El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ve indicios para juzgar a 27 personas y tres sociedades por la trama corrupta de la empresa semipública de armas Defex en Angola. Les atribuye delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo, falsedad documental y organización criminal por el presunto desvío y apropiación de fondos de Defex, actualmente en proceso de liquidación, en contratos de suministro de material policial para Angola.
En el auto en el que acuerda el pase de las diligencias al procedimiento abreviado y pone fin a la instrucción, el juez dirige el procedimiento contra exdirectivos de las empresas investigadas como Juan Carlos Cueto (de la empresa Comercial Cueto, socio privado de Defex) y José Ignacio Encinas Charro (expresidente de Defex), así como Beatriz García Paesa, esposa del famoso espía Paesa, entre otros.
También procede contra Defex y Comercial Cueto como responsables penales corporativos por su “absoluto descontrol en materia de organización y control societario económico financiero y jurídico y la inexistencia de los más elementales y básicos mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos”.
La resolución da 20 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral presentado escrito de acusación, y archiva el procedimiento para cinco investigados, entre los que está Ismael Clemente, el presidente de la socimi del Ibex 35 Merlin Properties, que estaba imputado en el caso. El magistrado ratifica también la busca y captura e ingreso en prisión del ciudadano portugués Guilherme Taveira, prófugo de la justicia.
Esta pieza ha investigado los contratos firmados por la UTE Cueto-Defex y el Comando general de Policía Nacional de Angola. El principal fue el firmado en junio de 2008 para el suministro de material policial por importe superior a los 152 millones de euros, que tuvo un coste de ejecución de algo más de 59 millones (el 38,6%) y un beneficio de casi 94 millones (61,3%).
El magistrado apunta que la UTE repartió un 33% del contrato para la adquisición y suministro del material; un 33% de beneficios para las dos empresas que formaban la UTE y un 33% fue para el supuesto pago de servicios locales de Angola, que no se llevaron a cabo y cuyos fondos se desviaron. Según el juez, los investigados destinaron a las empresas sólo una parte del beneficio. El resto se dedicó a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños y al beneficio propio de varios de los acusados mediante una compleja estructura de empresas pantalla.
Visita del Papa
Los otros dos contratos investigados en este procedimiento son las operaciones comerciales de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la visita del Papa Ratzinger a Angola en 2009, por importe de casi dos millones, y el suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011 por importe de cerca de dos millones.
De la Mata explica que la trama se enriquecía ilícitamente de forma sistemática cargando a los contratos “brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de decenas de millones”.
“En la cúspide de la organización” sitúa a Cueto Martin, Encinas Charro, el coronel retirado Ángel María Larumbe Burgui (ex director de Operaciones de Defex) y Manuel Iglesias Sarria (ex directivo de Defex), con el apoyo de Iciar de Yraola (esposa de Cueto) y Alejandro Moreno (Comercial Cueto 92) y Enrique Francisco Gómez Cuesta y Ana Cerrolaza (Defex). “Todos se ocupaban de implementar la estrategia acordada, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos”, subraya el magistrado, que no despeja la incógnita de quién está detrás del denominado “Kin” de la trama que se llevó la mayor comisión, 3 millones por una sola operación.
Otra pieza fundamental era García Paesa, que se ocupó de “implementar la estrategia acordada, diseñar y poner en marcha toda la estructura de sociedades, identificar y gestionar eficazmente todo un grupo de blanqueadores profesionales en Luxemburgo, supervisar la gestión de las sociedades, asumir directamente buena parte de la falsificación de facturas y documentos, y distribuir los fondos ilícitos obtenidos”.
Además de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el auto del juez desgrana la participación de las entidades bancarias Deutsche Bank, Caixabank y BNP Paribas para la comisión del delito de blanqueo de capitales, en operaciones de transferencias dinerarias a Luxemburgo y a Angola desde diversas cuentas y sin aplicar, por parte de estas entidades, “ningún procedimiento de prevención de capitales”. Entre las personas a las que se mantiene como imputadas en el procedimiento están gestores de cuentas de esas entidades que habrían colaborado en el blanqueo de fondos de la UTE.
Según el magistrado, “ninguna de las entidades bancarias” verificó “mínimamente” la relación comercial de su cliente con la sociedad luxemburguesa JTL Financial, utilizada para blanquear los fondos, “ni tampoco solicitaron información adicional para comprobar la razón comercial” de transferencias por importe de 41.464.729 euros que obedecían a un reparto de comisiones ilícitas.