En 2021, los precios subieron con fuerza, de manera acelerada y excepcional a partir del final del verano, mientras que los aumentos salariales registrados fueron escasos. A falta de conocer el dato de evolución salarial, las subidas pactadas en convenios colectivos alcanzaron el 1,47%. El año terminó en diciembre con una inflación interanual del 6,5% y el dato medio del año se situó en el 3,1%. Con este escenario de pérdida de poder adquisitivo, algunas patronales de empresarios ni se sientan a negociar aumentos salariales. Los sindicatos advierten de que la recuperación económica prevista para este 2022 tiene que llegar también a las nóminas. De lo contario, el año puede convertirse en un polvorín, aseguran.
El IPC interanual en enero del año pasado fue del 0,5%, pero los precios fueron creciendo a lo largo del ejercicio y diciembre concluyó con un nuevo máximo en décadas (6,5%). La escalada de precios “genera una enorme preocupación”, apunta Mariano Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, por las consecuencias en el bolsillo de unos trabajadores que ven sus nóminas congeladas o crecer unos pocos euros.
El incremento del IPC está muy influido por los precios energéticos y se anuncia desde hace meses como “excepcional” y “transitorio”, pero su incidencia se está alargando algo más de lo esperado. “Ya está repercutiendo sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, no se puede mirar hacia otro lado”, subrayaba esta semana Pepe Álvarez, secretario general del sindicato.
¿Cuánto se ha deteriorado el poder de compra? Para Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, la referencia para medir la pérdida de poder adquisitivo es “la inflación de final de año”: “El 6,5% es el dato más relevante, porque a día de hoy eso es lo que cuesta de más la cesta de la compra con respecto a hace un año”. A alguien que le hayan subido el sueldo un 1,5%, explica, “tiene ahora mismo 4,2 puntos menos de poder de compra”.
Ante un dato que ha variado tanto a lo largo del año y que ha concluido con un pico tan “excepcional” que se espera que no dure mucho, otros economistas recomiendan que la referencia sea la de la inflación media del año, del 3,1%. Este indicador medio ha cobrado protagonismo, también por utilizarse como referencia para la subida anual de las pensiones y da una imagen de cómo ha sido todo el año.
En estas primeras semanas del año se esperaba la reunión del Gobierno con los agentes sociales para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2022 para aplicarse desde el mes de enero, pero se está retrasando y aún no tiene fecha. El año pasado, este tema generó una gran tensión en la coalición, entre la vicepresidenta Nadia Calviño, partidaria de demorar su incremento (que al final se produjo en septiembre), y Yolanda Díaz, que exigía desde el comienzo de año su alza.
El riesgo a una “ola inflacionista”
Ante los récords de inflación, muchas de las voces que piden centrarse en el dato de IPC medio (3,1%) advierten del riesgo de generar una ola inflacionista si este alza excepcional de los precios se trasladara a otros elementos de la economía, entre los que se están destacando los salarios. Así se están pronunciando en las últimas semanas la vicepresidenta Nadia Calviño, el Banco de España y hasta el propio presidente Sánchez, que piden “no trasladar” o “repercutir” la inflación a los salarios. La ministra de Asuntos Económicos apuntó en una entrevista con elDiario.es que “desde un punto de vista de la estabilidad económica a medio plazo tenemos que evitar una fuerte subida de salarios que produzca una inflación estructural, lo que se conoce como efectos de segunda ronda”.
Talavera explica que “una subida de salarios para toda la economía que compense totalmente la subida de precios” (6,5%) implicaría “riesgos inflacionarios” y, además, sostiene que “los salarios deben reflejar las condiciones económicas actuales, las cuales no creo justifiquen una subida salarial de casi el 7%”. Coincide Olga Cantó, catedrática de Economía y especializada en desigualdad: “Si nos ponemos como reclamo el 6,5% para las subidas salariales, podemos generar más problemas de los que queremos resolver”.
Sin embargo, en general el 6,5% no está siendo la reclamación de incremento por parte de los sindicatos. El dato se tiene en cuenta por su incidencia en la recta final del año, pero se reconoce como transitorio y se están pidiendo aumentos menos acusados. De hecho, como se aprecia en las subidas pactadas, las negociaciones se están saldando con subidas muy tímidas, de menos de la mitad de la inflación media y también lejos de la inflación subyacente (2,1% interanual), que no tiene en cuenta los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar.
Por ello, ese foco continuo en los salarios sí rechina e inquieta en los sindicatos, que alertan de que tampoco se puede dejar que las pérdidas recaigan “sobre las espaldas de los trabajadores”, en palabras de Maricruz Vicente, secretaria de Acción sindical de CCOO. Una vez más. Porque las reclamaciones de subidas de salarios no tienen la mirada puesta solo en lo que ha pasado en 2021, sino en los años previos de pérdida de poder adquisitivo de los salarios en España desde la pasada crisis financiera.
No solo no se están registrando grandes incrementos de salarios. Se han disparado los convenios firmados con congelaciones salariales en 2021, que alcanza al 16% de los trabajadores respecto al 0,3% de 2019. En otros muchos casos, son las empresas las que se están resistiendo a aplicar incrementos salariales, como ocurrió en el conflicto del metal de Cádiz y otras huelgas recientes en el sector de supermercados.
El personal de las residencias, sobre todo mujeres, está con su convenio bloqueado “desde hace más de dos años y medio”, recuerda Jesús Cabrera (CCOO), negociador del mismo. Con salarios congelados y que rozan el salario mínimo, las empleadas que se demostraron esenciales durante la pandemia reclaman una mejoría salarial y de condiciones, con mucha carga laboral. En un sector muy marcado por la escasez de recursos públicos, las patronales se han parapetado en ello hasta la fecha para rechazar cualquier alza salarial. Ahora, la ultraactividad que marcaba el convenio colectivo y la coyuntura económica obliga a los empresarios a aplicar un aumento en función de la inflación. “Vamos a negociar el próximo 24 de enero, a ver qué pasa”, dice Cabrera.
2022 y la salida de la crisis
La negativa de las patronales a negociar no es una excepción. La propia CEOE no se ha sentado aún con los sindicatos para negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sirva de referencia para las empresas y trabajadores a nivel estatal. El último AENC caducó en 2020. CCOO y UGT denunciaban justo esta semana las resistencias en la organización empresarial, aunque finalmente el viernes el líder, Antonio Garamendi, contactó a los dirigentes sindicales para comunicarles su intención de hablar del tema, como adelantó Expansión. Aún no hay fecha sobre este encuentro, según fuentes sindicales. Mientras, varias patronales de empresarios apuntan que tampoco es el momento de subir el salario mínimo.
“Si no se sientan por las buenas, se sentarán dentro de unos meses porque los conflictos como el de Cádiz se van a repetir”, advirtió esta semana Pepe Álvarez. Su homólogo en CCOO subrayaba este viernes que “España está haciendo una enorme transferencia de recursos públicos a la economía (ERTES, NGUE, etc.) que no se puede quedar en los márgenes de beneficios de las empresas”.
2022 se presenta como un año de crecimiento, de llegada de miles de euros en fondos europeos y, por tanto, los sindicatos reclaman que los trabajadores no queden ajenos a este empuje, porque eso repercutirá en la economía. “El principal riesgo de una gran pérdida de poder adquisitivo es el impacto que tendrá en el consumo, que dado es el componente más grande del PIB, obviamente implica un riesgo a la baja para el crecimiento”, recuerda Talavera.
Tras muchos años de devaluación salarial, los últimos han registrado, con especial importancia entre los salarios más bajos tras las importantes subidas del SMI en los últimos ejercicios. La pandemia ha supuesto un bache en el mercado laboral que va superándose, por ejemplo, mediante una gran creación de empleo. Los sindicatos llaman a que las mejoras lleguen también a los salarios, punto débil en España en comparación con otros países europeos. Proponen negociar las subidas a varios años, dos o tres, en los que se garantice que al final del periodo los trabajadores no habrán perdido poder adquisitivo.
Los sindicatos siguen poniendo a los trabajadores que menos ganan como prioritarios para los aumentos salariales, con el objetivo de reducir el incremento de la desigualdad previo a la Gran Recesión. Un reciente estudio del Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”, elaborado por Olga Cantó y Luis Ayala, refleja ese crecimiento en la última década en el siguiente gráfico.
Afrontar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es fundamental, apunta Cantó a elDiario.es, porque las rentas del trabajo son “la fuente con más peso en los hogares españoles”. Considera que es necesario seguir con la senda marcada por Europa para situar el SMI en el 60% y celebra que los aumentos de los últimos años han tenido “efectos potentes en los salarios más a la cola”. Para aumentar los ingresos de los hogares más pobres, además apuesta por reducir la temporalidad laboral y garantizar más horas de trabajo, que es de lo que más carecen estas familias de escasos recursos.
Y, más allá de los salarios, Cantó destaca que hay otros elementos “más desigualadores” de cara al futuro: la riqueza y el acceso a la salud. “Hay otros factores claves en los ingresos que son aún más desiguales y que van a aumentar su papel en los ingresos de las familias muy pronto, como las rentas de capital... Lo que está ligado además al previsible aumento de la desigualdad de la riqueza por la trasmisión de activos de la generación que más ha acumulado que morirá y no todo el mundo va a heredar lo mismo, claro”, afirma la catedrática. Este debate, apunta el estudio conjunto con Ayala, exigirá que España revise su sistema de impuestos y prestaciones “con menor capacidad redistributiva” que los del entorno europeo.