Hubo un tiempo, allá por 2013, en que casi 14 de cada 100 euros del dinero que los bancos tenía en préstamos tenía impagos. Era el pico de la crisis financiera, con altas tasas de paro y familias y empresas muy endeudadas tras años de mucha financiación, especialmente hipotecaria por la burbuja inmobiliaria. El estallido de la pandemia, aunque con menos deuda en la economía, hizo temer una vuelta a las altas tasas de morosidad, lo que habría supuesto un quebradero para clientes pero también para los bancos. Tras ello, sin solución de continuidad, llegó la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Sin embargo, los últimos datos muestran un sector que ha esquivado por el momento esta bala.
El Banco de España publica mensualmente las estadísticas de morosidad del sector financiero. Los datos se refieren a los préstamos dudosos, el término que se utiliza en el sector para referirse al nivel de préstamos que acumulan 90 días de retraso en la devolución del principal o los intereses. Según esta estadística, la banca terminó el mes de noviembre, último con los registros publicados, con una morosidad del 3,6%. Hay que remontarse hasta diciembre de 2008, justo al borde del precipicio de la crisis económica, para encontrarse un nivel más bajo.
De confirmarse esta inercia durante el año 2023, la banca saldría de otra crisis con la cuarta parte de morosidad de la que alcanzó en la crisis financiera. Medidas como los ERTE, las ayudas a autónomos, los créditos con periodos de carencia avalados por el Estado y otras medidas que han mantenido los ingresos de una parte de la economía afectada por la pandemia fueron señalados repetidamente por organismos como el Banco de España como vías para evitar que la crisis se tradujera en un aumento de la morosidad. Incluso en 2020, cuando el PIB tuvo la mayor caída desde la pasada crisis financiera, superando el 10%, los impagos cerraron a la baja.
Tampoco la crisis provocada por la guerra de Ucrania y la inflación ha tenido efecto, al menos por el momento, en los créditos dudosos. A falta de conocer el dato del último mes del año, el ejercicio ha seguido manteniendo una tendencia a la baja, con un recorte de más de medio punto.
Si bien, en el sector hay diferencias entre las distintas entidades que operan en él. Por un lado se encuentran las entidades de depósito, la banca más tradicional que toma dinero de clientes y concede préstamos. Por otro, las Entidades Financieras de Crédito (EFC). Son las compañías financieras que tienen sectores como la automoción o la telefonía y aquellas que se dedican a dar créditos, especialmente al consumo, sin tomar dinero de sus clientes en forma de depósitos. Estas segundas sí han visto en estos tres años un aumento de la morosidad. En el sector se entiende que los créditos hipotecarios son los últimos en caer en impagos, mientras que los vinculados al consumo tienden a tener mayor morosidad.
Así lo muestran las estadísticas del Banco de España, mientras los bancos han mantenido una tendencia bajista en los últimos años, las EFC tienen actualmente más morosidad que antes del comienzo de la pandemia. Su tasa es del 6,4%, casi tres puntos más que las entidades de depósito, frente al 6% que tenían antes del estallido de la crisis sanitaria. Además, en los últimos meses del año se ha producido un aumento, yendo en contra de la inercia en el conjunto del sector financiero.
El Banco de España y otros supervisores europeos han advertido del mayor riesgo que tienen los créditos al consumo, uno de los principales negocios de los EFC. Sin embargo, este negocio creció mucho antes de la pandemia y justo con la recuperación económica tras el coronavirus. Los datos muestran el diferente comportamiento de estas entidades respecto a la evolución de los préstamos dudosos.
En cualquiera de los casos, la evolución de la morosidad ha sido muy distinta respecto a la crisis del 2008 y los ejercicios siguientes. En apenas cinco años pasó del 3,3% al 13,8% y rebajarlo hasta niveles similares ha costado casi una década.
Respecto a ambas crisis, también ha habido un cambio respecto al tratamiento normativo que tienen. El descalabro financiero de 2008 obligó a los reguladores y supervisores a imponer normas más estrictas a los bancos para protegerse de las potenciales pérdidas por morosidad. De hecho, en los últimos dos años se ha comenzado a hablar de un término menos utilizado como el de la “vigilancia especial”. Se trata de un estado previo a la morosidad, pero con potencial riesgo de impago. El Banco de España analiza la evolución de estos préstamos y en 2021 llegó a cifrar en 100.000 millones de euros los créditos en esta situación.
Estas exigencias para preservar la estabilidad financiera se tradujeron en 2020 en un gran colchón por parte de los bancos de provisiones, dinero que se reserva para cubrir futuras pérdidas incluso antes de que aparezca la morosidad. Sin embargo, casi tres años después estas provisiones no se han terminado activando de manera generalizada.
Evolución mejor de lo esperado
Desde finales de 2021, el tono en el sector respecto a la situación de la morosidad fue pasando de la cautela hacia el optimismo. Así se ha constatado en las últimas semanas, a medida que se ha confirmado que los augurios de la pandemia no se han confirmado y el impacto de la inflación todavía no se ha notado. Esta misma semana, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés), José Manuel Campa, reconocía en Madrid que las previsiones sobre la morosidad que hicieron los supervisores no se han terminado plasmando. “Decíamos que iba a subir la morosidad y nos hemos equivocado. Estoy contento de haberme equivocado”, aseguró Campa. “No se produjo gracias a las políticas económicas y fiscales espectaculares, adecuadas para el momento”, aseguró Campa.
Pese a que el ambiente en el sector es muy distinto y se reconoce que las previsiones fueron peores que la realidad, los supervisores mantienen su papel de exigir prudencia a las entidades. Así lo apuntaba Campa, quien pidió a los bancos ser “prudentes estando donde estamos”. O el Banco de España, que desde comienzo de otoño ha pedido a los bancos en repetidas ocasiones que mantengan un aumento de las provisiones por los posibles efectos en la economía de la inflación. Este mismo mes de enero, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha reclamado a los bancos que eviten el reparto masivo de dividendos y dediquen “el incremento de los beneficios que se están produciendo en el corto plazo para aumentar su capacidad de resistencia”.
Este discurso, en el que el optimismo de los bancos convive con la prudencia obligada por los supervisores, se traduce en las presentaciones de resultados de las grandes entidades durante los últimos días. El último de ellos ha sido Banco Sabadell, quien presentó este jueves sus cuentas de 2022 con un aumento del 62% en los beneficios. “Estamos viendo un comportamiento que a todos nos sorprende, todos anticipábamos una situación peor”, aseguró César González Bueno, consejero delegado del grupo. La dirección financiera de esta entidad señala que para este curso se espera un “ligero aumento de la morosidad”.