La crisis del coronavirus ha demostrado dos cosas en el sistema sanitario español, cuyas competencias están en las comunidades autónomas: se ha comportado por encima de sus posibilidades, que venían lastradas por problemas estructurales relacionados con los recortes. Recortes que, en muchas ocasiones, respondían a las directrices de Bruselas y las recetas de austeridad decretadas para la anterior crisis.
“El sistema de salud español ha estado ofreciendo buenos resultados de salud a pesar del nivel relativamente bajo de inversiones”, afirma la Comisión Europea en su informe sobre España elaborado por el Semestre Europeo en su Paquete de Primavera: “Sin embargo, el estallido de la pandemia del COVID-19 ha ejercido una presión sin precedentes sobre el sistema y ha revelado su vulnerabilidad a las crisis”.
“La acción inmediata se centra en fortalecer las capacidades en términos de trabajadores de la salud, productos médicos críticos e infraestructura para salvar vidas y restaurar la salud durante la pandemia”, prosigue: “Las personas con discapacidad y los ancianos en residencias han estado particularmente expuestos durante la crisis. Debe garantizarse su acceso continuo a la atención médica y social, incluidos los servicios de emergencia y cuidados intensivos”.
Bruselas recomienda que “los esfuerzos deberían concentrarse en mejorar la resiliencia del sistema de salud para que pueda reanudar su desempeño óptimo lo más rápido posible y enfrentar mejor las nuevas crisis”.
“La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y deficiencias en el reclutamiento y las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud”, dice el informe de Bruselas: “Existen disparidades regionales en términos de gasto, recursos físicos y personal, y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno no siempre es efectiva”.
“En el mediano plazo”, prosigue el informe, “la prestación de servicios de salud podría responder mejor a los desafíos del envejecimiento, las condiciones crónicas en crecimiento y la discapacidad. La atención primaria y el desarrollo de la salud electrónica tienen un papel central que desempeñar a este respecto. A mediano plazo, será importante asegurar que la probable disminución de los recursos debido a la recesión económica no afecte la cobertura de atención médica de las personas y genere desigualdades en el acceso”.
“Las recomendaciones emitidas hoy [por este miércoles] por la Comisión Europea están muy alineadas con la agenda de política económica del gobierno”, afirman fuentes del Ejecutivo.
“El Gobierno ha dado una respuesta decidida a la emergencia sanitaria, con un refuerzo del sistema de salud y de las capacidades estratégicas de personal, incluyendo material e infraestructura sanitaria”, responden fuentes del Ejecutivo “Por otra parte, esta respuesta se enmarca dentro de una política fiscal responsable, en línea con las recomendaciones de la Comisión, con un esfuerzo fiscal sin precedentes. Recuperaremos la senda de reducción de déficit y deuda cuando volvamos al crecimiento económico, comprometidos con nuestros objetivos presupuestarios”.
“La respuesta económica y social está también alineada con estas recomendaciones, con medidas de apoyo a la liquidez del tejido productivo, especialmente destinada a pymes y autónomos”, afirma el Gobierno: “También en lo que se refiere al impulso de la inversión, pública y privada, centrándonos en los objetivos de transición ecológica y digital, I+D, el impulso de la energía, tratamiento de aguas, gestión de residuos y transporte sostenible”.
El informe sobre España de la Comisión Europea también alerta de que “la crisis probablemente aumentará los altos niveles de pobreza o exclusión social en España, especialmente entre las familias con niños. En 2019, España era el Estado miembro con el promedio más bajo de prestaciones familiares por hijo. Las familias con ingresos medianos no tienen derecho a algunos beneficios limitados por hijos, y las deducciones de impuestos tienen una ventaja limitada para ellos. El gasto en protección social sigue estando altamente orientado hacia las personas mayores, y el nivel de gasto en pensiones aumentará significativamente a medio y largo plazo, los cambios anunciados de la reforma de pensiones de 2013 se hacen permanentes [la revalorización vinculada al IPC– y no se tomen medidas compensatorias adecuadas”.
“En el contexto actual apremiante”, indica el informe de la Comisión Europea, “se planea introducir rápidamente un plan nacional permanente de garantía de ingresos [ingreso mínimo vital], con una cobertura estimada de tres millones de beneficiarios, para complementar los programas regionales de ingresos mínimos existentes”.
“Su impacto en la reducción de la pobreza y su sostenibilidad a corto y mediano plazo no pueden evaluarse en esta etapa”, concluye Bruselas.
La Comisión Europea prevé que “las consecuencias socioeconómicas de la pandemia se distribuyan de manera desigual en las regiones españolas debido a los diferentes patrones de especialización. Este es el caso, por ejemplo, de las regiones que más dependen del turismo, como las de la costa mediterránea, Andalucía o las Islas Baleares y las Islas Canarias, donde más de una cuarta parte de los empleos están vinculados a ese sector. Esto conlleva un riesgo sustancial de ampliar las disparidades regionales dentro de España. Combinado con el riesgo de un desmoronamiento temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas”.
La Comisión Europea también señala que “para fomentar la recuperación económica, será importante adelantar proyectos de inversión pública y promover la inversión privada, incluso a través de reformas relevantes. Las perspectivas de recuperación de España dependerán de su capacidad para aumentar la productividad y fomentar la innovación, incluso a través de la transición digital y ecológica”.
Y alerta: “El rendimiento de la innovación en España está por debajo del promedio de la UE en todas las regiones. España tiene un rendimiento inferior en la capacidad de las empresas para innovar, invertir en activos tangibles e intangibles y aprovechar al máximo las habilidades de su población, lo que podría obstaculizar su competitividad en una economía basada en el conocimiento. La crisis ha puesto de relieve la importancia de la digitalización para mantener el acceso a los servicios gubernamentales y la educación y la formación, así como para preservar el empleo y la actividad económica”.
En este sentido, Bruselas hace varias recomendaciones concretas a España.
En primer lugar, que “que tome todas las medidas necesarias para abordar de manera efectiva la pandemia, sostener la economía y apoyar la recuperación posterior. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas fiscales destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que mejorar la inversión. Fortalecer la capacidad de recuperación y la capacidad del sistema de salud, en lo que respecta a los trabajadores de la salud, los materiales sanitarios necesarios y su infraestructura”.
En segundo lugar, “apoyar el empleo a través de acuerdos para preservar empleos; reforzar la protección contra el desempleo, mejorar la cobertura y la adecuación de los programas de ingresos mínimos y el apoyo familiar, así como el acceso al aprendizaje digital”.
En tercer lugar, “garantizar la aplicación de medidas para proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, incluso evitando pagos atrasados. Centrar la inversión en la transición verde y digital, en particular en el fomento de la investigación y la innovación, la producción limpia y eficiente y el uso de la energía, la infraestructura energética, la gestión del agua y los residuos y el transporte sostenible”.
Y, en último lugar, “mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y fortalecer el marco de contratación pública para apoyar la recuperación de manera eficiente”.