Las constructoras elevan sus exigencias para aceptar el plan de rescate de las autopistas

El tira y afloja entre Fomento y las nueve grandes constructoras propietarias de diez autopistas radiales en quiebra, para concretar una forma de dación en pago al Estado de estos activos tóxicos, parece no tener fin. La ministra Ana Pastor pareció apremiar en octubre a las constructoras morosas para que aceptaran entregar sus ruinosos activos a una sociedad de nueva creación que ya se conoce como el 'banco malo de las autopistas'.

Algunos medios solventes dijeron que Pastor les había conminado a cumplir con la cesión antes del 31 de octubre. Sin embargo, firmas como Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Acciona, Azvi, Isolux o Comsa se resisten y no están dispuestas a aceptar la que se ha definido como “una dación en pago, pero a lo bestia”, a no ser que antes se acepten sus condiciones.

La Sareb de las autopistas está pendiente de ser aprobada mediante Real Decreto, pero la propuesta de Fomento consiste en que esté participada al 80% por el Estado y al 20% por las concesionarias. Su plan de negocio se ha diseñado con un horizonte de 40 años. Se prevé que el tráfico de las radiales caiga hasta 2015 pero, a la vez, se estima que se recuperará en los siguientes ejercicios. El Gobierno planea rentabilizar la carga que ahora asume con esta nacionalización de activos tóxicos en base a volver a privatizar a partir de 2017 las radiales. Las autopistas malas serán empaquetadas junto a otras rentables de las que, en esas fechas, ya habrá caducado su concesión.

Como gran baza para forzar a las concesionarias a entregar a la Sareb de las autopistas las radiales en quiebra, Fomento tiene prácticamente cerrado un pacto con la banca acreedora, por el que las entidades financieras aceptan una quita en torno al 55% de los casi 4.000 millones que se la adeudan.

Las condiciones de las empresas

Las concesionarias, según su representación patronal, recuerdan que, en caso de que las constructoras no acepten el plan de Fomento y fuercen la quiebra, el Estado se vería obligado a afrontar su responsabilidad patrimonial sobre las autopistas. Con este as en la manga, las concesionarias se muestran dispuestas a transigir con la dación en pago de las quebradas, siempre que se acepten las siguientes condiciones.

Frente a la propuesta de Fomento de dar a las actuales concesionales el 20% de la nueva sociedad pública, las sociedades morosas exigen hasta el 49% del capital. La patronal Seopan presentó el invierno pasado al Gobierno un estudio elaborado por Deloitte en el que argumentaba por qué las constructoras debían recibir la mitad de las acciones del banco malo, que nacerá con un valor de 608 millones.

Fomento mantiene una posición dura en cuanto a las reclamaciones de las concesionarias por las cantidades que se les adeudan en concepto de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las radiales y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra. Pastor quiere liquidar este litigio con 350 millones, mientras que las empresas reclaman 1.200 millones.

En relación con estas deudas, la organización tuderechoasaber.es. logró hace unos meses que el Ministerio de Fomento hiciera públicos, por primera vez, los importes abonados a las grandes constructoras en concepto de “seguro de cambio de moneda” por la financiación internacional que tuvieron que buscar hace 30 años para construir autopistas. La cantidad entre 1977 y 2008 asciende a 4.773,62 millones de euros. Este importe fue considerado como una “subvención encubierta” a las constructoras.

Algunas concesionarias dudan

El plan del Gobierno para crear el banco malo de las autopistas excluye la posibilidad de que alguna de las diez radiales en dificultades pueda quedar al margen de la cesión. Pero las concesionarias quieren que las operaciones de dación se hagan de manera individualizada y voluntaria, de modo que podría darse el caso de que alguna permaneciera bajo el control privado. “Si todavía no se ha resuelto la cesión, es porque hay varias concesionarias que se lo están pensando”, aseguran fuentes de las patronales.

Fuentes cercanas al Ministerio de Fomento dijeron que las radiales “no van a dejar de recibir tráfico por mucho que se integren en el banco malo”. Señalaron en ese sentido que lo más normal es que la gestión la mantengan las antiguas concesionarias, “que para algo continuarán en el capital” de la nueva sociedad. Los representantes de las empresas han dicho que “están dispuestos a seguir en la gestión de las radiales, siempre que puedan negociar las condiciones”.

Las asociaciones de ingenieros temen que con la nueva propiedad pública de las autopistas, combinada con el mantenimiento de la antigua gestión privada, se van a profundizar o a implantar algunas de las exigencias que desde hace años viene reclamando este sector. A saber, que se amplíe la longitud de las radiales: de los 50 kilómetros a los 130 kilómetros. Los ingenieros citados aseguran que esta ampliación estaba considerada como posibilidad en los pliegos iniciales de adjudicación. Los concesionarios repiten que esta es una de las causas del fracaso de las radiales: “Alejan muy poco a sus usuarios de los tramos conflictivos de tráfico en los accesos a las grandes ciudades”.

Otra exigencia que ahora puede llevarse a efecto es la aprobación de un significativo aumento del límite de la velocidad máxima, lo que representa un atractivo adicional para un número importante de conductores.