Este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) decidió prolongar las negociaciones seis meses más, hasta mediados de 2021, para alcanzar un acuerdo global sobre la tasa a las grandes empresas digitales. Y este martes la Comisión Europea ha comunicado que prefiere adaptar sus ritmos al organismo internacional y dejar aguantar hasta esa fecha para proponer o no una tasa europea. En España, sin embargo, el Gobierno cuenta con ponerla en marcha en enero de 2021, en tanto que ya ha recibido hasta el respaldo del Senado.
El Gobierno español confía en recaudar al menos 900 millones con este impuesto, que a escala europea es uno de los previstos para el repago de la deuda de 750.000 millones que va a emitir la Comisión Europea para financiar el fondo de recuperación de la crisis sanitaria y económica. En todo caso, como todos los plazos se van retrasando, en Bruselas ya no se espera que la emisión de deuda comunitaria empiece antes de mediados de 2021. Como la liquidación de los impuestos es trimestral, la primera recaudación en principio sería en marzo de 2021, salvo que el Gobierno decidiera hacer una liquidación anual como deslizó al principio de la legislatura la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
“Acordamos atajar rápidamente los problemas restantes con la vista puesta en llevar este proceso a una conclusión exitosa para mediados de 2021 y resolver los problemas técnicos, desarrollar borradores legislativos, pautas y reglas y procesos internacionales según sea necesario para implementar una solución basada en el consenso”, ha explicado la OCDE, que coordina las negociaciones entre 135 países para alcanzar un acuerdo sobre la fiscalidad de actividades digitales.
El compromiso de la OCDE y los países que forman parte de la iniciativa era alcanzar una propuesta consensuada y aceptada por todos para finales de este año. Sin embargo, la OCDE estima que las negociaciones no culminarán hasta mediados de 2021.
“La ausencia de una solución consensuada probablemente llevaría a la proliferación de medidas fiscales unilaterales y no coordinadas, así como a un incremento en dañinas disputas fiscales y comerciales”, ha alertado la institución.
La propuesta de la OCDE se centra en dos líneas de actuación. Por un lado, en el conocido como Pilar Uno, se propone adjudicar un porcentaje de los beneficios a ciertas jurisdicciones debido a la posibilidad de las empresas digitales de generar beneficios sin ventas o presencia física concreta en un país. De su lado, en el Pilar Dos se propone un tipo mínimo para ser recaudado en todas las jurisdicciones, informa Efe.
“La Comisión Europea se ha comprometido a actuar si no se logra un acuerdo en la OCDE. Por supuesto respetaremos la fecha límite de la primera mitad del próximo año”, ha asegurado este martes el portavoz de Fiscalidad de la Comisión Europea, Daniel Ferrie: “Debemos proteger la credibilidad del proceso y sólo podemos hacerlo trabajando juntos para alcanzar un acuerdo político lo antes posible”.
Bruselas también mira de reojo su propia casa, porque sabe que mientras Francia o España han avanzado con este impuesto, hay paíes, como Dinamarca, Irlanda, Países Bajos o Suecia que son más reacios. Y los impuestos europeos requieren de unanimidad para ser puestos en marcha.
Fuentes gubernamentales señalan a elDiario.es que en el momento en que se aprobase esta medida en un foro multilateral, la legislación española se adaptaría a la misma. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó en Bruselas al comienzo de la legislatura que España pensaba seguir el ejemplo de Francia, es decir, dejar congelada la liquidación efectiva del impuesto, a la espera de un acuerdo global.
“En el caso francés se han suspendido los pagos a cuenta, para que el pago se haga a finales de año [de 2020]. Nosotros prevemos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. No se trata de una suspensión del impuesto, sino de la liquidación a final de año”, declaró en febrero la vicepresidenta.