Fumata blanca. La Comisión Europea ha dado el visto bueno a la segunda parte del Plan de Recuperación y Resiliencia presentado por España. El Gobierno presentó la denominada adenda el pasado mes de junio y, tras ampliar el plazo de análisis fundamentalmente por el parón estival, Bruselas ha aprobado las propuestas del Ejecutivo encaminadas a la recepción de hasta 93.500 millones. La revisión no afecta a las dos grandes reformas pendientes: lo que tiene que ver con las pensiones y la reforma fiscal que tiene que estar lista a finales de 2026. La principal novedad es que da el visto bueno a la petición del Gobierno de descartar la imposición de peajes en las autovías a partir de 2024, que figuraba en el plan inicial.
Fuentes de la Comisión Europea explican que han accedido a la modificación en buena medida por el incremento de los costes de los usuarios de las carreteras durante la crisis energética y porque la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) bajo la premisa “quien contamina paga” ya contempla gravar al transporte por carretera.
“Ha sido reemplazada por provisiones que promocionan el uso del transporte ferroviario por carretera para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, ha explicado en una rueda de prensa la portavoz de Economía de la Comisión, Veerle Nuyts.
Los peajes en las autovías se convirtieron en uno de los principales choques durante la campaña electoral cuando Alberto Núñez Feijóo se lo echó en cara a Pedro Sánchez en el debate electoral. “¿Pero qué dice, señor Feijóo?”, le respondió el presidente. Sin embargo, en aquel momento la imposición de “un sistema de financiación” de las autovías era uno de los compromisos del plan de recuperación. No obstante, el Gobierno había pedido un mes y medio antes descartar esa medida en la adenda que había presentado en Bruselas. Por entonces no había recibido aún el visto bueno del ejecutivo comunitario.
Con la aprobación de esa modificación del plan de recuperación, que supone cambios en un total de 52 de las medidas iniciales, se desbloquea el acceso a 93.500 millones de euros: 83.200 en préstamos y otros 10.300 millones en transferencias (7.700 correspondientes al ajuste del plan inicial por hundimiento de la economía mayor del inicialmente previsto y 2.600 del programa RePowerEU). Una vez que los 27 den la luz verde definitiva, 1.400 millones del RePowerEU se trasladarán directamente a las arcas públicas de España en concepto de prefinanciación.
La decisión supone un nuevo calendario de pagos para los desembolsos de transferencias y préstamos, con el que España podrá recibir desembolsos de hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026, según el Ministerio de Economía. La mayoría de los cambios se deben a la coyuntura macroeconómica derivada de la guerra en Ucrania, a la inflación, a la propuesta de “mejores alternativas para conseguir el objetivo inicial” o por “dificultades técnicas o legales inesperadas”.
“Los préstamos se canalizarán a través de los PERTE y de 12 fondos, gestionados por el ICO, el Banco Europeo de Inversiones y otras entidades públicas, con la colaboración de las entidades financieras”, explica el departamento de Nadia Calviño. La intención es que 20.000 millones de euros residan en un fondo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar inversiones como la vivienda, el agua, la gestión de residuos o el I+D+I en las comunidades autónomas. Otros 22.500 euros se gestionarán a través del ICO para dar financiación en condiciones favorables a empresas y pymes destinada a la transición verde y digital.
“Se dotará un compartimento específico de 1.000 millones de euros para el sector turístico y otro de 1.500 millones para el sector audiovisual. También se dotará con 4.000 millones de euros el fondo Next Tech para el crecimiento de startups en tecnologías disruptivas. Se destinarán 4.000 millones de los préstamos para financiar la inversión en vivienda, con el objetivo de aumentar la oferta de alquiler social o a precio asequible, a través de la iniciativa privada y la mejora del parque público de viviendas”, agrega el ministerio sobre la adenda, que incluye un programa específico de 50 millones de euros para investigar las enfermedades raras como la ELA.
Aval a las deducciones fiscales del coche eléctrico
La Comisión Europea ha dado el visto bueno a las deducciones fiscales puestas en marcha por el Gobierno para la rehabilitación de viviendas encaminada a la eficiencia energética entre 2024 y 2025 y fomentar la compra de coches eléctricos a través de una desgravación del 15% en el IRPF hasta un total de 20.000 euros. Debido a los problemas en la cadena de suministros, el despliegue de la red de recarga se podrá alargar dos años sobre lo previsto.
Otro modificación que recoge la adenda al Plan de Recuperación es la extensión de los programas formativos diseñados inicialmente para trabajadores en ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo) del sector turístico y de otros “estratégicos” a todos los desempleados. Estos programas financiados por los fondos europeos tienen que tener un 30% del contenido centrado “en habilidades relacionadas con el cambio climática” y otro 30% con lo digital. Hasta ahora, se han beneficiado 825.000 personas, que en la adenda se describe como “una demanda baja”. Estos programas estarán vigentes hasta el final de 2025.
España es el país que más avanzada lleva la ejecución del plan de recuperación, con el que aspira a recibir un total de 160.000 millones de euros en transferencias directas y préstamos. Por el momento ha recibido más de 37.500 millones de euros, más de la mitad de lo previsto en transferencias, en tres pagos. Es el único estado miembro que ha recibido el tercer desembolso.
Actualmente está trabajando en las reformas correspondientes al cuarto y en la Comisión Europea restan importancia al retraso que ya lleva en su implementación, que reconocen que es común a todos los estados miembros, y específicamente en España por el adelanto electoral, que dejó algunas medidas sin aprobar por la disolución de las Cortes. Así, sostienen que los plazos para la puesta en marcha del plan son “orientativos” y subrayan que lo fundamental es que esté todo implementado en agosto de 2026. Esas mismas fuentes restan importancia a la situación de interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez y al retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales de 2024.
Los 27 pusieron en marcha esa herramienta valorada en un total de 800.000 millones para salir de la crisis que dejó la pandemia. Ahora los responsables económicos de Bruselas insisten en que ejecutarla es la forma para activar la economía en un momento en el que el crecimiento es menor del esperado y el pesimismo comienza a apoderarse de los técnicos comunitarios y algunas capitales. Sin embargo, el segundo informe de ejecución de la Comisión Europea supuso un jarro de agua fría puesto que sólo se han dispuesto el 22% de los fondos. De hecho, seis países ni siquiera han solicitado desembolsos.
Lo que le recomienda Bruselas a España de cara a la segunda fase del plan es que refuerce su “capacidad administrativa” para canalizar los fondos restantes, que suponen más del doble de lo percibido hasta ahora.
Más transición ecológica y digital
“El plan modificado asigna el 40% de los fondos disponibles a medidas de apoyo a los objetivos en materia de lucha contra el cambio climático. El plan revisado abarca 30 nuevas medidas sobre la acción por el clima, con lo que la contribución ecológica total asciende a 65.000 millones de euros (frente a los 27.600 millones de euros del plan original)”, explica la Comisión Europea en un comunicado: “La nueva reforma, la ampliación de la inversión y las siete nuevas inversiones incluidas en el capítulo de REPowerEU contribuyen considerablemente a la dimensión ecológica del plan. La reforma tiene por objeto facilitar la implantación de fuentes de energía renovables y racionalizar la tramitación de las solicitudes de autorización. Las siete nuevas inversiones se centran en el hidrógeno renovable, la cadena de valor de las energías renovables, las redes eléctricas y la descarbonización de la industria. La ampliación de la inversión apoyará el autoconsumo, el almacenamiento y las comunidades de energía”.
“También se han ampliado los objetivos de plan español en materia digital gracias a 18 nuevas medidas que contribuirán a la transición digital al fomentar el desarrollo de tecnologías avanzadas, prestar apoyo a las empresas emergentes e invertir en investigación y desarrollo (I+D). El plan revisado dedica el 26 % de su asignación total a sostener la transición digital del país. El plan modificado incluye varias medidas nuevas relacionadas con las tecnologías digitales avanzadas, con inversiones estratégicas en toda la cadena de valor de microprocesadores avanzados, desde la I+D hasta la fabricación. También se prevén cuantiosas inversiones que sostendrán la expansión de las empresas tecnológicas emergentes, la mejora del acceso a la financiación para las empresas del sector audiovisual y el fomento del uso de nuevas herramientas tecnológicas en el sector de los medios de comunicación. Se estimulará la digitalización del sector de la gestión del agua y de la administración pública mediante inversiones adicionales, también en ciberseguridad”, apostilla el ejecutivo comunitario.