención era cobrar la indemnización que le correspondería por sus 23 años de servicio en la empresa.
Defex se negó a readmitir a Iglesias y alegó que su relación laboral no estaba “extinguida sino suspendida por causa legal”, al amparo del artículo 45.1 del Estatuto de los Trabajadores, que regula como causa de suspensión de un contrato de trabajo “la privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria”. Una vez en libertad bajo fianza, Iglesias Sarriá denunció a la empresa solicitando, entre otras cosas, la declaración de nulidad del despido por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.
En noviembre pasado, Iglesias logró que la magistrada del Juzgado de lo Social Número 40 de Madrid, Yolanda Martínez Álvarez, condenase a Defex a readmitirle o indemnizarle con 423.179,4 euros por despido improcedente, según la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es
Defex presentó recurso de suplicación y, aunque consignó esa cantidad en el juzgado, pidió a la Audiencia Nacional que embargase esos 423.179,4 euros para que su exdirectivo no pudiera disponer de ellos. El pasado 12 de julio, la sección 3 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó en parte el recurso de Defex, aunque mantuvo la obligación de readmitirle reconociéndole sólo la indemnización que le correspondería por su etapa como alto directivo (desde enero de 2013 a julio de 2014): 15.339,64 euros.
Un directivo sin pasaporte
La empresa pública alegó que no podía readmitir a Iglesias Sarriá como directivo, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de Defex (dedicada al comercio exterior) y las restricciones que había fijado la Audiencia Nacional para ponerle en libertad, entre ellas, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
Iglesias, argumentó, “no podía desempeñar las tareas que eran propias del cargo que desempeñaba que le exigían desplazarse con frecuencia al extranjero”. Defex tenía constancia de 63 viajes de Iglesias como representante de la compañía entre 2009 y 2014, “de los cuales 13 son nacionales y el resto 50 son internacionales”, según la sentencia, ante la que cabe recurso.