Las entidades financieras están engordando sus huchas para hacer frente a las reclamaciones judiciales que tienen por delante vinculadas a las hipotecas. Por un lado, por los gastos abusivos en los contratos. Por otro, por las cláusulas suelo. Así lo reflejan sus informes financieros de los últimos meses.
No lo están haciendo todas, pero sí la mayoría. Las últimas memorias semestrales publicadas por bancos como Caixabank, Santander, Banca March, Abanca, Kutxabank o Ibercaja recogen que están incrementando sus provisiones para hacer frente a esas cuestiones legales ligadas a la concesión de préstamos para la compra de viviendas. En cambio, otras entidades, como BBVA o Sabadell, no dan detalles sobre ahorros específicos para esta materia, aunque sí reflejen incrementos en las provisiones por temas judiciales.
De hecho, esa disparidad es una de las características de este tipo de información financiera, porque cada entidad presenta los datos y las argumentaciones sobre los mismos de una forma diferente, con más o menos concreción. Eso impide realizar una foto completa, en conjunto, que refleje qué provisiones tiene toda la banca para hacer frente a demandas por hipotecas o saber qué expectativas tienen para todos estos procesos.
De entrada, la banca tiene dos grandes vías judiciales abiertas en materia hipotecaria. Por un lado, la de los gastos abusivos en hipotecas firmadas entre 2024 y 2006. En enero de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que la legislación española que impone la prescripción de las reclamaciones (cinco años a escala estatal y 10 en Catalunya) es contraria al derecho comunitario.
Sobre esta cuestión, los jueces del tribunal europeo consideraron que no se podía fijar un plazo límite –a partir del momento en el que se paga el último recibo– si los clientes no conocían que sus contratos contenían aspectos abusivos.
Por otro lado está el tema de las cláusulas suelo, con las que los bancos blindaron sus hipotecas ante cambios de los tipos de interés y que llevan más de una década sin acabar de resolverse. En 2015, el Tribunal Supremo ya dictaminó que las entidades tenían que devolver todo lo que cobraron de más. Y, este verano, el TJUE ha avalado las demandas colectivas contra los bancos por este tipo de cláusulas.
Cada banco desglosa de forma diferente la información sobre estas provisiones por litigios hipotecarios. Por ejemplo, Ibercaja separa cuánto tiene reservado por cada uno de los frentes y en qué medida han cambiado ambos. En el caso de las cláusulas suelo, esas provisiones se han reducido ligeramente. El 30 de junio contaba para esos litigios con un colchón de 10 millones, cuando en diciembre era 10,4 millones de euros. En cambio, para los pleitos por los gastos hipotecarios, prácticamente ha duplicado esa dotación que supera los 12 millones de euros al concluir la primera mitad de 2024, cuando seis meses antes eran 6,6 millones.
Esta entidad también entra a valorar en su última información financiera las últimas sentencias en el tema de los gastos hipotecarios. Asegura, sobre la última resolución del TJUE, que “no cabe presumir que una determinada cláusula contractual es abusiva, pues tal calificación puede depender de las circunstancias específicas de la celebración de cada contrato y, especialmente, de la información concreta que cada profesional haya proporcionado a cada consumidor”.
Otros bancos señalan que los temas hipotecarios están detrás del aumento de sus dotaciones legales, pero no entran al detalle. Es el caso de Abanca. En seis meses, sus provisiones por cuestiones procesales han pasado de 11,7 a 28,3 millones. En el informe del primer semestre argumenta que esa cifra “incluye, básicamente, las provisiones constituidas por el grupo para cubrir otros pasivos, ciertos o contingentes, de carácter específico, relacionados con las contingencias masivas sectoriales de temática hipotecaria”.
Algo similar ocurre con Kutxabank que el último 31 de diciembre tenía reservado para esta materia 186,5 millones de euros y este 30 de junio casi duplicó esa cifra, hasta los 332,29 millones. “Durante el semestre ha habido distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo referentes a las reclamaciones por gastos hipotecarios o cláusulas suelo, lo que ha llevado al Grupo a reforzar las provisiones constituidas para reclamaciones presentes y futuras”, resume en la información financiera que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Hay más entidades que dan información, aunque sea parcial. En ese mismo semestre, Caixabank ha aumentado de 73,5 a 79 millones de euros las provisiones por litigios de gastos hipotecarios. Y menciona que, el 14 de junio de este año, el Tribunal Supremo, estableció que “el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos, salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva”.
Mientras, Santander solo da detalles de las dotaciones por los pleitos por las cláusulas suelo, que heredó por la compra de Banco Popular. Al cierre del primer semestre del año, recoge que “la potencial pérdida residual asociada a procedimientos judiciales en curso se estima en 53,67 millones de euros cubierta íntegramente con provisiones”. En diciembre, por este mismo motivo, reflejaba 52,6 millones.
Sobre las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios, también Banca March desglosa un incremento en uno de los últimos documentos que ha enviado a la CNMV. En su caso, se refiere al conjunto del año 2023. Asegura que, durante ese ejercicio, “se ha producido un aumento”, de algo más de 2 millones de euros, respecto al 31 de diciembre de 2022. Lo que supone un incremento de fondos del 130,7%. “Se debe, principalmente, a la constitución de determinados fondos por litigios que representan su mejor estimación de los posibles flujos de caja que podrían producirse, sin ser ninguno de ellos, significativo a nivel individual”. Concluye que, de los 3,59 millones de euros de provisión constituida, 3,2 millones corresponden a litigios por cláusulas suelo y gastos hipotecarios.
Hay otras entidades que dan cifras sobre sus dotaciones por temas legales, pero sin desglosarlas, aunque hayan aumentado. BBVA contaba a 30 de junio con 773 millones provisionados para cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes. En diciembre eran 696 millones. Sí desglosa que, de esos 773 millones, 612 corresponden a contingencias legales y 160 millones de euros a contingencias fiscales.
Sabadell, el banco sobre el que BBVA lanzó una oferta de compra (OPA) la pasada primavera, solo apunta que tiene reservadas para estas cuestiones 69,2 millones al cierre del primer semestre. Al finalizar 2023 esa cifra se quedaba en 60,5 millones de euros. Lo mismo sucede con Cajamar, que en lo que va de este año ha elevado esa hucha para “diferentes procedimientos judiciales” de 25,79 a 29,13 millones, pero no especifica nada más.
Mientras, Bankinter y Unicaja, que tampoco desglosan, han rebajado esa dotación para pleitos. El primero, de 346 a 327 millones, en este último semestre. Y, Unicaja, de 114,2 a 62,7 millones de euros, según cifra en su información financiera.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.