El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado la comisión de cinco delitos a la empresa Defex SA, perteneciente a la SEPI y dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa, en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos de un contrato de 152 millones de euros destinado a equipar a la Policía Nacional de Angola, suscrito por una Unión Temporal de Empresas formada por la compañía pública y la comercial Cueto 92 S.A.
Ruz, que ha levantado el secreto de las actuaciones, imputa a Defex, como persona jurídica, la comisión de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Ha citado a declarar para el próximo día 7 de octubre al representante designado por la compañía, su actual presidente Fernando Aguilar Viyuela.
Además, declarará ese mismo día como persona jurídica imputada la comercial Cueto 92, que dispone de un plazo de tres días para designar a su representante. El magistrado, que ha levantado el secreto de las actuaciones, envió a prisión el pasado mes de julio al expresidente de la empresa, José Ignacio Encinas Charro, y otro cuatro detenidos, entre ellos Beatriz García Paesa, sobrina del ex colaborador del Ministerio del Interior Francisco Paesa.
TRANSFERENCIAS MILLONARIAS A LUXEMBURGO
En el auto en el decretaba las prisiones, el juez explicaba que la UTE Cueto-Defex transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente alguna. Los imputados “confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero”.
Como beneficiarios últimos del dinero figuran los propios acusados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola, indicaba. El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de Defex y Cueto imputados se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.
En el entramado participaba la sobrina de Paesa a la que el juez le atribuye la constitución y gestión de varias empresas radicadas en las Islas Vírgenes británicas, desde las cuales se recibían los fondos transferidos de forma fraudulenta.
La trama fue desarticulada a través de la bautizada como 'Operación Angora', en la que fueron detenidas una decena de personas. El resto de los arrestados quedaron en libertad con la imposición de fianzas y medidas cautelares que incluían la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencia en el juzgado cada semana.