El Tribunal de Cuentas de la UE pone en cuestión su preparación para una posible crisis energética de la magnitud de la que atravesó el continente en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Por un lado, los auditores concluyen que “la arquitectura de seguridad del suministro de la UE sigue siendo incompleta” y, por otro, reconocen que no es fácil evaluar el impacto de la respuesta que se puso en marcha entonces porque las medidas se aplicaron cuando lo peor ya había pasado.
“Dada su dependencia del gas extranjero, la UE no puede mostrarse complaciente con la seguridad del suministro. Los consumidores no tienen ninguna garantía de asequibilidad si se produce una situación de severa escasez en el futuro”, señala João Leão, miembro del Tribunal de Cuentas al frente de la auditoría sobre la preparación energética de la UE.
La UE tiene una enorme dependencia energética de terceros países ya que importa el 80% de su gas natural. Los auditores advierten, además, de que se enfrenta a “nuevos retos” a la hora de garantizar el suministro a largo plazo, como “una mayor dependencia de las importaciones de gas natural licuado (GNL) y la necesidad de descarbonizar una parte de su consumo de gas”.
A pesar de la reforma del mercado eléctrico y de las medidas que se pusieron en marcha como respuesta a la crisis financiera (que en términos de ayudas y subvenciones supusieron un coste de 390.000 millones a los 27), los auditores de la UE cuestionan, por un lado, la efectividad del sistema en cuestiones como la asequibilidad de la energía y, por otro, ven complicado analizar la eficiencia de la respuesta desplegada dado que llegó tarde.
Así, se refieren al tope a los precios que se aprobó y que nunca ha llegado a activarse dado que, una vez que entró en vigor, nunca superaron los límites. En España, la denominada 'excepción ibérica', que se estableció mucho antes sí supuso un ahorro de en torno al 17% en lo peor de la crisis.
En el caso de las compras conjuntas de energía a través de la plataforma AggregateEU, sí ven un cierto interés entre las entidades gasísticas dado que, con los datos de 2023, participaron 180 entidades que presentaron una demanda de 54.000 millones de metros cúbicos de gas (el equivalente al 50% de la capacidad de almacenamiento de gas de la UE). “Sin embargo, no hemos podido determinar el valor añadido que aporta AggregateEU respecto a las plataformas de negociación del gas, ni el fallo de mercado que AggregateEU subsana, pues las diferencias de precios en los mercados de gas de la UE ocasionadas por la crisis ya se habían reducido sustancialmente en el momento en que se puso en marcha AggregateEU”, señala el informe, que reprocha la actitud de muchos estados miembros que “siguen siendo reacios a firmar acuerdos bilaterales de solidaridad”: “Algunos países de la UE incluso se plantearían cortar el suministro de gas a un vecino en respuesta a una emergencia”.
Los auditores también cuestionan que la reducción obligatoria del 15% del consumo de energía respondiera a las medidas implantadas por la UE, ya que recuerda que se había desplomado en un 10,4% para cuando entró en vigor “debido a los elevados precios”. “Aunque las medidas adoptadas por los Estados miembros contribuyeron a la reducción de la demanda, es difícil evaluar con certeza el impacto relativo de estas medidas en comparación con otros factores que escapan a su control. Por ejemplo, los hogares y las empresas respondieron tanto al aumento de los precios como a las campañas de información para ahorrar gas, mientras que la Comisión estima que una sexta parte de la caída de la demanda en el invierno de 2022-2023 se debió a temperaturas cálidas que dieron lugar a una menor demanda de gas para calefacción”, afirma la auditoría.
“Del mismo modo, la caída interanual del 18% de la demanda de la industria en 2022 se debió a una serie de factores como el cambio de combustible, las medidas de eficiencia energética y la destrucción de la demanda (los elevados precios del gas provocaron el cierre de la producción)”, agrega.
Una de las pegas fundamentales que pone el Tribunal de Cuentas respecto al futuro tiene que ver con los objetivos de captura de CO2, que en este momento se limita a 1,5 millones de toneladas al año frente a los 50 millones a los que se aspira en 2030 y los 450 millones, a mediados de siglo. “En comparación, las emisiones de CO2 de la UE procedentes del consumo de energía ascendieron a casi 2.400 millones de toneladas en 2022. La falta de avances en materia de captura, almacenamiento y utilización de carbono en este ámbito puede suponer un riesgo para la seguridad a largo plazo del suministro de gas de la UE”, concluyen los auditores.