Estamos en periodo pre–electoral, a poco más de un año de los comicios autonómicos, municipales y europeos, y el Gobierno está abriendo la mano tras años de recortes. Mientras se multiplican las movilizaciones en la calle y las encuestas se le ponen cuesta arriba al PP, se van deslizando promesas como la subida de las pensiones mínimas y se llega a importantes acuerdos como el de la subida del sueldo de los funcionarios. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo definía hace un año como “zanahorias”. Medidas que además estarán acompañadas de una probable reducción de los impuestos a medida que se acercan las elecciones generales. Hoy mismo se ha anunciado la intención de eximir del pago del IRPF a los pensionistas que ganen menos de 17.000 euros anuales.
En este escenario, el Banco de España, de manera sutil y sin citar a ningún colectivo, ha lanzado hoy una advertencia: “Algunos anuncios recientes sugieren la posibilidad de que se observe una relajación de los esfuerzos de consolidación presupuestaria. Aunque ello tendría efectos expansivos a corto plazo, en un horizonte temporal más dilatado agravaría la vulnerabilidad de la economía ante eventuales perturbaciones adversas, dado el elevado endeudamiento público y la necesidad de acometer un proceso de reducción notable de la deuda pública a medio plazo”.
De este modo, prevén un efecto positivo a corto plazo de relajar la austeridad, al favorecer el consumo. Pero a medio plazo, las tornas podrían cambiar. El principal motivo que alega la entidad supervisora para lanzar esta amenaza es el “elevado endeudamiento público” y “la necesidad de acometer un proceso de reducción notable de la deuda pública a medio plazo”. Según los últimos datos, esta deuda es del 98,14% del PIB, y ha alcanzado un nuevo máximo al subir en 1.184 millones en enero.
Sobre la subida de sueldo a los funcionarios, fuentes del Banco de España han advertido de que solo deberían permitirse si al mismo tiempo se cumplen los objetivos de déficit, o si se compensan con recortes de gasto o subidas de impuestos. Es decir, como es lógico, si las medidas de mayor gasto no se compensan con mayores ingresos, el déficit resultante será peor. En su opinión, deben aprovecharse los periodos de bonanza para cumplir con los objetivos macroeconómicos.
En concreto, el Banco de España cree que España incumplirá hasta 2020 sus objetivos de déficit y que este año se situará en el 2,5%, tres décimas por encima del objetivo, tanto si se prorrogan los Presupuestos del año pasado como si las nuevas cuentas públicas adoptan un tono más expansivo. El organismo cree que la retribución de los funcionarios no podrá incorporar las alzas adicionales ligadas al crecimiento económico y que por tanto será del 1,75% este año, del 2,25% en 2019 y del 2% en 2020, informa Europa Press, según el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
En cuanto a las pensiones, consideran que si se quieren subir por encima del 0,25% marcado por el real decreto de revalorización vigente, deben mejorarse los ingresos.
En todo caso, la entidad afirma que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año en el momento de elaboración de sus previsiones implica una “elevada incertidumbre” sobre el tono final de la política fiscal.
“Esta hipotética relajación generaría un tono de la política presupuestaria más expansivo que (...) retrasaría la reducción del déficit público en términos estructurales y ralentizaría el proceso de disminución de la ratio de deuda pública, que resulta necesario para mitigar la vulnerabilidad de la economía y recuperar la capacidad estabilizadora del presupuesto público ante eventuales perturbaciones adversas”, dice el Banco de España.
Catalunya: se sobrevaloró el riesgo
La entidad ha presentado sus proyecciones macroeconómicas de la
economía española 2018-2020, en las que muestra su optimismo para la primera parte del periodo, aunque se muestra más cauteloso respecto a lo que pueda pasar al final del mismo. El banco del que es gobernador Luis María Linde eleva sus previsiones de crecimiento del PIB, entre otras cosas porque cree que en diciembre pasado sobrevaloró los riesgos de la crisis catalana sobre la economía española.
Así, se prevé que, tras crecer un 3,1% en 2017, el PIB aumente un 2,7% en 2018, un 2,3% en 2019 y un 2,1% en 2020. En comparación con las proyecciones anteriores, el crecimiento del PIB se revisa al alza en tres, dos y una décimas en cada uno de los tres años.
Sobre Catalunya, apuntan que “aunque se ha percibido recientemente un cierto descenso de la incertidumbre, no se puede descartar un rebrote de las tensiones, que impactaría negativamente sobre la confianza y la actividad”, sobre todo en esta comunidad autónoma. Hoy por hoy, creen que en el próximo trienio se mantendrá la disminución de la incertidumbre política relacionada con la situación catalana.
Sobre los riesgos externos, destacan a medio plazo las posibles consecuencias del proceso de eliminación de estímulos de la economía estadounidense y una eventual intensificación en la aplicación de medidas proteccionistas. También la indefinición acerca del marco final de relaciones que adoptarán el Reino Unido y la Unión Europea y a la formación de gobierno en Italia, tras las últimas elecciones del mes de marzo.