El Gobierno ha aprobado este martes el mayor volumen de recursos para las comunidades autónomas, un aumento del techo de gasto y la senda de déficit bajo la cual se construirán los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Este último punto tiene que ser ahora votado tanto en el Congreso como en el Senado y el Ejecutivo precisa del aval de ambas cámaras. Con la sombra del veto en el Senado sobrevolando por la mayoría absoluta del PP, el Ministerio de Hacienda advierte del riesgo que eso acarrearía para las comunidades y ayuntamientos, donde la derecha tiene un amplio poder tras el 28M.
Los resultados del 23J no permitieron al PP gobernar, pero sí tener la mayoría del Senado, lo que le otorga ahora un poder nada desdeñable respecto a la elaboración de los Presupuestos. Aunque la redacción de las cuentas corresponde única y exclusivamente al Gobierno, éste tiene que trasladar a las cámaras sus objetivos de déficit y deuda. También el techo de gasto, aunque este no se vota. El Ejecutivo necesita el aval de las dos cámaras y un rechazo de una de ellas bloquearía estos objetivos.
Si el PP usase su mayoría absoluta en el Senado para votar en contra del objetivo de déficit –en el Congreso se da por hecho el voto a favor de la mayoría de la investidura–, el Gobierno tendría 30 días para presentarlo de nuevo. Un segundo rechazo tumbaría el objetivo de estabilidad sobre el que se construirían las cuentas públicas. Se abriría entonces un impasse que supondría una demora en el objetivo del Gobierno de tener las cuentas en el primer trimestre del año.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda considera que tumbar el objetivo de déficit no impediría sacar adelante unas cuentas públicas, aunque sí se haría con otra referencia. De hecho, ante la posibilidad de veto en el Senado, encargó a la Abogacía del Estado un informe sobre el escenario que se dibujaría entonces. Según informó Montero, la referencia pasaría a ser la que planteó en primavera en la actualización del Programa de Estabilidad a Bruselas.
El Gobierno trabaja con la idea de que en 2024 vuelven las reglas del déficit en Europa, frente a la laxitud de los últimos ejercicios por la pandemia. Así, ha trasladado a Bruselas que prevé cerrar el próximo año con un déficit del 3%, lo que le dejaría fuera de entrar en el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).
Tanto el Programa de Estabilidad como la senda aprobada este martes por el Gobierno coinciden en ese 3%. La clave está en cómo se reparte entre todas las administraciones: ayuntamientos, comunidades, central y Seguridad Social. El primero de los documentos, aprobado en abril, obligaba a que las comunidades tengan un equilibrio en las cuentas. Es decir, un déficit del 0%. Para los ayuntamientos, el objetivo era del 0,2% de superávit. El segundo, que es el que tendrán que votar el Congreso y el Senado, era más benévolo con estas administraciones y les otorgaba un déficit del 0,1% para las comunidades y del 0% para los consistorios.
Es decir, según el informe de la Abogacía que tiene el Gobierno, si el Senado tumbase el objetivo planteado por el Gobierno en dos ocasiones entrará automáticamente en vigor el planteado en primavera en la senda de estabilidad. El PP reclamó ayer al Gobierno que hiciera público el contenido de este informe. El senador Javier Arenas registró este martes una solicitud en la Cámara Alta para poder acceder a este documento.
La diferencia entre una referencia y otra para ayuntamientos y comunidades provocaría que las administraciones tendrían que realizar un mayor ajuste en sus cuentas. Las autonomías tendrían que pasar de un déficit del 0,3%, la referencia de este año, a uno del 0% en 2024, mientras que los ayuntamientos tendrían que aumentar el superávit del 0,1% al 0,2%. Tener la posibilidad de un mayor déficit permite mantener un nivel más alto de gasto, en lugar de realizar un ajuste mayor.
Además, según ha informado Montero, esta menor exigencia para las comunidades no se circunscribirá únicamente al próximo ejercicio. En la nueva senda de déficit planteada este martes, para 2024 y 2025, las autonomías podrían tener un equilibrio de cuentas frente a la obligación de un superávit del 0,1% que tenían marcado para esos ejercicios en el programa de estabilidad presentado en primavera. Es decir, da un margen fiscal a las comunidades de una décima al año para los tres próximos ejercicios. O lo que es lo mismo, menos ajuste.
El principal impacto de esta diferencia se vería en los presupuestos de las comunidades y ayuntamientos, algunos con esas cuentas ya aprobadas o en vías de estarlo. Tendrían que cumplir con un objetivo de déficit más exigente y, por tanto, aplicar ajustes más significativos. Además, aquellos que ya hayan aprobado sus cuentas de 2024 tendrían que reequilibrarlas para cumplir con las exigencias marcadas en primavera.
De hecho, la primera negativa a este objetivo de déficit no ha venido del Senado, sino de las propias comunidades. Los territorios gobernados por el PP votaron este lunes en contra del 0,1% de objetivo de déficit para las comunidades. “En el día de ayer los consejeros de las comunidades votaron en contra de un objetivo de estabilidad con el que han elaborado sus presupuestos”, ironizó este martes la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero.
El Gobierno está quemando capítulos para alcanzar el objetivo de tener unos presupuestos en el primer trimestre del año. Mientras, se prorrogarán desde el 1 de enero las cuentas de 2021. En estos primeros pasos, el Gobierno ha querido defender una posición favorable a que las comunidades tengan más recursos para “el estado del bienestar”. Lo hace en un momento en el que el elefante en la habitación es cada vez más grande: se precisa un nuevo sistema de financiación, ya que el actual no convence a nadie.
Hacienda constató este lunes en una reunión con los consejeros autonómicos que va a ser prácticamente imposible alcanzar un acuerdo que contente a todos los territorios y fía el futuro de esta reforma a un entendimiento entre el PSOE y el PP a nivel nacional. Una tarea también complicada, teniendo en cuenta que los de Alberto Núñez Feijóo todavía no han confirmado a los socialistas si habrá una reunión con Pedro Sánchez antes de cerrar el año.
Tanto el PP como el PSOE coinciden en la necesidad de una reforma de la financiación autonómica. También otros partidos como Compromís, ERC o Sumar. Sin embargo, el principal partido de la oposición ha centrado sus críticas al Gobierno en esta materia durante las primeras semanas desde su investidura en la existencia de una supuesta negociación bilateral con Catalunya al margen del resto de territorios. Pese a ello, este lunes varios consejeros populares reconocían que la ministra les había negado rotundamente esta negociación, algo que fue una “grata sorpresa”, como explicó la consejera madrileña, Rocío Albert.
Mientras, el discurso público del Gobierno parece claro. Respecto al déficit, Montero habló este martes de “flexibilizar” la senda de déficit de las comunidades para evitar que hagan un ajuste mayor en sus cuentas. Además, ha anunciado el mayor nivel histórico de recursos para las autonomías y los ayuntamientos durante el próximo año gracias a las entregas a cuenta y la liquidación de 2024. Las primeras recibirán 154.467 millones de euros, un 14,9% más. Para los consistorios serán 28.557, un 22,7% más.
Tras el consejo de ministros de este martes, el Gobierno comienza un calendario que quiere que no se prolongue más allá de marzo de 2024 para que España tenga unas cuentas públicas. El adelanto electoral ha obligado a retrasar el proceso habitual unos meses. Ahora, las cámaras tendrán que votar el objetivo de déficit y deuda. Tras ello, el Gobierno podrá presentar un proyecto de ley de presupuestos, que tendrán que negociar PSOE y Sumar. Y, por último, se abrirá un periodo para la negociación con sus socios para cuadrar enmiendas y cuentas. El PP ya no tendrá mucho poder con su mayoría en el Senado porque todos los cambios que añada a los Presupuestos en la Cámara Alta podrán ser tumbados por el Congreso.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.