En Bruselas se dice mucho últimamente aquello de que la “UE no es un cajero automático”, en el sentido de que no es un lugar del que sacar dinero para luego gastarlo de cualquier manera. Sin embargo, sí que es cierto que los fondos europeos, y más en un momento de crisis económica, sanitaria y social por la pandemia, pueden suponer un antes y un después para un continente golpeado por el coronavirus. Y eso lo saben en Bruselas y en las 27 capitales. Y, por eso, la Comisión Europea está intentando jugar la baza de los fondos para intentar frenar la deriva autoritaria y homófoba de países como Hungría y Polonia, que ya intentaron a finales del pasado año bloquear estos fondos por su vinculación con el cumplimiento del Estado de Derecho, preocupación permanente en los últimos años en el Ejecutivo comunitario.
Por eso, acaba de decir que el plan de recuperación húngaro, que tendría que haber resuelto para mediados de julio, no tendrá veredicto de Bruselas antes del 30 de septiembre, a la espera de que Viktor Orbán despeje alguna de las múltiples dudas que genera en la UE entregarle dinero. Así lo anunció el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Economía, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa al término de una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).
Según las reglas de los fondos, la Unión Europea prevé un plazo máximo de dos meses para que Bruselas evalúe cada plan nacional y emita la recomendación --positiva o negativa-- al Consejo, para que sean los 27 quienes tomen la decisión final de aprobar o rechazar los planes. En el caso de Hungría, dicho plazo expiró el pasado 13 de julio sin que la Comisión haya concluido su examen porque hacen falta “aclaraciones” por parte del Gobierno de Orbán, que ya ha acusado a Bruselas de estar retrasando su dictamen para presionar a Hungría para retirar sus leyes homófobas.
En cuanto a Polonia, Varsovia y Budapest, ya acordaron una prórroga hasta el 1 de agosto, pero Dombrovskis no excluyó este lunes que sea necesaria una nueva extensión, si bien formalmente no se ha solicitado.
Problemas de corrupción e independencia judicial
Así, el último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en los 27 señala específicamente a Hungría y Polonia por los problemas relacionados con la independencia judicial y la corrupción, fundamental a la hora de gestionar los fondos europeos en tanto que es una exigencia del Semestre Europeo –sistema de gobernanza económica de la Comisión Europea–, uno de los elementos clave para evaluar los planes nacionales. En cuanto a Hungría, el informe señala “riesgos de clientelismo, favoritismo, nepotismo entre los altos funcionarios de la administración pública y amiguismo entre empresarios y dirigentes”. Y esto es lo que hace peligrar los 7.000 millones de los fondos europeos de recuperación que le corresponden a Hungría, además de aquellos que provienen del Marco Financiero Plurianual –los presupuestos de la UE para 2021-2027–.
Pero, además de las preocupaciones sobre la deriva autoritaria y corrupta, en Bruselas acaban de lanzar un procedimiento de infracción contra el país por sus leyes homófobas, y que el gobierno húngaro dice que someterá a referéndum, manteniendo un pulso que le puede suponer que el caso llegue al tribunal de justicia de la UE y que la Comisión Europea imponga una multa millonaria al país.
En situación similar se encuentra Polonia, la otra pata iliberal de la UE, gobernado por los aliados de Vox y cuyo Tribunal Constitucional, poderosamente influido por el Ejecutivo, dictaminó hace unos días que el derecho polaco primaba sobre el europeo, lo que puede traducirse en una sanción de unos tres millones de euros si no decide empezar a acatar los autos de la justicia europea antes del 16 de agosto.
El comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, ha enviado una carta a Polonia, pidiendo que explicara cómo piensa aplicar las medidas provisionales y la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para salvaguardar la independencia judicial. “No dudaremos en hacer uso de nuestros poderes en virtud de los Tratados”, ha afirmado.
La Comisión Europea, además, ha dado a Polonia hasta 16 de agosto para cumplir con las sentencias del Tribunal de la UE. En caso contrario, impondrá una sanción económica. “Los derechos de los ciudadanos y las empresas de la UE deben protegerse de la misma manera en todos los estados miembros. No puede haber ningún compromiso en esto”, ha afirmado la vicepresidenta Vera Jourova.
Enfrentamiento en el Parlamento Europeo
Tanto en el caso de Polonia como en el de Hungría, el enfrentamiento también se está produciendo en el Parlamento Europeo, que a principios de julio aprobó una resolución en la que pedía a Bruselas que no apruebe el acceso de Hungría a los 7.000 millones de los fondos de recuperación por la pandemia hasta que se constate que el presupuesto de la UE no vaya a “contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales” en el país.
La resolución fue aprobada por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, y en ella se condenan las leyes homófobas húngaras. En contra votaron el grupo de Conservadores y Reformistas de Vox; y los ultraderechistas de Identidad y Democracia (ID); mientras que el Partido Popular español de Pablo Casado se abstuvo en bloque, a excepción de Esteban González Pons, vicepresidente del grupo parlamentario de los populares europeos, quien sí ha apoyado la resolución como la mayoría de su grupo.
El Parlamento Europeo también instaba a la Comisión Europea a que active el mecanismo de condicionalidad que en ciertos casos vincula la obtención de fondos comunitarios con el cumplimiento de los valores europeos, creado a final de 2020, si bien aún no se ha puesto en marcha al estar recurrido por Hungría y Polonia ante el TJUE, que no decidirá antes de que pasen algunos meses.
El requisito para activar este mecanismo es que corra peligro la buena administración del dinero europeo o los intereses financieros de la Unión Europea.
“Europa nunca permitirá que se estigmatice a partes de nuestra sociedad: ya sea por las personas a las que aman, por su edad, su origen étnico, sus opiniones políticas o sus creencias religiosas”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace unos días en el Parlamento Europeo.
Bruselas defiende que “la igualdad y el respeto de la dignidad y los derechos humanos son valores fundamentales de la UE, consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”, por lo que “usará todos los instrumentos a su alcance para defender estos valores”.
En Hungría, los casos denunciados incluyen la ley recientemente aprobada, que prohíbe o limita el acceso a contenido que promueve la llamada “divergencia de la identidad propia correspondiente al sexo al nacer, cambio de sexo u homosexualidad” para personas menores de 18 años; y un descargo de responsabilidad –disclaimer– en libros para niños con contenido LGTBIQ.
En relación con Polonia, la Comisión Europea considera que las autoridades polacas no respondieron completa y adecuadamente a su investigación sobre la naturaleza y el impacto de las llamadas “zonas libres de ideología LGTB” adoptadas por varias regiones y municipios polacos.
Los dos Estados miembros disponen ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por la Comisión. De lo contrario, la Comisión Europea puede decidir enviarles un dictamen motivado y, en un paso posterior, remitirlos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.