Jean-Claude Juncker se despidió del Parlamento Europeo, a finales del octubre pasado, pidiendo perdón al “pueblo griego” por haberlo “pisoteado”. El ex presidente de la Comisión Europea entonaba el tercer mea culpa en su último año al frente del Ejecutivo comunitario por los recortes de derechos y servicios sociales, sacrificios económicos a los que se sometió a los griegos a cambio del rescate del país pilotado por la troika.
“Durante demasiado tiempo hemos pisoteado la dignidad del pueblo griego”, dijo Juncker en octubre pasado. “Siempre he lamentado la falta de solidaridad con la crisis griega”, dijo Juncker en Estrasburgo durante su discurso sobre el 20 aniversario del euro: “No fuimos solidarios con Grecia, la insultamos, la injuriamos, y nunca me he alegrado de que Grecia, Portugal y otros países se encontraran así. Siempre he querido que remontaran su lugar entre las democracias de la UE”.
Por el camino, ha vuelto la derecha al poder político en Grecia de la mano de Kyriakos Mitsotakis y, con él, las élites familiares y las biblias.
Este miércoles, el Semestre Europeo, el mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea, ha publicado sus recomendaciones de primavera por países. Y lo ha hecho asumiendo por primera vez la agenda 2030. Es decir, señalando las carencias en servicios sociales, que mucho tienen que ver con las recetas decretadas en la última década. Esas recetas que, como decía Juncker, pisotearon a pueblos como el griego.
“El sistema de salud español ha estado ofreciendo buenos resultados a pesar del nivel relativamente bajo de inversiones”, afirma la Comisión Europea en su informe sobre España: “Sin embargo, el estallido de la pandemia del COVID-19 ha ejercido una presión sin precedentes sobre el sistema y ha revelado su vulnerabilidad a las crisis. La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y deficiencias laborales y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud”.
Lo que no dice Bruselas este miércoles es que tiene mucho que ver en el panorama que denuncia en su informe. Pero sí recuerda que en esta crisis del coronavirus, a diferencia de la de 2008, las reacciones de la UE están siendo en una dirección distinta: se ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad para que los países puedan endeudarse sin penalización, de momento; se está movilizando medio billón de euros en diferentes instrumentos de financiación –MEDE, BEI, SURE–; el BCE está gastando 750.000 millones para relajar las primas de riesgo; y se está trabajando en un fondo de recuperación, que la Comisión Europea presentará el próximo 27 de mayo.
El informe Discipline and punish: End of the road for the EU’s Stability and Growth Pact?, elaborado por Emma Clancy, investigadora del eurodiputado Martin Schirdewan (Die Linke), copresidente del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE), sostiene: “Junto a las exigencias de reducir el gasto público, la Comisión Europea ha señalado específicamente a las pensiones, la prestación de servicios sanitarios, el crecimiento salarial, la seguridad laboral y las prestaciones de desempleo”.
De hecho, este mismo miércoles ha avisado Bruselas. “Una vez que vuelva la recuperación, debe volver la sostenibilidad de la deuda y se tendrán que retornar los objetivos presupuestarios a medio plazo”, ha dicho el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, quien no ha concretado una fecha para ello. ¿Cuánto tiempo se mantendrá la cláusula de escape que permite el endeudamiento y el déficit? “La condición es clara: una crisis económica grave en la UE o la eurozona en su conjunto. Este es el criterio en el que nos basaremos también para desactivarla. En estos momentos no podemos poner una fecha concreta porque tenemos un alto nivel de incertidumbre económica”, ha dicho Dombrovskis.
Es decir, que las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Semestre Europeo, que fijan un déficit máximo del 3% y un 60% de deuda pública, volverán en cuanto pase la crisis del coronavirus.
En su informe, Emma Clancy analiza el contenido de todas las recomendaciones específicas de cada país realizadas bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico entre 2011 y 2018: “Desde la introducción del Semestre Europeo en 2011 y hasta 2018, la Comisión Europea ha hecho 105 demandas individuales a Estados miembros en estos siete años para elevar la edad de jubilación y/o reducir el gasto público en pensiones y en cuidado de ancianos”.
Además, el estudio afirma que el Ejecutivo comunitario, ha hecho en ese periodo “63 peticiones individuales a los gobiernos para recortar gastos de salud y/o externalizar o privatizar servicios de salud”.
“Las demandas dirigidas a suprimir las subidas salariales se presentaron a los estados miembros en 50 ocasiones, mientras que hubo 38 exigencias para reducir la seguridad laboral, las protecciones contra los despido y los derechos de negociación colectiva de los trabajadores y los sindicatos”, afirma el estudio. Y prosigue: “Además de las demandas habituales para reducir el gasto público en servicios sociales en general, la Comisión Europea también hizo 45 demandas específicas a países individuales dirigidas a reducir o eliminar los derechos de los desempleados, las personas vulnerables y personas con discapacidad, incluso mediante la adopción de medidas punitivas para empujar a estos sectores al mercado laboral, o, al menos, para convertirse solicitantes de empleo”.
¿Y qué ha recomendado a España este miércoles Bruselas? En primer lugar, que “tome todas las medidas necesarias para abordar de manera efectiva la pandemia, sostener la economía y apoyar la recuperación posterior. Fortalecer la capacidad de recuperación y la capacidad del sistema de salud, en lo que respecta a los trabajadores de la salud, los materiales sanitarios necesarios y su infraestructura”. Y, además, “apoyar el empleo a través de acuerdos para preservar empleos; reforzar la protección contra el desempleo, mejorar la cobertura y la adecuación de los programas de ingresos mínimos y el apoyo familiar, así como el acceso al aprendizaje digital”.
Pero dejando un aviso: “Cuando las condiciones económicas lo permitan, [España debe aplicar] políticas fiscales destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que mejorar la inversión”.