Este año más de 65.000 hectáreas han sido calcinadas por el fuego, una superficie que supera a lo quemado a lo largo de 2014 y 2013. Al problema medioambiental hay que sumar un conflicto laboral: el que mantienen los cerca de 550 trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que cumplen ya cinco semanas de huelga indefinida para exigir a la empresa pública Tragsa, de la que dependen, mejoras en unas condiciones laborales que califican de precarias.
A pesar de su trabajo en primera línea de fuego, los trabajadores de las BRIF no tienen reconocida la categoría de bomberos forestales. Son peones, especialistas y capataces. “Ahora mismo, estamos al nivel de mozos de almacén o de un limpiador. Darnos esta nueva categoría supondría el reconocimiento de ciertas enfermedades laborales, de coeficientes reductores para la jubilación, tendríamos más formación...Es algo que sería bueno para nosotros y para el servicio”, explica Ernesto de Francisco, capataz en una base de Cuenca desde hace 16 años y miembro de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.
“La categoría de bombero forestal se ajusta al trabajo que se realiza. Es una brigada de élite y cobran menos que algunos retenes. Supondría, además, más formación y contarían con más conocimientos”, dice el responsable de la sección forestal de Fitag, Antonio Gómez. Las BRIF dan apoyo a los servicios de extinción autonómicos y hacen salidas para sofocar conatos de incendio.
Junto al reconocimiento de la categoría, la plantilla de las BRIF reivindica “salarios dignos”. Su sueldo mensual medio oscila entre los 850 y los 950 euros en función de si a su salario base añaden complementos como el de extinción o maquinaria. Por manejar una motosierra, por ejemplo, cobran un plus de ocho euros al día. Si en un mes lo hacen durante 21 días, añaden 168 euros a su sueldo. La subida salarial planteada por los sindicatos es del 30%: los trabajadores pasarían a cobrar entre 1.200 y 1.500 euros al mes. “No es ni el salario que deberían tener, pero al menos sería una aproximación”, señala el representante de UGT.
La empresa pública, que pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asegura que está sujeta a la normativa recogida en la Ley de Presupuestos, que impide subidas salariales para los trabajadores públicos, y ofrece un aumento del 7%. Asegura, además, que los sueldos medios son más elevados que los que aparecen en las cifras ofrecidas por los sindicatos: de hasta 19.956 euros anuales (unos 1.145 euros en 14 pagas) en el caso de los capataces y de hasta 17.752 euros (1.035 euros en 14 pagas). Pero esas son las cuantías máximas. Los sindicatos creen que es una cuestión de voluntad política y reclaman, al menos, un plan a futuro que les permita ir mejorando sus condiciones.
Estos trabajadores son, además, fijos discontinuos: actualmente trabajan once meses al año. “Siempre estamos expuestos a cómo vendrá el año, a expensas del tiempo que te tengan trabajando”, subraya Ernesto De Francisco.
Profesionalización
Sindicatos y asociación creen que en los últimos años el sector se ha profesionalizado y que las condiciones laborales deben acompañar esos cambios. Por eso, otra de sus reivindicaciones tiene que ver con la segunda actividad, es decir, que los trabajadores de más edad puedan dejar la primera línea de fuego y desempeñar otro trabajo. El responsable del sector forestal de Fitag asegura que, llegada una edad, muchos trabajadores no superan las pruebas y prescinden de ellos. “Hay muchos trabajos que pueden hacer y que tienen que ver con la prevención. Lo que no puede ser es que te juegues la vida durante treinta años y que cuando tienes sesenta te manden a la calle”, añade.
Tragsa, sin embargo, se resiste a reconocer la categoría de bombero forestal. Aduce que las funciones establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien adjudica a la empresa pública la encomienda de gestión, no se corresponden con las responsabilidades de un bombero. Los trabajadores discrepan y aseguran que una de las subcategorías de bombero forestal hace referencia precisamente a su trabajo. Reclaman, además, más formación que les permita abarcar nuevas competencias. Tragsa ha propuesto, de momento, cambiar la denominación de especialista por la de brigadista de extinción y prevención de incendios forestales.
Estos problemas laborales no son exclusivos de las BRIF: la mayoría de servicios regionales se encuentran en una situación similar y comparten reivindicaciones. Los sindicatos no descartan convocar una huelga general del sector en los próximos meses, un llamamiento que afectaría a unas 25.000 personas.