Como si de inversores que anhelan el último cuadro flamenco del siglo XVII descubierto, Telefónica, Orange y Vodafone participarán desde este martes en una largamente esperada subasta. Aunque en este caso no se trata de una codiciada pintura, ni se celebrará en Christie's o Sotheby's. Será el espectro radioeléctrico en el que se desarrollará gran parte de la oferta del 5G de los próximos años y la subasta la dirigirá el Ministerio de Asuntos Económicos. Pero la cifra resultante sí será millonaria. El precio de salida de las 'obras': 995 millones.
Finalmente, este 20 de julio se inicia en España la subasta del 5G, que ya se ha celebrado en otros países europeos y que llega con retraso y cierta controversia. En la operación, el Gobierno busca adjudicar la banda de 700 MHz que servirá como base para la gran parte de los servicios que esta nueva tecnología de conectividad ofrecerá al mercado, especialmente empresarial, pero también residencial. Liberar este espectro obligó el año pasado a todos los hogares a resintonizar la TDT, que se movió a otras frecuencias. En este caso, se espera una subasta más rápida que en otros países, como Alemania donde se prolongó durante meses, y el resultado final se podría conocer esta misma semana.
La subasta iba a celebrarse inicialmente el verano pasado. Era la fecha marcada desde hacía tiempo por el sector para pujar por estos paquetes de frecuencias. Pero, como en todo, la pandemia obligó a retrasar los planes. Tampoco llegó en el primer trimestre del año, cuando el Gobierno planteó como nueva fecha. Será finalmente desde este martes cuando se complete la subasta de los siete paquetes que serán adjudicados durante 20 años, prorrogables otros 20 años.
La fecha no ha sido la única que ha cambiado. También el precio. El Gobierno anunció inicialmente que el precio de salida de la subasta iba a ser de 1.170 millones de euros. Así figuraba en la consulta pública que se realizó sobre el proceso. Sin embargo, este precio provocó recurrentes quejas entre las operadoras que consideraban demasiado elevado ese importe inicial, ya que entendían que iba a encarecer más la factura final. En las conversaciones que se produjeron durante aquel trámite, el Ministerio acabó aceptando una rebaja del 15%, hasta los 995 millones de euros. Serán siete bloques que irán desde los 8,5 millones a los 350 millones de arranque.
Pero aunque el precio se bajó, finalmente solo tres compañías del sector han decidido participar en la subasta. Las tres grandes. Telefónica, Orange y Vodafone. Cabe recordar que el 5G ya es un servicio que se comercializa en el mercado, puesto que se han realizado previamente otras dos subastas menores. Una, se celebró en 2018 y otra, el pasado diciembre. Gracias a esta venta, distintas compañías han ido lanzando durante los últimos meses servicios de 5G para clientes con dispositivos compatibles.
No pujará MásMóvil. La compañía de los fondos KKR, Cinven y Providence se ha cimentado en la cuarta posición del sector y la reforzará en las próximas semanas cuando se haga con la quinta, Euskaltel. El grupo lanzó una opa por 2.000 millones por la compañía vasca, con fuerte implantación también en Galicia y Asturias. Pero no estará en esta subasta. El grupo entiende que ya tiene suficiente espectro —participó en la de 2018— para dar servicio a sus clientes y además consideró que el alto precio de salida de las pujas actuales no salía a cuenta.
Las que sí participarán, las tres grandes telecos, asumen distintos compromisos al participar en las subastas. Tienen la obligación de que el 5G llegue a unas 150 de las localidades más grandes de España. También ciertas infraestructuras estratégicas, como son los principales aeropuertos del país, puertos o autovías. Es decir, no se prima en esta fase todavía que el 5G llegue a todo el territorio sino a las principales poblaciones e infraestructuras, a partir de las cuales se irá desarrollando su implantación.
Sin embargo, esta situación, acompañada de otras de las exigencias del proceso ha levantado las críticas de las pequeñas operadoras, centradas en el mercado local y regional. Estas compañías, reunidas en la patronal Aotec, han presentado una denuncia frente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra los pliegos de la subasta del 5G en España. La asociación justificaba la demanda en que se estaba produciendo una “grave discriminación”, tanto territorial por “lo limitado del territorio en el que se exige que haya cobertura”; como para la competencia, que recibe “un duro golpe” puesto que entienden que deja fuera a las empresas en zonas rurales que no tendrán garantías de acceso a la conectividad móvil.
Estas compañías entienden que la subasta beneficia a los grandes operadores, al haberse restringido las obligaciones de ofrecer servicios para otras operadoras. “Los grandes operadores durante los últimos veinte años han abandonado a su suerte a los pequeños municipios en cuanto a telecomunicaciones”, señalan las pequeñas operadoras, apuntando que son ellas las que han desarrollado la llegada de la fibra óptica a las zonas menos pobladas.
Quejas de las grandes telecos
Las operadoras que sí participan en la subasta del 5G no llegan tampoco a las pujas en el mejor de sus momentos. Las tres grandes compañías del sector han sufrido durante los últimos tres años, desde la primera subasta, una creciente presión por parte de las pequeñas operadoras, que les han 'robado' cientos de miles de clientes mediante una importante guerra de precios en la que no han tenido más remedio que acabar participando con sus segundas y terceras marcas.
En el sector se estima que para poder implantar el 5G en España serán necesarias unas inversiones que rondarán los 5.000 millones de euros. Esta situación ha dado pie a las grandes telecos a hacer frente común —no solo en España, también a nivel Europeo— contra las normas de competencia. Estas compañías entienden que se ha incentivado que surjan pequeñas operadoras que compiten en precio y erosionan su base de ingresos, al tiempo que son las grandes las que deben acometer las inversiones en infraestructuras, como ocurre ahora en el caso del 5G. Por ello, han solicitado en repetidas ocasiones ayudas económicas y rebajas fiscales por participar en su desarrollo.
El Gobierno ha situado al 5G como una de sus banderas dentro del plan de digitalización de la economía. El Ministerio ha cifrado en 2.000 millones de euros la inversión necesaria para implantar en el país el 5G. Para financiar esta cantidad, el Ejecutivo tiene trazado dedicar 1.500 millones de euros del plan de ayudas europeas. “Se espera que la tecnología 5G tenga gran impacto en la economía y en la creación de empleo ya que permitirá desarrollar aplicaciones que cambiarán la manera en la que se producen, se distribuyen y se consumen los productos y los servicios”, señaló el Gobierno al anunciar la fecha para la subasta.