La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha acudido este martes a la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados. Su intervención inicia las negociaciones para la inminente reforma del sistema de pensiones. Báñez ha defendido la gestión de su equipo en los últimos años y ha culpado a la destrucción de empleo del déficit que arrastra el sistema y que ha puesto el foco sobre el principal problema en el sistema actual: cómo financiar estas prestaciones y cómo mejorar los ingresos.
La ministra ha lanzado varias propuestas, no muchas y no muy concretas, para mejorar los números de la Seguridad Social. La más clara supone una corrección, al menos en parte, de la política laboral del Gobierno: acabar con las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social (las llamadas tarifas planas) y convertirlas en bonificaciones, que paga el Estado.
La gran apuesta del departamento de Báñez para activar la creación de empleo fueron las reducciones y bonificaciones a la contratación. Es decir, abaratar el coste de las cotizaciones sociales que pagan las empresas al contratar a una persona. Es el caso, por ejemplo, de la famosa tarifa plana de 100 euros a la contratación indefinida, que luego se corrigió.
La mayoría de estas medidas aprobadas fueron reducciones de las cotizaciones, que tienen un fuerte impacto en las cuentas de la Seguridad Social. Al ser una reducción, las arcas públicas dejan de ingresar ese dinero. El caso de las bonificaciones es diferente: las empresas no pagan pero sí lo hace por ellas el Servicio Público de Empleo, por lo que ese dinero sí se ingresa, aunque procede de los Presupuestos Generales y no de las cotizaciones.
El ministerio de Báñez apuesta ahora por convertir esas reducciones en bonificaciones y evitar así que la Seguridad Social siga aumentando su agujero, que ronda actualmente los 18.000 millones de euros. Esa es también una de las demandas en la que prácticamente todos los partidos políticos coinciden. La oposición ha afeado al Gobierno que sufrague las contrataciones a costa de unas maltrechas cuentas de la Seguridad Social y, en último término, a costa del Fondo de Reserva.
No obstante, Báñez ha defendido que esta legislatura el gasto en reducciones y bonificaciones ha sido similar al del periodo anterior. En 2011, el gasto fue de 2.200 millones, mientras que en 2015 ascendió a 3.371 millones. La ministra ha remarcado que mientras que en 2011 hubo destrucción de empleo, 2015 acabó con creación de puestos de trabajo.
Los expertos han criticado con dureza que la gran apuesta de las políticas activas hayan sido las reducciones y bonificaciones. Tienen un efecto que llaman de “peso muerto”: se premia una contratación que se haría igualmente.
Fuentes de financiación
Otra de las propuestas que ha lanzado la ministra, aunque de forma críptica, tiene que ver con los autónomos. “Reforzar el esfuerzo contributivo entre regímenes”, ha dicho. O, lo que es lo mismo, estrechar la relación entre lo que se aporta y lo que se recibe. Es precisamente el régimen de autónomos el que tiene un problema en este sentido: la mayoría cotiza por la base mínima, a pesar de que muchos tienen unos ingresos superiores. Báñez ha subrayado que el régimen de autónomos aporta 7.000 millones de déficit a la Seguridad Social.
También ha mencionado el asunto de las fuentes de financiación (si algunas prestaciones deben financiarse mediante impuestos), el punto sobre el que gira actualmente el debate. Sin embargo, Báñez no ha hecho ninguna propuesta concreta. Tan solo ha asegurado que eso no tiene por qué implicar cambiar la “naturaleza jurídica” de las prestaciones, en clara referencia a la posibilidad, apuntada por algunos grupos y sindicatos, de que tocar la financiación de las pensiones de viudedad supondría convertir estas prestaciones en asistenciales.
Sobre el Fondo de Reserva, la ministra de Empleo ha dicho que no es un fin en sí mismo sino un instrumento que se ha utilizado “rigurosamente para el objetivo que se creó”. “Su gestión ha sido profesional y exquisita”, ha defendido. Hoy la hucha de las pensiones tiene un remanente de algo más de 25.000 millones de euros.
Los números rojos de la Seguridad Social y la utilización del Fondo han sido las dos preocupaciones más recurrentes de los grupos de la oposición. El diputado del Partido Demócrata Catalán Carles Campuzano ha pedido a la ministra que valoren otras opciones para pagar la paga extra de diciembre a los pensionistas y evitar así acudir otra vez a la hucha de las pensiones.
La portavoz socialista Merçe Perea ha criticado la gestión del departamento de Báñez y la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. “Ha dicho cosas que no se las cree ni usted. En los últimos cinco años ha ninguneado al Pacto de Toledo y la concertación social”, ha asegurado. La diputada de Podemos, Aina Vidal, también ha criticado su falta de diálogo en los últimos años y ha pedido “actuar urgentemente” sobre los ingresos de la Seguridad Social. Ha pedido también derogar la reforma laboral para recuperar calidad del empleo y salarios.