La Comisión Europea plantea que los asesores fiscales y otros intermediarios como abogados, consultoras y auditores de cuentas estén obligados a delatar a aquellos clientes que pretendan poner en marcha operaciones que faciliten el fraude y la evasión fiscal.
Bruselas lanzó el pasado día 10 una consulta pública para recabar opiniones “sobre si es necesaria una acción a nivel comunitario para introducir medidas más efectivas para desincentivar a los intermediarios involucrados en operaciones que faciliten la evasión fiscal”.
La consulta llega tras escándalos como los Papeles de Panamá o Luxleaks, que pusieron negro sobre blanco el papel fundamental de este tipo de asesores y de grandes firmas como PwC y las otras tres grandes consultoras (Deloitte, EY y KPMG) en la creación de estructuras offshore para evadir impuestos. El exponente más claro en España es el despacho de asesoría fiscal Nummaria, investigado por la Audiencia Nacional por los delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
“Recientes informaciones han puesto de manifiesto que algunos intermediarios, por ejemplo asesores fiscales, han ayudado a sus clientes a trasladar beneficios a otros territorios para eludir el pago de impuestos. Si bien algunas operaciones complejas y la creación de empresas offshore pueden estar totalmente justificadas, está claro que la legitimidad y, en algunos casos, la legalidad, de otras actividades podrían ser cuestionables”, señala Bruselas.
La Comisión “desea recabar opiniones sobre cómo podría implantarse un régimen de información obligatoria para los asesores fiscales. Estas normas obligarían a los intermediarios a facilitar información desde una fase temprana sobre los mecanismos que podrían considerarse planificación abusiva o agresiva a efectos fiscales”.
Esta consulta pública “servirá para decidir si es oportuno introducir normas vinculantes a nivel de la UE y, en caso afirmativo, cuál sería el instrumento jurídico más apropiado”. Estará abierta hasta el 16 de febrero y pretende recoger opiniones de todos los interesados en la materia (ciudadanos, empresas, ONG, académicos autoridades locales y otras autoridades públicas, organizaciones internacionales, etc.). Los comentarios se publicarán, aunque podrán ser anónimos a petición del interesado.
Dónde se aplica
La consulta nace de una recomendación de la Comisión Europea publicada en julio que ya abogaba por regular estos regímenes, en consonancia con las recomendaciones del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según este organismo, entre los países de la OCDE y los países del G20, la obligación de informar a las autoridades sobre estas prácticas está vigente en Estados Unidos (desde 1984), Canadá (1989), Suráfrica, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Israel y Corea del Sur.
Como señalaba en julio en un artículo en Cinco Días Jesús Rodríguez, exdirector de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y socio director de Práctica Tributaria del despacho F & J Martín Abogados, esta medida obligaría “a poner en conocimiento de la Administración los esquemas de planificación fiscal que presentan determinadas marcas, de forma que pueden ser sospechosos de constituir una planificación ilícita o agresiva”.
“Para la Administración, disponer de dicha información presenta múltiples ventajas, desde poder planificar de mejor manera sus actuaciones de control hasta impulsar cambios normativos que corrijan lagunas existentes en nuestro Derecho aprovechadas por los contribuyentes”, añadía este experto.
El Ministerio de Hacienda no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre su postura sobre este asunto. Tampoco hace comentarios la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que esta semana ha pedido al nuevo Gobierno, entre otras muchas medidas, que no se dé marcha atrás a la amnistía fiscal que Cristóbal Montoro puso en marcha en 2012 porque sería “inconstitucional”. AEDAF también propone, entre otras cosas, que se cercenen los nombres de la lista de morosos dela Agencia Tributaria para que sólo se publiquen los deudores condenados por sentencia penal firme.