El BBVA se escudó en las noticias sobre un informe del Ministerio del Interior en 2015, que consideró compatible el entramado empresarial de José Manuel Villarejo con su trabajo de funcionario destinado en la seguridad del Estado, para seguir contratando los servicios de espionaje y “boicot” del policía.
El director de los servicios jurídicos de la entidad, Adolfo Fraguas, reconoció en su declaración de diciembre ante el juez que de haber surgido una “alarma” en la entidad tras la publicación en El País en marzo de 2015 de que Villarejo poseía doce sociedades, pese a ser un agente liberado destinado en la Dirección Adjunta Operativa, esa inquietud se habría “apagado” al publicarse un mes después que esos negocios eran “compatibles” con ser policía basándose en un informe oficial del Ministerio del Interior.
“¿Pero deberían llevar entonces un mes nerviosos, no? ¿De una publicación a otra nadie en el BBVA con semejante escándalo se revuelve en la silla?”, le preguntó durante el interrogatorio en la Audiencia Nacional uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa. “No sé lo que ocurrió en ese mes, pero es difícil que se hubiera llevado a cabo toda esa revisión en un mes cuando sabemos lo que nos ha costado llevarla a cabo a nosotros ahora”, respondió Fraguas, que representa a la entidad como investigada como persona jurídica por cohecho y revelación de secretos.
Ante la insistencia del fiscal, el director de los servicios jurídicos del BBVA reiteró que la hipotética preocupación por la contratación de un policía en activo para hacer labores de espionaje empresarial se habría “mitigado” al leer en un artículo periodístico que daba cuenta de una investigación del Ministerio del Interior que había avalado sus negocios.
El 8 de marzo de 2015, un breve extracto de la conversación mantenida por Villarejo con el presidente de la Comunidad de Madrid en 2011, Ignacio González, por el caso ático fue difundido por varios medios de comunicación con la versión que interesaba al policía. La publicación no provocó reacción alguna en sus superiores. Solo al día siguiente, cuando El País informó de que el comisario Villarejo acumulaba 12 sociedades por valor de 16 millones de euros, Interior se vio obligado a anunciar una investigación sobre posibles incompatibilidades del funcionario. Tuvieron que pasar otras 24 horas para que el director de la Policía, Ignacio Cosidó, explicara que la Policía también había abierto una investigación para aclarar el asunto de la grabación.
Siete días después de la publicación del audio, eldiario.es desveló que ambas investigaciones internas habían sido encargadas al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, un policía de menor rango que Villarejo destinado junto a él en la Dirección Adjunta Operativa. Fuentes Gago era jefe de gabinete y mano derecha de Eugenio Pino, el artífice de la brigada política y jefe de investigador e investigado. Las unidades de Asuntos Internos y Régimen Disciplinario fueron ajenas a las pesquisas. Pino y Fuentes Gago están en la actualidad imputados en el caso Villarejo por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados.
El resultado del trabajo de Fuentes Gago se plasmó en sendos informes en los que se concluía que los negocios del comisario no incurrían en incompatibilidad alguna con su puesto de funcionario y que tampoco había indicios de revelación de secretos porque el audio no estaba en poder de Interior. A juicio del representante legal del BBVA en el caso Villarejo nada de esto afectó a la relación comercial entre el banco y Cenyt, la empresa del policía que aparecía en el entramado empresarial desvelado por El País.
En aquel momento, el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz se afanaba en proteger al comisario, implicado en las maniobras de la brigada política contra el proceso soberanista en Catalunya. Sin embargo, las revelaciones judiciales y periodísticas sobre las implicaciones del policía en el caso del Pequeño Nicolás o en el de acoso a la doctora Pinto por parte del empresario Javier López Madrid habían puesto en el disparadero al oscuro agente encubierto [Aquí puedes leer Operación 'salvar al Comisario Villarejo': Interior fabricó informes y se deshizo de sus adversarios]
Cuando saltó la noticia de los negocios de Villarejo habían pasado tan solo dos meses desde que Francisco González acudió al 'cuartel general' de la Policía en Canillas a comer con la cúpula del Cuerpo, con su director general, Ignacio Cosidó, al frente. El entonces director de los servicios jurídicos del banco, el juez en excedencia Eduardo Ortega, escribió en un documento que en esa comida se acordó que el banco presentaría una denuncia “anónima” contra Ausbanc, la asociación acusada de extorsionar al BBVA. La denuncia, según el documento de Ortega, fue finalmente entregada a la UDEF por el comisario Villarejo.
El BBVA siguió pagando a Villarejo hasta después de detenido
Durante el interrogatorio del pasado diciembre en la Audiencia Nacional, Fraguas reconoció la existencia de pagos del BBVA a la sociedad Cenyt, vinculada a Villarejo, hasta diciembre de 2017. Es decir, hasta un mes después de que el comisario fuera encarcelado acusado de liderar una organización criminal que obtenía millones de euros de vender a la élite del país dosieres que elaboraba con datos confidenciales a los que accedía en su condición de funcionario. “El último contrato se rescinde en noviembre con efectos en diciembre”, explicó el representante de la entidad en sede judicial. La relación contractual entre ambos habría comenzado en 2004, cuando el banco contrató al policía para intentar abortar el intento de asalto de la constructora Sacyr a su consejo de administración.
La entidad rescindió ese contrato, pero no movió ninguna ficha más, lo que también llamó la atención del representante del Ministerio Público. “¿Por qué el 3 de noviembre de 2017 [cuando entró en prisión Villarejo y su socio, Rafael Redondo] no empiezan a recopilar información sobre los contratos de Cenyt? ¿Por qué no inician una investigación interna o piden información?”, insistió el fiscal.
Fraguas contestó que la entidad reacciona medio año después cuando otro medio de comunicación, Público, revela que BBVA había contratado a Cenyt para hacer frente al “chantaje” de la supuesta asociación de consumidores Ausbanc. Es entonces, según sus palabras, cuando el banco tiene conocimiento de la “verdadera dimensión” de la contratación y es “cuando se actúa”.