“Seguridad económica”. Es una de las principales obsesiones de la Comisión Europea en la recta final de su mandato ante un escenario geopolítico cada vez más complejo y con las grandes potencias dedicadas en cuerpo y alma a la batalla comercial, una situación que puede agravarse aún más si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Y es el título que ha escogido el gobierno comunitario para el paquete que ha aprobado este miércoles con el que pretende reforzar los controles del comercio europeo -tanto de las inversiones extranjeras como de las exportaciones sensibles- así como flexibilizar las reglas para que la UE tenga más capacidades de inversión en tecnologías que tengan un “uso dual”, es decir, civil y militar.
Bruselas ha dado los primeros pasos, pero el armazón legal se fía para medio plazo, con el objetivo puesto en 2025 en la mayor parte del paquete. La propueta legislativa que sí ha puesto sobre la mesa es una revisión del marco regulatorio de las inversiones extranjeras. Lo que pretende básicamente el gobierno comunitario es que algunos estados miembros dejen de arrastrar los pies ante esa situación obligando a la puesta en marcha de un mecanismo en cada uno de los 27. La pretensión es, además, reforzar la coordinación sobre ese tipo de transacciones, sobre las que puede emitir recomendaciones.
En los últimos tres años, desde que está en vigor la regulación de revisión de las inversiones extranjeras, Bruselas ha revisado 1.200 operaciones. Sólo en 2021, las inversiones extranjeras directas alcanzaron los 117. 000 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas de la UE, que recogía que seis países aglutinaron el 92% y nueve países, el 8% restante. “Doce países no realizaron ningún control ni notificaron ningún caso, aunque representan casi la mitad de la IED recibida en la UE. (...). Entre 2020 y 2022, Francia presentó la mayoría de las notificaciones (193), seguida de cerca por Italia, España y Austria. Los Países Bajos y Luxemburgo, que representan el 50% del total de entradas de IED, notificaron solo siete casos y ninguno, respectivamente”, apuntaban los auditores. Países como Irlanda, Chipre, Grecia o Bulgaria aún no tienen siquiera sus mecanismos operativos.
“Todo lo abiertos que sea posible y tan cerrados como sea necesario”, ha expresado, a modo de lema, la vicepresidenta responsable de Competencia, Margrethe Vestager. El mecasmo de revisión de las inversiones extranjeras llevó, por ejemplo, a rebajar de un 35% inicial al 25% la entrada de China en el Puerto de Hamburgo, uno de los principales de la UE. En Pekín se centran muchos de los esfuerzos, pero no sólo. Recientemente el Gobierno adquirió el 10% de Telefonica tras conocerse el desembarco de Arabia Saudí en esa compañía de un sector estratégico.
Con la guerra en Ucrania, la UE puso en marcha la prohibición de exportaciones a Rusia de tecnologías y materiales que pudieran ser utilizados en el campo de batalla. En un contexto cada vez más “desafiante”, la Comisión Europea plantea “mejorar la coordinación de los controles a la exportación de artículos de uso tanto civil como militar”, entre los que cita la electrónica avanzada, la tecnología nuclear o de misiles, “para que no se utilicen para socavar la seguridad y los derechos humanos”. El camino comienza, no obstante, ahora con un proceso de consultas y una recomendación prevista para este verano. La regulación concreta no se espera hasta 2025.
Al mismo tiempo que quiere controlar las exportaciones, Bruselas apuesta por promover las inversiones de la UE hacia ese tipo de tecnologías de doble uso civil y militar con la intención de reducir al máximo la dependencia de otras potencias, que es otro de los grandes objetivos de la UE. Para ello, plantea la creación de un instrumento de I+D destinado a la tecnología de doble uso o ampliar el espectro del actual programa de financiación de investigación (Horizon Europe) para que se destine también a defensa y seguridad. El proceso en este caso también es incipiente con la apertura de un periodo de consultas hasta el próximo 30 de abril.