La necesidad de una renta básica universal (RBU), un ingreso mensual asegurado por el mero hecho de ser ciudadano, independientemente de ingresos o situación laboral, se ha colado en los debates del Fondo Monetario Internacional (FMI). Con todas las cautelas –los autores del informe aseguran que ni lo aconsejan ni lo desaconsejan– el FMI admite que este ingreso es una posibilidad que debe examinarse como respuesta a la “incertidumbre radical” que representa la creciente robotización de los empleos y la desigualdad.
El director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo, el portugués Vítor Gaspar, ha explicado en la presentación de la última edición del informe “Monitor fiscal” que la renta básica universal “es una de las diversas ideas que se podrían examinar como respuesta a esta incertidumbre creciente al ritmo del crecimiento económico”.
Aunque reconocen el potencial de este ingreso para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza, también recuerdan que su coste sería alto. Y la idea del FMI es que su introducción debería ser “neutral” desde el punto de vista presupuestario, esto es, “convivir con otras prioridades fiscales” como las infraestructuras, la educación o la sanidad. “¿Debería reemplazar al gasto público no eficiente ni equitativo? ¿y se financiaría con tributación progresiva o indirecta?”, se ha preguntado el exministro de Finanzas portugués, sin dar él mismo una respuesta.
En todo caso, ha recordado que algunas experiencias con transferencias de dinero en determinadas poblaciones de América Latina han dado resultados positivos.
Subida de impuestos a las rentas altas
El informe presentado este miércoles en Washington recalca que la desigualdad ha aumentado en más de la mitad de los países durante las últimas tres décadas, fundamentalmente entre los ciudadanos de las economías avanzadas. Entre los países donde más ha crecido la desigualdad de ingresos se encuentra España. En estos países la política fiscal logra compensar hasta un tercio de las desigualdades, sobre todo a través de las llamadas transferencias, como la educación y la sanidad.
En este contexto, el FMI señala que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria mientras se preserve el crecimiento. En concreto, recalca cómo la progresividad del impuesto sobre la renta descendió de una manera importante en la década de los ochenta del siglo pasado, y desde entonces ha permanecido prácticamente estable. En concreto, Gaspar ha explicado que el tipo máximo medio del IRPF en los países de la OCDE ha ido desde una media del 62% en 1981 hasta un 35% en 2015. “Nuestros resultados empíricos sugieren que es posible elevar el grado de progresividad fiscal preservando el crecimiento, al menos con grados de progresividad que no sean excesivos”. Esto es, que es posible elevar el tipo máximo de IRPF entre los más ricos en caso de que no afecte al crecimiento. En el caso de España, el tipo máximo del IRPF es del 45%.
Pero además, el informe del FMI recuerda que los sistemas tributarios son menos progresivos de lo que los datos muestran debido a que los ricos tienen un mayor acceso a mecanismos para rebajar el pago de impuestos. Y también se refiere a la necesidad de explorar determinados impuestos a la riqueza.
Gasto en educación y sanidad
El informe tiene una tercera pata, referida al gasto en educación y sanidad, cuyo acceso se ha ido haciendo cada vez más desigual en función de los ingresos de la población en los países desarrollados, advierte el FMI. “Por ejemplo, en las economías avanzadas, los varones con educación universitaria viven 14 años más de media que los que tienen educación secundaria o menos”, afirma el texto.
Además, el Fondo asegura que cerrar la brecha de la desigualdad en cobertura sanitaria básica podría elevar la esperanza de vida, de media, en 1,3 años en los países emergentes y en desarrollo.
“Esperamos haber persuadido de que la política fiscal puede marcar una diferencia en la lucha contra la desigualdad, y que la eficiencia y la equidad deben ir de la mano”, concluye el informe.