Casi todos los gobiernos autonómicos han incumplido el compromiso de detallar planes de despliegue de autoconsumo en sus inmuebles, en el marco del plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno el año pasado en respuesta a la guerra en Ucrania.
En octubre, el Ministerio para la Transición Energética aprobó el Plan + Seguridad Energética, con el objetivo de recortar entre el 5% y el 13,5% el consumo de gas para cumplir los compromisos de España con la UE.
El plan de contingencia, un compendio de 73 medidas sin demasiada concreción, establecía que “antes del 1 de diciembre, las comunidades autónomas y las entidades locales publicarán sus respectivos planes de ahorro energético, despliegue de autoconsumo y actuaciones de ahorro y eficiencia”.
El pasado 23 de septiembre, Gobierno y regiones pactaron en la Conferencia Sectorial que los gobiernos autonómicos enviarían planes de ahorro energético y despliegue de renovables en el ámbito de sus competencias y en sus instalaciones.
Ese compromiso se acordó semanas después de la rebelión de algunas comunidades autónomas del PP (encabezadas por Madrid) contra las medidas aprobadas por el Gobierno central en agosto, como el apagado de escaparates en los comercios a las 10 de la noche.
En la web del ministerio no se recoge ningún plan de ahorro y eficiencia de las entidades locales, y los remitidos por las comunidades autónomas adolecen de gran falta de concreción en la mayoría de los casos.
Algunas de ellas han sido también las más rezagadas en la autorización ambiental de miles de megavatios (MW) renovables que debían estar tramitados antes del 25 de enero para no perder el punto de conexión a la red. El retraso en la tramitación puede desembocar en una catarata de demandas de los promotores invocando la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Catalunya, Balears y Andalucía son una excepción a esa falta de concreción generalizada sobre las inversiones en autoconsumo. Las tres anuncian en sus planes inversiones por importe de 350 millones para los próximos años en esta solución energética, que ha explotado en España en los últimos meses.
La más ambiciosa es Catalunya, que a finales del año pasado creó L'Energètica, su empresa pública de energía. El plan remitido al ministerio por el Govern promete instalar entre 2023 y 2027 “un mínimo de 142 MW de energía solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo en los edificios de la Generalitat”.
Esto supondría el 43% del objetivo global de 330 MW que Catalunya se ha marcado para 2030, “utilizando toda la superficie de cubierta técnicamente posible”.
Por su parte, Balears se remite al plan de autoconsumo aprobado el 3 de marzo, poco después de la invasión de Ucrania, para el periodo 2022-2026, que preveía una inversión de 91 millones para instalar hasta 60 MW de autoconsumo. El peso de las renovables en el consumo de la Administración pública balear pasaría así del 2,4% actual al 34,4%.
El plan del gobierno balear estima un abaratamiento de la factura de 13 millones al año gracias a esas instalaciones. Y recoge que a finales de 2022 había ya en marcha 83 MW de autoconsumo en el archipiélago más de 8.000 plantas de este tipo, “doblando las cifras anualmente y con un especial crecimiento en el sector residencial a lo largo del último año”.
El objetivo es “multiplicar esta modalidad de consumo hasta alcanzar los 295 MW en un escenario objetivo, en línea con lo establecido con la Hoja de Ruta de Autoconsumo del Estado para Balears”.
En el caso de Andalucía, que no comenta los planes de las comunidades autónomas, señala que “a expensas del detalle que se especificará en el Plan de despliegue de autoconsumo en redacción, requerido por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Plan +SE, se prevé la instalación de 30 MW de autoconsumo en los próximos 4 años”, con una inversión asociada de 50 millones.
La Junta calcula que esas instalaciones generarían anualmente 45 gigavatios hora (GWh), evitarían la emisión de 11.000 toneladas de CO2 y reducirían un 4% el consumo eléctrico de los suministros dependientes de entidades adheridas a la Red de Energía de la Administración General autonómica, cifrado en 2020 en 1.000 GWh. “Estas inversiones supondrán un ahorro de la factura eléctrica de 10 millones de euros anuales”.
Estas tres regiones son la excepción. En la mayoría de los casos se han remitido al ministerio, que no comenta este asunto, documentos muy genéricos, sin cifras ni objetivos. Destaca Castilla y León, cuyo gobierno, del PP y Vox, ha remitido un documento de seis páginas publicado el 10 de octubre en su diario oficial, sin ninguna cifra, más allá de prometer que “se impulsarán las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en todos los edificios que sean susceptibles técnica, medioambiental y económicamente”.
La Generalitat Valenciana también ha despachado el asunto con el envío del Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las renovables y el autoconsumo que aprobó en diciembre de 2016. Y Extremadura, con el Plan de Energía y Clima que la Junta aprobó en octubre de 2021, meses antes del estallido de la invasión Ucrania.
Aragón ha remitido un documento que recoge algunas inversiones en autoconsumo de varios departamentos del gobierno, con una potencia que no llega a 1 MW. No hay cifras globales ni objetivos concretos.
Castilla-La Mancha prometió en noviembre identificar “en el plazo de un mes” ubicaciones “que se aprecien óptimas para albergar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo”. El plan remitido al ministerio no aporta cifras ni objetivos.
Cantabria se propone contar con 500 instalaciones de autoconsumo registradas hasta junio. Habla de “intensificar el aprovechamiento” de las cubiertas de los edificios y marquesinas de las administraciones públicas para instalar autoconsumo e impulsar comunidades energéticas. Pero no aporta cifras de inversión o potencia.
El documento remitido por Galicia a Transición Ecológica indica que “se elaborará un plan de inversiones en instalaciones de autoconsumo eléctrico con tecnología fotovoltaica”, sin más detalles.
La Comunidad de Madrid promete medidas de “aprovechamiento de los recursos energéticos de origen renovable fomentando el autoconsumo en los edificios e infraestructuras del sector público regional”. No hay concreción más allá de algún proyecto piloto. Solo se aportan las cifras del plan solar 2021-2030 del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de la región.
Por su parte, Navarra solo detalla las inversiones en autoconsumo del Gobierno regional en 2022, cerca de un millón de euros, y cifra en 88 MW la potencia instalada en la región, con un crecimiento interanual del 46% en 2022.
Canarias tampoco precisa objetivos, pero sí indica que se van a definir este año a partir de un inventario de cubiertas y espacios públicos de Administración pública, con metas para 2023 y hasta 2026. El documento del gobierno insular subraya que el autoconsumo fotovoltaico “está experimentando un crecimiento exponencial en Canarias, habiéndose superado la barrera de las 7.000 instalaciones”, frente a las 300 de 2019.
El plan de La Rioja tampoco define objetivos, pero promete hacerlo y recoge la creación de una partida presupuestaria para autoconsumo en cada Consejería. “Antes de finalizar el primer trimestre de 2023” todas deberán haber realizado un estudio de la viabilidad de la instalación de autoconsumo en los edificios de más de 500 m2 adscritos a ellas. Y antes de 2024 “deberán implantarse las instalaciones donde sea viable”, indica el documento.
El plan de Asturias también promete elaborar un inventario de cubiertas y espacios públicos con potencial para instalación de autoconsumo que detalle cuánto deberá “estar instalado o licitado al finalizar el primer trimestre de 2023”, así como una previsión a cinco años vista.
Murcia promete instalar paneles solares “utilizando la superficie de terrazas que disponen los edificios públicos. Esto permitiría ahorrar entre un 50% y un 70% de la factura energética, que se ha visto incrementada en más de un 91% durante los primeros meses de este año”. El cálculo toma como referencia enero y febrero de 2022.
El pasado ejercicio, el autoconsumo duplicó su potencia instalada en un año en un contexto de precios récord de la luz y gracias a un marco legal y de ayudas muy favorable. Esta explosión va a llevar al Gobierno a poner en marcha un verdadero registro estatal de autoconsumo para no depender de las estimaciones de las empresas.
Como dijo hace unos días la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, “cuanto más autoconsumo haya, más eficiente tiene que ser la red de transporte”. Red Eléctrica necesita “tener información sobre cuánto autoconsumo se está implantando en la red” para gestionarla de forma adecuada, advirtió la exministra en una jornada sobre Energía organizada por El País.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.