Tras romper el hielo con la intervención de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Hacienda ha vuelto a aplicar en el Ayuntamiento de Madrid uno de los correctivos más contundentes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el primer caso se alegó para la intervención –que acabó siendo completa en plena escalada de las tensiones– que el referéndum independentista podía dañar las cuentas públicas catalanas.
En cuanto a Madrid, cuya intervención de momento se concreta de manera más suave, con un control semanal de las cuentas, el motivo esgrimido ha sido el incumplimiento “reiterado” de la regla de gasto. Ésta impide a las administraciones aumentar los desembolsos públicos más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española (que este año está en el 2,1%).
Otros grandes ayuntamientos (Valencia, Bilbao, Córdoba y Gijón) incumplirán esta regla en 2017 según la AIReF, el organismo que se encarga de velar por la buena marcha de las cuentas públicas. Además, Palma de Mallorca no accedió a proporcionar los datos necesarios, aunque el organismo ya presupone que no respetará la norma. Por su parte, Murcia está pendiente de aprobar el plan económico y financiero después de incumplir los propósitos de 2016, y Barcelona y Zaragoza no cumplirán con el Objetivo de Estabilidad (deuda del 2,9% del PIB).
En total, tras años de ajustarse el cinturón, este ejercicio más de la mitad de grandes ayuntamientos del país (los que superan los 250.000 habitantes) se declararán en rebeldía con las reglas fiscales impuestas por Montoro.
Pero fuentes de Hacienda distinguen del ejemplo madrileño la situación de los consistorios de todas estas ciudades, gobernadas por partidos heterogéneos. Según afirman, estos ayuntamientos entregan a Hacienda planes económico-financieros (PEF) “que van evolucionando”. Afirman que no hay parangón en el rechazo de cada uno de los planes económicos presentados, como en el caso de Carmena.
La queja de Montoro es que el equipo de gobierno de Madrid incumple con alevosía la norma que impide a los ayuntamientos y diputaciones incrementar la inversión a pesar de que cierren sus cuentas con superávit. Obligatoriamente el remanente de tesorería debe emplearse en amortizar deudas e impide a estos gobiernos apostar por unos presupuestos expansivos.
Las intervenciones del Ministerio de Hacienda por incumplimiento de un precepto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria pueden afectar también a las comunidades autónomas que superen durante dos meses los 60 días de plazo medio de pago a provedores.
Según el último informe de Hacienda, en Murcia la media es de 63 días y en Valencia, se acerca a los 57 días. Las comunidades alegan que arrastran problemas de infrafinanciación. De momento de difícil solución mientras sigue sin activarse la reforma de la financiación autonómica.