El 80% de la población activa española considera que hay que erradicar la brecha de género en la empresas y “para ello, las empresas tienen que hacer públicos los salarios”, según un estudio presentado este jueves por ESADE e Infojobs que analiza el mercado laboral español. Sin embargo, solo un 31% de las grandes empresas (con más de 50 empleados) está a favor de promover esta forma de transparencia frente al 60% de las pequeñas (con menos de 10 empleados) que sí apuestan por fomentar la igualdad a través de esta iniciativa.
“El ordenamiento jurídico-laboral español prohíbe de forma contundente cualquier forma de discriminación entre hombres y mujeres. Sin embargo 10 años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, los instrumentos han demostrado ser ineficaces para luchar contra la discriminación salarial”, sostiene Anna Ginès, directora del Instituto de Estudios Laborales de ESADE. También destaca que existe un 92% de mujeres activas en el mercado de trabajo que reivindican esta iniciativa como medida principal para acabar con la brecha salarial.
Los empresarios consideran que “este tipo de medidas enfocadas a la transparencia puede incrementar los costes y mermar la competitividad de sus empresas”, pero no es el aspecto que más les preocupa: 8 de cada 10 están en contra de la implantación de cuotas obligatorias, según un estudio reciente de la firma auditora Grant Thornton. En este contexto, Thorstein Víglundsson, ministro de Asuntos Sociales de Islandia, contaba recientemente a eldiario.es que “las cuotas permiten una selección más profesional para hombres y mujeres y hacen que haya que justificar más los méritos”.
Además de la desigualdad salarial, el liderazgo femenino en España también se ha “congelado”. El porcentaje actual de directivas en las empresas españolas se sitúa en un 27%, por encima de la media global (24%) y en el mismo rango que la Unión Europea. “El número de empresas que no cuentan con ninguna mujer al mando desciende del 22 al 20% con respecto al año pasado”, destaca el estudio de Thornton.
“Si les exigimos a las empresas que implanten medidas fiscales o medioambientales, ¿por qué no van a tener que aplicar también medidas que tienen que ver con la igualdad?”, contaba Víglundsson y además destaca que en su país –referente por sus políticas públicas y sus indicadores orientados a la igualdad– “las empresas tienen que revisar las categorías y determinar el valor de los puestos de trabajo, y luego desarrollar un documento con la experiencia o la educación que se requiere para cada uno, verificable de requisitos”.
Sin embargo, en España, según los datos de Thornton en el informe Women In Business 2018, “no existe información clara entre qué políticas o cuántas políticas adoptan nuestras empresas y el nivel de diversidad de género que alcanzan sus equipos de dirección al aplicarlas”. Los empresarios encuestados aseguran que lo que les motivó a implantar políticas de igualdad en sus empresas fue, principalmente, atraer y mantener profesionales (36%), cumplir con sus valores corporativos (22%), mejorar el rendimiento de la compañía (18%) y en último lugar, cumplir con la legislación (15%).