Hasta hace nada había un manual en Bruselas. ¿Que hay deuda o déficit de más? Se recortan pensiones, prestaciones sociales; y se despiden funcionarios. Alexis Tsipras [ex primer ministro de Grecia] sabe bien de eso. Y también Mariano Rajoy, quien pidió el rescate del sistema financiero, mientras aprobaba reformas laborales “agresivas”, en palabras de Luis de Guindos, subía el IVA además de implementar una reforma de las pensiones con un factor de sostenibilidad y un mecanismo de subidas anuales que suponían su semicongelación inmediata y recortes a futuro. Y con un agravante: Rajoy propuso ese sistema que, en la práctica, jamás se aplicó, algo que saben en Bruselas y que, en las presentes negociaciones llevadas a cabo por el ministro José Luis Escrivá estaba presente: la falta de palabra del Gobierno de Rajoy sobre pensiones.
El manual de Bruselas, aquel de los hombres de negro, la troika y de quienes compartían su visión del mundo al frente de los gobiernos de la UE, pasaba por la ortodoxia liberal de los recortes, los ajustes y las privatizaciones.
Pero llegó una pandemia, y demostró que la calidad de la sanidad, derivada de la inversión pública y de los impuestos, marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y llegaron unos desajustes presupuestarios para afrontar una crisis social, sanitaria y económica. Tanto la Comisión Europea como los 27 países de la UE decidieron apostar por abrir el grifo del gasto público y por crear un nuevo fondo de recuperación de 750.000 millones de euros emitiendo deuda y con nuevos impuestos europeos para su repago –Next Generation EU–.
El paradigma había cambiado. ¿Hasta cuándo va a durar? Es la pregunta recurrente. Pero, de momento, parece que persiste. Y, a cuenta de la crisis causada por la invasión rusa de Ucrania, la UE incluso ha aprobado la excepción ibérica para que España y Portugal puedan desacoplar el precio del gas de la factura de la luz y reducir los precios. Además, en la semana próxima se espera una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo, algo impensable hace un año; como también era impensable que la UE limitara los beneficios de las grandes energéticas y pusiera un tope al precio del gas.
España ya ha recibido 12.000 millones de euros en fondos europeos a cambio de una reforma laboral inédita, pactada con sindicatos y patronal. La reforma de Yolanda Díaz, a la que se opuso la derecha –también ERC y Bildu– y que salió por un voto equivocado de un diputado del PP, es la primera de las aprobadas en España que recupera derechos, en lugar de recortarlos.
Algo similar está ocurriendo con la reforma de las pensiones, cuya aprobación ha ido por partes, siempre de la mano de Bruselas por estar vinculada al fondo de recuperación, pero en la que desde el inicio el Ejecutivo de coalición mostró su voluntad de volver al consenso social y político y acabar con los recortes unilaterales que impuso el PP en 2013. El artífice para ello, el ministro José Luis Escrivá, de perfil técnico y un gran conocedor de la Seguridad Social fruto de su mandato al frente de la AIReF, organismo independiente, fundamental para Bruselas, que ahora tendrá la responsabilidad de proporcionar, cada tres años, los datos económicos sobre la evolución del sistema de pensiones para, en función de eso, graduar el aporte de las cotizaciones sociales.
La reforma de pensiones supone 10.000 millones de euros, una vez que se publique en el BOE dentro de los parámetros acordados con la Comisión Europea, y, por primera vez también, no es una reforma que afronte los retos del retiro del baby boom y el envejecimiento de la población desde el recorte de derechos. Es más, la reforma consta de una primera parte, que recuperó la indexación anual con el IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que ya está en vigor, recibió el visto bueno con Bruselas y tuvo su compensación económica.
Ahora se entra en la siguiente fase, la final, sobre cómo financiar y sostener el sistema. Tendría que haberse aprobado a finales de diciembre, de acuerdo con los calendarios pactados con Bruselas, pero al final será más tarde, aunque en el gobierno comunitario no ha generado ninguna inquietud puesto que sostienen que los plazos son “orientativos”. Y, en todo caso, pone el foco en algo novedoso dentro de las negociaciones comunitarias. Al contrario de Francia, donde el país está encendido por la reforma de Emmanuel Macron, la solución en España no pasa por alargar la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque ahora se está poniendo el foco en el refuerzo del sistema desde los ingresos, no gracias a la merma del gasto.
Los equilibrios económicos pueden obtenerse de dos maneras, por la vía de los ingresos –recaudación– o por la vía de los gastos. El librillo habitual de los maestrillos de la década pasada, se centraba fundamentalmente en el recorte del gasto por la recaudación por la vía de los impuestos indirectos, los más injustos –el IVA–, pues no son progresivos y son iguales para todo tipo de rentas.
Así, la reforma pactada por el ministro José Luis Escrivá en Bruselas y acordada con Unidas Podemos, no pasa por recortar el gasto ni retrasar la edad de jubilación, que ya se hizo en España en 2011, hasta los 67 años de forma progresiva. Ni siquiera decreta la ampliación generalizada del cómputo de años para la pensión, como había estado defendiendo hasta hace poco. La reforma se centra en aumentar los cotizaciones de quienes más ganan, es decir, de quienes más cobran, los cuales, a su vez, se verán beneficiados de un aumento de las pensiones más altas. Aunque también se aportará una parte sin retorno, solo en el caso de los salarios muy elevados, a los que se asignará una “cuota de solidaridad”.
A pesar de este aumento en las cotizaciones más altas, el coste por empleado en España está muy por debajo de la media comunitaria, como explicaba el ministro Escrivá con datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE.
Escrivá también mostraba la diferencia con las grandes economías europeas.
Unidas Podemos ha celebrado ampliamente el acuerdo alcanzado con Escrivá para la reforma de las pensiones y han subrayado en especial ese cambio por parte de Europa. Fuentes del grupo confederal y de la vicepresidencia segunda de Yolanda Díaz defendían este viernes que es “muy importante” que en Bruselas se haya entendido que existen fórmulas para la reforma de las pensiones que “no pasan por el recorte”. “Es histórico, es dar un vuelco a los mecanismos”, señalan estas fuentes.
Este ala del Gobierno reivindica este “cambio de paradigma” y se ha repetido por varios miembros de la formación: “Demuestra que lo que siempre hemos dicho era posible”. En Unidas Podemos se ha puesto mucho énfasis en el aumento de los ingresos al sistema con los nuevos mecanismos y, sobre todo, las dos alternativas elegibles de cómputo de años trabajados para acceder a la jubilación durante las primeras dos décadas. “No eran viables políticamente dentro del Gobierno de coalición los términos en los que inicialmente se planteó la reforma”, zanjaban. Eso sí, a partir de 2044 solo estarán vigentes los mejores 27 años de los últimos 29, aunque la Seguridad Social ha convencido a sus socios de la mejora para las carreras laborales más inestables.
Las negociaciones, desarrolladas a varias bandas, no han sido fáciles. En menos de un mes, José Luis Escrivá cogió el avión en dos ocasiones para reunirse con el gobierno comunitario. La primera fue el 26 de enero y lo hizo en secreto. La segunda unas semanas más tarde, el 20 de febrero. Entonces el ministro de Seguridad Social dio por hecho que el camino estaba allanado. “Queda muy poco”, dijo a los periodistas al acabar al reunión con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Ahora bien, lo que dejó claro es que la reforma incluiría el periodo de cálculo, que era uno de los asuntos que hasta entonces generaba tiranteces con los socios.
El departamento de Escrivá quería asegurarse de que los cambios que se incluyeran en la reforma fruto de la negociación con sindicatos y partidos políticos no pusieran en riesgo el desembolso de fondos europeos, un convencimiento con el que ha puesto lazo final al acuerdo de este jueves por la noche.
“Ha habido intensos intercambios en las últimas semanas en relación con los compromisos adquiridos por España sobre la sostenibilidad fiscal incluida en el paquete de reforma de las pensiones”, reconocen en la Comisión Europea, donde dejan en el tejado del Gobierno los anuncios sobre las medidas que pretende llevar a cabo y también la evaluación definitiva sobre las mismas, ya que antes de llegar al BOE se tiene que ratificar en el Congreso.
Por ahora el PNV, que es una pieza clave del apoyo parlamentario de la coalición, ha dicho que tiene que esperar a ver la letra pequeña y EH Bildu ve avances, pero cree que aún es “insuficiente”. ERC ha sido otro socio muy activo en la negociación, que ha celebrado este viernes que se hayan incluido varias de sus propuestas. Los empresarios ya han mostrado su rechazo rotundo a la propuesta, incluso con una amenaza velada de subir menos los salarios, mientras que los sindicatos son favorables al texto presentado aunque intentarán arrancar alguna otra mejora.
En la reforma laboral el Ejecutivo ya tuvo que sudar la camiseta para negociar con los aliados y la votación estuvo a punto de descarrilar. En esta ocasión, el departamento de Escrivá (y los sindicatos) no querían sorpresas y se ha trabajado para llegar a la tramitación parlamentaria con más respaldo político. Aun así, con estos precedentes, las autoridades europeas apuestan por la prudencia a la hora de echar las campanas al vuelo y recuerdan que la evaluación de los hitos solo tiene lugar cuando se han completado todos los correspondientes a una solicitud de pago, en este caso el cuarto desembolso de los fondos europeos.
En cualquier caso, el acuerdo alcanzado en el seno de la coalición da oxígeno a Pedro Sánchez en una semana en la que la tensión entre los socios de la coalición se ha disparado por la reforma de la 'ley del sólo sí es sí', tramitada en el Congreso con los votos de PSOE y PP, en contra de UP y el Ministerio de Igualdad. Y el beneplácito de Bruselas a Escrivá en sus muchos contactos hasta llegar a este viernes supone un aval más de la Comisión Europea a las reformas del Gobierno, por las cuales España ya ha recibido 37.000 millones del fondo de recuperación. Aún le quedan otros 140.000, entre préstamos y subvenciones.
España es el país que antes está recibiendo los fondos Next Generation EU, porque ha estado a la cabeza de la aprobación de sus planes de reforma en Bruselas, y, también, en el diálogo social y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados. Y todo ello a pesar del ruido y las campañas de la oposición en Bruselas cuestionando la capacidad del Gobierno y de las administraciones públicas para gestionar los fondos. La última de ellas, a cuenta del caso Mediador, si bien la jueza ha terminando imputando los sobornos más graves del caso al general que el Gobierno de Rajoy envió al Sahel.
Pero no ha sido la única vez: el PP ha calificado de “timo ibérico” la excepción ibérica; ha azuzado las críticas siempre que ha podido en el Parlamento Europeo; e incluso sus presidentes Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo han viajado a Bruselas para cuestionar la gestión de los fondos europeos, a pesar de que España va a la cabeza en su ejecución. “¡Enhorabuena, España! Continúa con el buen trabajo, la Comisión está a vuestro lado”, dijo la presidenta, Ursula von der Leyen, cuando se desbloqueó el tercer pago, que supondrá que España reciba más de la mitad de la cantidad prevista hasta 2026.
El Gobierno espera esos 6.000 millones en las “próximas semanas” y después solicitará el cuarto desembolso correspondiente, entre otras cosas, a la reforma de pensiones que se acaba de pactar y sobre la que todo indica que volverá a conseguir el respaldo de los sindicatos y una mayoría progresista en el Congreso.
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