El Gobierno prepara un cambio legal para tener mucho más actualizados los datos sobre la evolución del autoconsumo en España. Ante el apagón en la estadística oficial sobre el despliegue de esta tecnología, y en pleno boom del sector, el Ejecutivo va a obligar a las eléctricas a remitir datos sobre el número de instalaciones conectadas, al menos, de forma trimestral.
Esta solución energética ha vivido una explosión en 2022 en un contexto de altos precios de la luz y ha pulverizado las previsiones, al duplicarse la potencia instalada. Pero actualmente, no hay un registro público de autoconsumo con datos actualizados. Para pulsar su evolución hay que recurrir a las estimaciones que manejan las empresas del sector. Es la única referencia más o menos fiable.
Para remediar esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene pendiente publicar una resolución que deberá determinar los datos que van a tener que remitir al operador del sistema (Red Eléctrica), “al menos con carácter trimestral”, los gestores de las redes de transporte y distribución sobre las instalaciones de autoconsumo conectadas a las redes que gestionan. A su vez, “el operador del sistema remitirá esta información agregada a la Dirección General de Política Energética y Minas con carácter trimestral”.
La medida se incluyó en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, para la aplicación del “Plan + seguridad para tu energía (+SE)” para la reducción del consumo de gas. Esa norma reconocía que, como consecuencia del “enorme” boom de instalaciones de autoconsumo y el que se esperaba con las últimas medidas de impulso del Gobierno, se está “generando un cierto desacople entre los datos sobre el desarrollo del autoconsumo que maneja el propio sector y la información recogida en los registros oficiales”.
“Para evitar que estas discrepancias puedan llegar a suponer un riesgo para la operación del sistema eléctrico y la garantía de suministro”, se establecía una nueva obligación de información de los gestores de las redes al operador del sistema con el objetivo de “permitir identificar cada una de las instalaciones de autoconsumo”.
Para ello, la Dirección de Política Energética del Ministerio debe aprobar, a propuesta de Red Eléctrica, una resolución con los formatos para remitir esa información, con el objetivo de que sean homogéneos, de forma que los registros oficiales puedan estar actualizados.
Desfase enorme
Hasta ahora, no se ha publicado esa norma, que permitirá eliminar el enorme desfase entre la realidad y la estadística oficial. Este quedó patente en noviembre, en el Congreso de la patronal UNEF, cuando se expusieron los datos de autoconsumo que maneja Red Eléctrica a través del sistema SIMEL (Sistema de Información de Medidas Eléctricas) con la información que le envían las distribuidoras.
A cierre de septiembre, había registradas en ese sistema 140.000 instalaciones de autoconsumo, un 470% más que en enero de 2021. El 80% eran instalaciones en la modalidad de Excedentes con compensación. El 85% tenía menos de 100 kilovatios (kW) de potencia y el 70% no llegaba a 15 kW (hogares y pequeños negocios).
El problema es que esas 140.000 instalaciones sumaban una potencia de apenas 930 megavatios (MW), que es apenas un tercio de los 2.742 MW de autoconsumo que, según UNEF, había instalados ya a cierre de 2021. Y que no es ni una quinta parte de los cerca de 5.200 MW con los que, según las previsiones más optimistas de las patronales, se habría cerrado 2022.
El desfase es todavía mayor si se tienen en cuenta los datos que figuran en el Registro de Autoconsumo de Energía Eléctrica (RADNE) que depende del ministerio, y que se nutre de la información que le envían las comunidades autónomas. En él hay registradas apenas 24.500 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico que no suman ni 335 MW: quince veces menos que lo que se estima que existe en la actualidad.
Esa cifra equivale a la potencia de autoconsumo que, según las estimaciones de UNEF, que el ministerio da por buenas (y que Transición Ecológica ha utilizado para elaborar su hoja de ruta sobre el sector) había allá por 2017-2018. Ese último año, con la llegada de Pedro Sánchez, fue el de la eliminación del famoso impuesto al sol del gobierno de Mariano Rajoy.
Solo en 2022, y según los cálculos que manejan las patronales del sector, se instalaron en España hasta 2.500-2.700 MW de autoconsumo. Fue el mejor año de la historia de esta solución energética. Y varias asociaciones han trasmitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que la potencia podría duplicar en 2030 las previsiones más optimistas del Gobierno, de hasta 14 gigavatios (GW), recogidas en la Hoja de Ruta que aprobó a finales de 2021.
El Ejecutivo acaba de ampliar el rango para autoconsumir a un radio de 2 kilómetros entre el punto de generación y el de consumo, como reclamaba el sector, ampliando además el ámbito para el autoconsumo colectivo a suelo industrial o a pérgolas. Según los datos del sistema SIMEL de REE, hasta septiembre había en ese registro 208 instalaciones de autoconsumo colectivo, que agrupaban a 837 consumidores y suponían una potencia de 3,9 MW, un 0,4% del total del autoconsumo instalado.
La realidad de las cifras es otra en cualquier caso. El director de la asociación sectorial UNEF, José Donoso, cree “necesario contar con datos oficiales” mediante un registro que sea “fiable”. Pero advierte de que esta labor “tiene su dificultad” y ve complicado que aflore en el futuro en esa herramienta toda la información sobre la potencia instalada en autoconsumo, “al menos durante tiempo”.
Donoso subraya que los datos que viene presentando su asociación son resultado de “un trabajo serio y riguroso de recopilación de información”, basado en los datos de los agentes del mercado que se cruza con los registros de Aduanas.
En cualquier caso, solo con que se hubieran desplegado 2.000 MW nuevos de autoconsumo en 2022, supondría que “uno de cada tres paneles que se instaló en España el año pasado se puso en un tejado”, resume Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de la consulta Be Bartlet.
Este experto, ex director de Regulación y Estudios de UNEF, cree que la opción de que sean los distribuidores los que faciliten la información a REE, como recoge el decreto del Gobierno, es “la mejor”, dado que ministerio y comunidades autónomas han sido “incapaces durante más de 3 años de tener un registro operativo”.
Un decreto de 2019 regula ese registro estatal “simplificado” de Transición Ecológica, el RADNE, concebido según esa norma para “poder evaluar si se está logrando la implantación deseada, analizar los impactos en el sistema y para poder computar los efectos de una generación renovable en los planes integrados de energía y clima”. Esa norma emplazaba a la CNMC a “realizar un seguimiento de la implantación del autoconsumo y de sus potenciales efectos sobre la sostenibilidad del sistema eléctrico” y a remitir anualmente un informe al ministerio. Si alguna vez se ha elaborado, ese informe nunca se ha hecho público.
“REE necesita esa información porque afecta en sus estimaciones de demanda”, apunta Labanda, que recuerda que “la energía autoconsumida es menos energía que hay que producir y, por tanto, gestionar y estimar. REE como operador necesita tener una imagen fiel del autoconsumo desplegado y desde luego con el registro no es capaz”.
En opinión de Labanda, “lo que tendría que haber es un registro abierto como tienen algunas comunidades autónomas”, como Catalunya. En teoría, el proceso con el RADNE es que los gobiernos autonómicos registran las plantas y luego transmiten la información al registro central. Pero el resultado es que la información que recoge es una mínima parte de la realidad.
“La consecuencia es que dependes de las estimaciones de las asociaciones, que hacen lo que pueden, y menos mal que hacen el ejercicio; pero son todo menos un procedimiento robusto”, resume Labanda, que celebra que con los datos de REE se podrá tener “una imagen fiel” de la realidad del sector.