“Ha nacido para quedarse”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba recorrido este miércoles al nuevo bono alquiler joven, de 250 euros mensuales para menores de 35 años. Una medida que, según los expertos consultados por elDiario.es, tiene su impacto limitado a una muy pequeña parte de la población. Además, puede conllevar una presión inflacionista sobre los precios, dado que no lleva aparejada un aumento de la oferta de pisos asequibles para los jóvenes que buscan emanciparse en condiciones asumibles.
“La vivienda y los jóvenes son las grandes prioridades y retos que España tiene como país. Por ello, las medidas que se tomen pensando en estos campos, en los dos conjuntos, cómo facilitar la vida a los jóvenes y crear vidas independientes, son positivas”, apunta Elena Costas, profesora de Economía en Esade. Ahora bien, “el bono puede tener problemas, aunque no haya que criminalizarlo. Puede tener un efecto inflacionista. Dar un bono a un colectivo fácilmente identificable puede suponer un aumento en los precios, con lo que el efecto no es tan alto como el que se busca”, resume la profesora de Esade.
Impacto muy limitado
El primer eje es cuántos jóvenes podrán acceder al bono de 250 euros al mes durante dos años. El Gobierno estima el impacto en entre 60.000 y 80.000 jóvenes, que tienen que cumplir diferentes requisitos, aunque con muchos matices.
De entrada, los menores de 35 años que quieran acceder a él tienen que tener ingresos recurrentes inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM, unos 24.000 euros anuales. Lo cumplirían cerca de 600.000 personas, según las fuentes consultadas. Ingresos que se deben alcanzar entre toda la unidad de convivencia, según lo publicado en el BOE, aunque el Real Decreto da margen para que las comunidades autónomas (que son las que regularán el bono en su territorio) puedan elevar ese límite en función del número de jóvenes que convivan y cumplan los requisitos, siempre que todos sean cotitulares del piso y estén por debajo de esos ingresos de forma individual.
Los jóvenes, además, tienen que pagar menos de 600 euros de alquiler por la vivienda, aunque las comunidades pueden subir el límite a 900 euros si en su región hay zonas tensionadas, con precios de alquiler al alza.
De esta forma, el bono está limitado, por un lado, por el precio que se paga por un inmueble. Por otro, por lo que se ingresa. Y eso ya es un problema porque los caseros ya exigen estabilidad de ingresos a la hora de sellar un contrato, lo que impide a muchos jóvenes alquilar o, también, figurar en un contrato de alquiler que queda, en cambio, sellado por un conviviente con renta más alta.
“Muchas agencias no te permiten figurar en un contrato de alquiler si tus ingresos no triplican la renta que se paga por ese piso. La realidad es que hay mucha gente que no puede estar como cotitular y no tendría acceso al bono”, indica Rebeca Tolosa, portavoz del Sindicato de Inquilinos.
Ese impacto limitado para jóvenes que ya tienen pisos alquilados, firman los contratos y, por tanto, ya están emancipados es lo que limita el impacto de esta medida en opinión del Consejo de la Juventud de España.
“Nos preocupa que, como política emancipatoria para los jóvenes, deja fuera al colectivo de personas jóvenes que no están emancipadas”, señala su presidenta, Elena Ruiz Cebrián, que limita el impacto del bono a 50.000 jóvenes que ya viven en alquiler. “Si contemplamos a las personas que están sin emancipar, el bono solo llegaría al 0,7% de la población joven. Es una medida anecdótica que no cambia un problema estructural”, recalca.
Mejor que nada, pero no es la panacea
Alejandro Inurrieta, exasesor del Ministerio de Economía en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, doctor en Económicas y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, considera que el bono es “mejor que nada, pero no es la gran apuesta para solucionar el problema de la vivienda”.
Inurrieta sí ve positivas las ayudas directas al alquiler. “Son mucho más efectivas que las ayudas fiscales. Es ayuda directa y finalista, mientras que la fiscal tienes que esperar a hacer la declaración de la renta. Esto ayuda a pagar el alquiler ahora”, argumenta. De hecho, Inurrieta fue responsable de la Renta Básica de Emancipación que se puso en marcha en 2007 y que, en los casi tres años de su aplicación hasta su eliminación tras la llegada de Mariano Rajoy a Moncloa, alcanzó los 300.000 perceptores. La ayuda, entonces, no distaba excesivamente de la actual, 210 euros mensuales.
También recuerda que, en el caso de la Renta Básica, hubo “problemas de implementación con las comunidades, con los bancos, que tardaban a la hora de hacer las transferencias”. Ahora, de nuevo, serán las autonomías las que determinarán cómo se pague a los beneficiarios, a través de las entidades colaboradoras, los bancos, que se encarguen de realizar los pagos.
“¿El bono va a ser suficiente o la panacea? No”, resume Inurrieta. “Dudo que ayude a los jóvenes a emanciparse porque el bono es una ayuda limitada a dos años, afectará a los contratos que ya están en vigor pero está por ver qué pasará con los nuevos que se firmen porque, teóricamente, el propietario no tiene por qué preguntar si te vas a beneficiar del bono”.
No actúa sobre la oferta
“Lo vemos como una medida oportunista e ineficaz”, asegura Rebeca Tolosa, portavoz del Sindicato de Inquilinos. Esencialmente, porque no actúa sobre la oferta de pisos en alquiler asequible. Algo que sí se puede conseguir con la Ley de Vivienda, que aún está a la espera de iniciar su tramitación parlamentaria, una vez cuente con el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
“La ley es la que, de verdad, puede tener efecto, impulsar cambios estructurales, control de precios, efectos en los desahucios o movilizar la vivienda vacía”, enumera. “Pero esto es una transferencia de las arcas públicas a los propietarios, también, en parte, a grandes propietarios o la banca”.
En la misma línea, Elena Ruiz Cebrián, presidenta del Consejo de la Juventud, asume que el bono, la ayuda, “es una medida que puede estar bien en una política emancipatoria amplia, pero sola es insuficiente. Si fuera acompañada de la Ley de Vivienda, con el control de precios en las zonas tensionadas, medidas para las viviendas vacías, un parque de viviendas públicas en alquiler…”. Hay que recordar que el Gobierno no prevé que la ley esté aprobada en las Cortes antes de finales de 2022.
Además, Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogaters, recuerda que el bono es una ayuda limitada a dos años, que está vinculada a los Presupuestos Generales del Estado –de momento, están previstos 200 millones de euros para financiar el bono este año y otros 200 millones en 2023– y que puede derivar en una subida de precios del alquiler.
Efecto inflacionista
Diferentes fuentes recuerdan el caso francés, donde sí se ha estudiado el efecto de estas ayudas directas, si hay un trasvase directo de renta hacia los propietarios. En este análisis, se comprobó que, de cada euro de ayuda, 80 céntimos iban directamente a los propietarios, lo que presionaba al alza el precio del alquiler. Solo un 20% de la ayuda acababa en el bolsillo del inquilino.
Daniel Sorando, profesor de la Universidad de Zaragoza, ve ese efecto inflacionista de cara a los nuevos contratos. “Va a haber pocos contratos que bajen de los 600 euros en la mayoría de ciudades y de 900 en las grandes capitales”, afirma. “Los caseros van a ver que, si hasta ahora alquilaban a 500 euros, pueden llegar a 600 cuando alquilen a un joven. Y en las ciudades pueden llegar a 900 euros”.
En esta misma dirección señala Housing Europe, asociación europea enfocada en política de vivienda bajo enfoque social. “Cuando los alquileres no están bien regulados y la oferta está restringida, los subsidios pueden contribuir a la inflación de los alquileres”, explica. “Las ayudas del lado de la demanda, por sí solas, no pueden aumentar la oferta” y no abordan las “causas subyacentes” de los problemas del mercado de la vivienda. Bien reguladas y con control de precios, esta organización sí cree que pueden ayudar a los hogares de rentas más bajas a la hora de acceder a un alquiler asequible.
Ese efecto inflacionista del bono joven también lo ve la Comunidad de Madrid presidida por el PP, que, según declaraciones de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, es “indudable” que tendrá un efecto al alza en los precios. El PP ya ha anunciado que no declarará zonas tensionadas por el precio del alquiler como recoge la futura Ley de la Vivienda.
Y, respecto a la limitación del bono a alquileres de 600 euros, en general, y de 900 euros en grandes ciudades, las distintas fuentes consultadas por elDiario.es señalan que hay muy pocos inmuebles que, ya actualmente, cumplan con esos criterios. El problema de fondo, apunta Alejandro Inurrieta, es que en España no existen estadísticas que permitan saber cuál es la oferta real de pisos en alquiler.
“No sabemos el precio real del alquiler en España. Estamos haciendo política pública a oscuras. ¿Por qué 900 euros si no sabemos cuál es el precio del alquiler en Madrid o Barcelona? Portales como Idealista o Fotocasa no son todos los pisos que hay en alquiler. Estamos en un mercado completamente opaco”, resume el exasesor del Ministerio de Economía. Si sirviera como ejemplo Idealista, en Madrid ciudad hay menos de 150 pisos en alquiler por menos de 600 euros y menos de 3.200 inmuebles por menos de 900 euros al mes, de una oferta total de 11.700 casas.