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ACS se convierte en líder en sanciones por amañar contratos: 82,9 millones en tres años
116 millones de euros. Es el importe de los contratos públicos que se han adjudicado las integrantes del denominado cártel del AVE desmantelado hace dos meses por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde el pasado 27 de marzo. Ese día, el organismo anunció una millonaria multa (118,4 millones) para los 15 miembros de ese cártel y pidió que a 13 de esas sociedades (las que no colaboraron durante la instrucción del expediente) se les prohíba contratar con la Administración, en una decisión inédita hasta entonces en España.
“No cabe duda de que una conducta de concertación en las licitaciones como la que describen los hechos probados de esta resolución excluye cualquier nivel de exigencia de honorabilidad para contratar con la administración”, señaló entonces la sala de Competencia de la CNMC en la resolución en la que justificó su propuesta de veto. Este todavía hoy no ha entrado en vigor. La decisión depende de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Mientras, las empresas integrantes de ese cártel han seguido adjudicándose contratos: desde la construcción de un nuevo Centro de Proceso de Datos para el Banco de España (adjudicada a Cobra, filial de ACS, por más de 14 millones) a infraestructuras para el AVE a Francia, el Metro de Madrid o Aena, y simuladores militares para el Ministerio de Defensa (en el caso de Indra).
En total, y según los datos recopilados de la plataforma de contratación del Estado, desde el pasado 27 de marzo hasta este jueves, once sociedades que integraron ese cártel, pertenecientes a grupos como Elecnor, ACS, Abengoa, Indra, Sacyr, OHL y Comsa, han logrado 133 adjudicaciones de diferentes Administraciones públicas (a razón de 2,14 concursos por día) por un importe superior a los 116 millones de euros, aunque hay que tener en cuenta que una parte de esos contratos han sido para uniones temporales de empresas (UTEs) en las que en ocasiones participan otras empresas ajenas a ese cártel.
La cifra de adjudicaciones, que no incluye el IVA correspondiente, ya supera en cualquier caso la cuantía de las sanciones que recibieron las empresas multadas por la CNMC por repartirse entre 2002 y 2016 el mercado de la electrificación y el mantenimiento de la red ferroviaria. Lo hicieron a través de tres cárteles con los que, según el organismo, limitaban la entrada de nuevos competidores y limitaban las bajas en los contratos.
En total, las sanciones impuestas fueron de 102 millones, una vez descontadas las rebajas o exenciones aplicadas a Alstom y Siemens, que decidieron colaborar en la investigación. Las multadas han anunciado recursos en la Audiencia Nacional para intentar anular las sanciones por la vía contencioso-administrativa.
El cómputo de contratos adjudicados solo tiene en cuenta los obtenidos por las filiales sancionadas por la CNMC cuyo veto pidió el súperregulador; no sus matrices ni otras empresas de esos grupos. Tampoco se computan las adjudicaciones recibidas por Alstom y Siemens, a las que Competencia no pidió vetar como contratistas del sector público porque se acogieron al denominado programa de Clemencia del organismo, que otorga reducciones o exenciones de las sanciones a las empresas que participan en un cártel y deciden destapar su existencia.
Nobleza a la cabeza
Respecto al reparto de esos 116 millones, a la cabeza está la ingeniería Elecnor, controlada por varias familias de la nobleza vasca y sevillana, con 82 adjudicaciones en estos dos meses por un importe global de 41,3 millones. A continuación está Neopul (filial de Sacyr), con un contrato en UTE con otras dos empresas no pertenecientes a ese cártel por un importe de 35,5 millones. Se trata del de mayor importe y fue adjudicado el 26 de abril por Adif, principal perjudicada del cártel del AVE.
A principios de abril, la empresa estatal anunció que cambiará los pliegos de sus licitaciones para que, en caso de probarse “cualquier tipo de fraude” en ellas, las firmas que lo cometan respondan por “daños y perjuicios” con multas que podrán suponer hasta el 50% del importe total del proyecto.
Por su parte, las cuatro filiales de ACS que fueron sancionadas en marzo se han adjudicado desde el anuncio de la resolución de la CNMC un total de 23 contratos por un importe global de 20,8 millones. La constructora de Florentino Pérez recibió 51 millones en multas por participar en ese cártel. Se convirtió así en líder sanciones de la CNMC por amañar contratos.
A continuación figura Indra Sistemas, con 23 contratos (principalmente para el Ministerio de Defensa) por importe de 10,7 millones; Inabensa, filial de Abengoa, con tres contratos por importe de 5,8 millones, de los que la mayor corresponde a la instalación de una catenaria en la línea 4 del Metro de Madrid que se adjudicó en UTE con las empresas EYM (de OHL) y Comsa, ambas sancionadas también por formar parte de ese cártel. El cuarto miembro de la UTE es Lantania, heredera de la extinta Isolux, que también participó en el cártel del AVE.
En el tejado de Hacienda
La decisión sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar para estas empresas, que la CNMC propuso a un mes de la celebración de las elecciones generales (después llegaron las locales, autonómicas y europeas del pasado domingo), corresponde a la ministra de Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Ese órgano consultivo todavía no se ha pronunciado porque, según asegura una portavoz del ministerio por correo electrónico, “sigue a la espera de la comunicación que debe emitir la CNMC sobre este asunto”. Por su parte, en Competencia dicen estar “a la espera” de que la junta les convoque.
Un experto en contratación pública califica gráficamente la decisión que tiene que tomar Hacienda como “un enorme marrón”, ya que implicaría vetar el acceso a las licitaciones públicas a empresas nacionales que tienen decenas de miles de empleados en España. Paradójicamente, apuntan en el sector, un veto como el que ha planteado la CNMC puede implicar ceder a dos multinacionales extranjeras (Alstom y Siemens) el monopolio del negocio de los concursos públicos de infraestructura ferroviaria.
Hay quien asegura que el daño reputacional que ha implicado la resolución de la CNMC ya está penalizando a varias de estas empresas en sus licitaciones internacionales. Las compañías lo niegan.