Bruselas le dijo a España en octubre por carta que no excluía “riesgos en el ajuste requerido” en los presupuestos que había enviado a la Comisión Europea y apremiaba al Gobierno para que remitiera “un marco completo de las medidas”. Tres semanas después, a principios de noviembre, Bruselas insistía en sus reservas en las previsiones de otoño: preveía una “suave desaceleración” del crecimiento en España y mostraba duda sobre medidas del plan presupuestario de 2019. Y, ahora, en el día en que se publican sus evaluaciones sobre los proyectos de presupuestos, Bruselas, que prioriza el déficit y la deuda por encima de cualquier indicador microeconómico o social de los países, vuelve a aguar el proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez al considerar que pone en riesgo la estabilidad fiscal.
“El borrador presentado por España presenta riesgos de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019, en virtud de la proyección del Pronóstico Económico de Otoño de 2018, que prevé una desviación significativa de la senda de ajuste requerida hacia el objetivo presupuestario a medio plazo y el no cumplimiento de reducción de la deuda en 2019”, afirma la evaluación publicada este miércoles.
“El Informe del Mecanismo de Alerta (AMR)”, explica Bruselas, “que sirve como dispositivo de detección diseñado para detectar la existencia de desequilibrios macroeconómicos, ha identificado a 13 Estados miembros que serán sometidos a una revisión en profundidad en 2019. Estas revisiones evaluarán si en realidad están experimentando Desequilibrios macroeconómicos. Los Estados miembros que experimentaron desequilibrios en la ronda anterior del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos (PIM) estarán, por defecto, cubiertos por una revisión a fondo en 2019. Estos son: Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, España y Suecia. Grecia y Rumania también estarán sujetos a una revisión en profundidad”.
Las reservas de Bruselas, adelantadas por El País, llegan en un momento en el que el propio Gobierno da por hecho que no llevará el proyecto al Congreso al carecer de apoyos entre algunos de los grupos que apoyaron la moción de censura a Mariano Rajoy y colocaron a Sánchez en La Moncloa, como son el caso de los independentistas catalanes, que no quieren pactar nada mientras haya políticos presos.
En sus previsiones de otoño, Bruselas preveía que fuera a seguir el crecimiento, pero menos de lo esperado y a un ritmo más suave. Este pronóstico, afirmaba la Comisión, “se basa en una evaluación cautelosa de las medidas incluidas en el plan presupuestario para 2019: existe incertidumbre con respecto al rendimiento de algunas de las nuevas medidas fiscales, así como el impacto fiscal del aumento previsto del salario mínimo. Además, algunas de las medidas de gasto planificadas pueden no ejecutarse en su totalidad [sin especificar cuáles]”.
Así, la Comisión Europea calculaba que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) prevista por el plan presupuestario del Gobierno, hasta 900 euros al mes, tendrá un impacto negativo de entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo en la creación de empleo y elevará la masa salarial total del país en un 0,35% en el mismo plazo.
En cuanto a su impacto sobre la recaudación, el Ejecutivo comunitario estimaba que sería menor que los 1.500 millones que calcula el Gobierno, pero no se alejará mucho. Así, Bruselas establecía que el aumento de la base mínima de cotización elevará la recaudación en unos 750 millones y que los efectos secundarios derivados la aumentarán hasta superar los 1.000 millones.
“Es su quinto año de expansión”, afirma la Comisión, “la economía española empieza a mostrar signos de una suave desaceleración en la primera mitad del año. De acuerdo con las cuentas nacionales revisadas, el crecimiento del PIB fue del 0,6% entre el primer trimestre y el segundo, algo menor de lo anticipado. Todo esto, unido con una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para 2017, hacen que el crecimiento para 2018 sea menor en su conjunto”.
Bruselas prevé que “el ritmo de la actividad económica se mantenga estable en la segunda mitad de 2018, por el efecto de las medidas contenidas en los presupuestos de 2018, para apoyar el por otro lado moderado consumo privado”. Así, el crecimiento del PIB para 2018 es del 2,6%, 0,2 puntos por debajo de las previsiones hechas en verano.
España sigue sujeta al componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: esto es, inmerso en un procedimiento de déficit excesivo porque aún no ha terminado el ejercicio por debajo de 3%. “Se prevé que el déficit público de España caiga por debajo del 3% el próximo año, y que el país salga del Procedimiento de Déficit Excesivo, lo que significa que España quedará sujeta a la sección preventiva del Pacto a partir del próximo año”, afirma Bruselas.
La evaluación negativa de Bruselas llega en un momento en el que el Gobierno asume que no tiene apoyos para los presupuestos, por lo que no los someterá a votación parlamentaria y tendrá que gobernar con los de Mariano Rajoy prorrogados. Esta idea ya la adelantó Calviño hace unas semanas en Bruselas: “Seguimos trabajando para armar esos consensos y lograr ese apoyo, y si al final no se hiciese, el sistema prevé, no es la primera vez que sucede, la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios. En todo caso, hemos puesto sobre la mesa la creación de nuevos impuestos que será enviada las Cortes en las próximas semanas”.
En el caso de que el Gobierno decida prorrogar las cuentas, tendrá que volver a enviarlas a Bruselas, que a su vez emitirá una nueva opinión.
El fracaso en los presupuestos está reabriendo el debate sobre el adelanto electoral en el PSOE. La aprobación de las cuentas públicas para 2019 era el punto de inflexión que los socialistas unieron a la posibilidad de convocar los comicios. Ahora que el momento se acerca, el presidente reconoce que no los presentará si no tiene amarrados los apoyos, pero que seguirá en Moncloa sacando adelante la “agenda del cambio” a través de decretos hasta que el Parlamento se lo impida bloqueando sus iniciativas.
Esa era la versión oficial que salía del Palacio de la Moncloa hasta que este lunes el hombre fuerte de Sánchez en el Gobierno y en Ferraz, José Luis Ábalos, abrió la puerta a que la fecha de las elecciones se acelere. “Nada es descartable”, respondió a la pregunta concreta de si ve factible que las generales coincidan con las municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo.
Se desmarcó así de la línea pautada y el presidente, que compareció un par de horas después desde Rabat, se limitó a decir que es de “sentido común” barajar todas las opciones, pero que será él quien decida cuándo llama a las urnas. “El precedente nos da cinco meses de margen y con eso sí que se llega a octubre”, señalan fuentes de Moncloa, que asumen que ese sería el “ritmo natural” del adelanto electoral al que se podría llegar como máximo “sin presupuestos”. “Llegar a junio de 2020 es complicado”, admiten esas fuentes.
En el caso de Italia, habiendo evaluado el borrador del presupuesto revisado presentado el 13 de noviembre, “la Comisión confirma la existencia de un caso especialmente grave de incumplimiento de la Recomendación dirigida a Italia por el Consejo el 13 de julio de 2018. La Comisión ya había adoptado una Opinión del 23 de octubre de 2018 que identifica un incumplimiento particularmente grave en el DBP inicial presentado por Italia el 16 de octubre de 2018”.
“La Comisión Europea va a asumir su responsabilidad en nombre de los ciudadanos italianos”, ha afirmado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici: “El tamaño de la deuda sigue siendo lo que más nos preocupa, así que hoy hemos adoptado un nuevo informe sobre su deuda. Y esta vez la conclusión es que no está respetando el criterio de deuda y que está justificado un procedimiento por exceso de deuda, lo que no significa que se vaya a iniciar. Tienen que decidirlo los Estados en dos semanas. Si estuvieran de acuerdo, la Comisión tendría que preparar su procedimiento de déficit excesivo y tendríamos que debatir las modalidades concretas con las actividades italianas”.
Con un 131,2% del PIB en 2017, el equivalente a € 37,000 por habitante, la deuda pública de Italia supera el 60% del valor de referencia del PIB del Tratado. Bruselas defiende su nuevo análisis de la deuda italiana por “porque los planes fiscales de Italia para 2019 representan un cambio sustancial en los factores relevantes analizados por la Comisión en mayo pasado. El análisis presentado en este nuevo informe bajo el Artículo 126 (3) [el de la apertura de un procedimiento sancionador] del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incluye la evaluación de todos los factores relevantes y, en particular: el hecho de que las condiciones macroeconómicas, a pesar de los riesgos a la baja recientemente intensificados, no pueden explicar las grandes dificultades de Italia para cumplir con el índice de referencia de reducción de deuda, dado un crecimiento nominal del PIB superior al 2% desde 2016; el hecho de que los planes del gobierno implican un marcado retroceso en las reformas estructurales anteriores que mejoran el crecimiento, en particular las reformas previas a las pensiones; y, sobre todo, el riesgo identificado de una desviación significativa de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2018 y el incumplimiento especialmente grave para 2019 con la recomendación dirigida al Consejo por Italia el 13 de julio de 2018, basada tanto en los planes del Gobierno como en el pronóstico de otoño de la Comisión de 2018. En general, el análisis sugiere que el criterio de deuda según lo definido en el Tratado debe considerarse como no cumplido, y que, por lo tanto, se justifica un procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda”.