El blindaje a las inversiones en combustibles fósiles se agrieta. El abandono de España, Francia y Países Bajos del Tratado de la Carta de la Energía debilita un tratado internacional que protege las inversiones en combustibles fósiles frente a la transición climática en plena crisis energética.
España ha sido el primer gran país de la UE en anunciar la marcha. Fue el pasado 12 de octubre, cuando lo publicó Politico, donde la vicepresidenta Teresa Ribera decía que el proceso de modernización del TCE para reducir las protecciones a proyectos de combustibles fósiles no había supuesto “ninguna mejora”.
El tratado nace en 1994 para proteger las inversiones en infraestructura energética en los países postsoviéticos, concediendo amplias protecciones a los inversores frente a las intervenciones públicas, protecciones que se han utilizado en los últimos años para demandar a los países por políticas favorables a la transición climática, como la eliminación gradual de la energía del carbón y las restricciones a la extracción de petróleo.
Cuando concluyó a mediados de junio la ronda de modernización, Ribera declaró que el acuerdo era “decepcionante” y añadió: “El Tratado modernizado seguirá obstaculizando la ambición de las políticas climáticas, protegiendo inversiones fósiles y cuestionando el derecho a regular de la UE y sus Estados miembros”.
En la carta fechada el pasado 27 de septiembre, que se acaba de conocer, y enviada a la Comisión Europea por Ribera, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Industria, Reyes, Maroto, se explican los argumentos para la salida de España: “El resultado del proceso de modernización del TCE ha sido considerablemente insuficiente. El TCE modernizado no ha logrado un alineamiento exitoso con los objetivos del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo para cumplir con nuestro sólido compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2050. También consideramos insuficientes los avances logrados desde el punto de vista de la defensa de la integridad y primacía del ordenamiento jurídico comunitario y su aplicación en todos los Estados miembros, tal y como ha declarado en varias ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
El Gobierno español avisa de su retirada del Tratado, pero apunta que sería progresivo y pide buscar soluciones que satisfagan a todos los países: “En consecuencia, les informamos que España va a iniciar el procedimiento para hacer efectiva la retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía y el Protocolo de la Carta de la Energía sobre Eficiencia Energética y Aspectos Medioambientales relacionados. Seguimos pensando que una retirada coordinada de la UE y sus Estados miembros sería la mejor opción para toda la UE, por lo que seguimos abiertos a trabajar con la Comisión y los Estados miembros en nuestro interés común. Con respecto a la Conferencia de las Partes del 22 de noviembre, España no puede apoyar el tratado modernizado por razones de coherencia, ya que estaremos inmersos en dicho procedimiento. A pesar de ello, y dado que nuestra retirada no será inmediata, no es nuestra intención poner en peligro los intereses del resto de los Estados miembros, por lo que os pedimos que trabajemos juntos en la mejor forma de satisfacer los intereses de todas las partes implicadas”.
“El texto enmendado propone cambios menores en las disposiciones de protección de las inversiones frente a los Estados (Investor-state dispute settlement, ISDS)”, explica Lucía Bárcena, del Transnational Institute: “Sin embargo, el tratado seguirá protegiendo las inversiones en combustibles fósiles hasta 10 años después de la entrada en vigor del acuerdo (esto podría ser en 2033 o más, dependiendo de cuándo termine el proceso de ratificación), lo cual es incompatible con la urgencia climática. El tratado incluye la protección de las nuevas inversiones en energía, incluyendo el hidrógeno, la biomasa y el biogás y otras energías renovables. Esto amplía el riesgo de nuevos casos de ISDS. No está claro qué nuevas inversiones no estarán protegidas tras la entrada en vigor, es decir, los gasoductos, las centrales eléctricas de gas y las inversiones en hidrógeno. El mecanismo de ISDS se mantiene sin cambios. No está claro cómo procederá la ratificación del acuerdo (si cada país tiene que firmar o si habrá un procedimiento silencioso que significa que, a menos que una Parte Contratante se oponga, se contará como un voto afirmativo)”.
Reformar el acuerdo para eliminar las protecciones de los combustibles fósiles ha sido una prioridad para la Unión Europea. El tratado tiene una cláusula de caducidad que significa que cualquier país que se vaya permanecerá sujeto a litigio durante 20 años.
En mayo pasado, España volvió a perder una demandas bajo el TCE, con lo que se elevan a 52 las demandas perdidas y las compensaciones superan los mil millones de euros, según los cálculos del Transnational Institute. Lucía Bárcena afirma que “el TCE se ha convertido en una pesadilla legal para España, donde las reclamaciones de arbitraje ya han costado más de mil millones de euros del dinero de los contribuyentes para adjudicar inversiones y pagar abogados y árbitros. Estas demandas solo desvían importantes recursos públicos de áreas importantes desde el punto de vista ambiental y social. España debería haber seguido el ejemplo de Italia hace mucho tiempo”.
Marta García Pallarés, activista de Ecologistas en Acción y miembro de la Campaña Española Contra los Tratados de Comercio e Inversión, sostiene: “Estamos en un momento sumamente crítico y necesitamos medidas ambiciosas, la salida del TCE es una de ellas y lo celebramos. Ahora es crucial que más países sigan el camino iniciado por España; es simplemente vergonzoso que los países de la UE vayan a la COP 27 en Egipto prometiendo reducir las emisiones, mientras continúan en un tratado que solo en Europa protege la infraestructura fósil por valor de más de 340.000 millones de euros”.
Bruselas “toma nota”
“Tomamos nota del anuncio de varios Estados miembros de su intención de retirarse del Tratado sobre la Carta de la Energía”, explica una portavoz del Ejecutivo comunitario: “La Comisión Europea sigue opinando que el resultado del proceso de modernización que llevamos a cabo en junio está totalmente en consonancia con los objetivos climáticos y de transición energética, así como con las normas de protección de las inversiones. Y esto es de particular importancia en el contexto actual en el que tendremos una mayor ola de inversiones en energía verde. La modernización del tratado aborda las preocupaciones que se plantearon con respecto al derecho de los gobiernos a regular con fines ambientales y climáticos. Y, además, permite a las partes excluir nuevas inversiones en combustibles fósiles de la protección”
Pero además, desde la Comisión Europea se recuerda las condiciones del Tratado, con unas obligaciones que incluye a los países que se vayan a salir: “Y hemos de tener muy claro el escenario alternativo. Cualquier país que se retire del TCE está sujeto a una cláusula de caducidad de 20 años, lo que significa que el país debe continuar aplicando las antiguas disposiciones a las inversiones existentes realizadas por inversores de otras partes contratantes durante dos décadas. Ésta es una de las principales razones por las que la Comisión, junto con los Estados miembros, optamos por la modernización en primer lugar porque, de hecho, no hacerlo da lugar a un peor resultado en caso de retirada. Todavía podrían hacerse más reclamaciones de los inversores existentes, incluidos los de combustibles fósiles. Y, lo que es más importante, las nuevas inversiones en energías renovables no estarían protegidas por las normas de inversión modernizadas para aquellos Estados miembros que decidan retirarse del TCE”.
Este año, dos empresas alemanas demandaron a los Países Bajos por su eliminación gradual del carbón. El tratado también puede crear el llamado efecto de “enfriamiento regulatorio”, donde se disuade a los países de cambiar sus leyes para que no sean demandados. Pero incluso si los países eligen salir del tratado, aún pueden ser demandados hasta 20 años después de haber dejado la organización.
El proceso de reforma, liderado por la Comisión Europea, buscaba acabar con la protección a los combustibles fósiles. Pero la resistencia de Japón, Kazajstán y otros miembros han impedido lograr su objetivo plenamente: lograron una concesión que les permite dejar de proteger los proyectos de combustibles fósiles dentro de 10 años. Para otros miembros del tratado de 53 países, todo seguirá como de costumbre.
La Comisión ahora está tratando de venderlo como una victoria para que los miembros de la UE den la aprobación final. Pero varios países de la UE se están marchando.
El 21 de octubre, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su país se retiraría del pacto de inversión porque no se alineaba con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
La decisión francesa siguió a los anuncios de Polonia, España y los Países Bajos de que se retiraban del Tratado. Esos países ahora se están moviendo para que la UE en su conjunto abandone el tratado. Alemania lo está considerando y la ministra de Clima de Bélgica, Zakia Khattabi, también pidió la salida de su país, tildando el tratado como un “caballo de Troya” que pone en jaque la política climática europea.