Más dinero para defensa y control migratorio y menos para la cohesión y la política agraria común. Es una de las conclusiones que se extraen de las cuentas propuestas este miércoles por la Comisión Europea para el Presupuesto de la UE a largo plazo –durante el periodo 2021-2027–, que supone un aumento del 1,03% de la renta nacional bruta conjunta actual al 1,11%. Se trata del primer presupuesto plurianual de la era postBrexit, que recoge un aumento hasta los 1,279 billones de euros en compromisos de gasto para los próximos siete años, frente a los 1,083 billones que se presupuestaron en el marco 2014-2020.
El aumento del volumen total de las cuentas se compone de ciertos recortes y aumentos en las partidas, que deben hacer frente al agujero de más de 12.000 millones de euros que dejará el “brexit” y la necesidad de 10.000 millones anuales para nuevas tareas.
El presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y el comisario de Presupuestos y Recursos Humanos, Günter Oettinger, han desvelado este miércoles por la mañana ante el pleno de la Eurocámara el borrador presupuestario, el primero sin el Reino Unido porque abandonará el bloque comunitario en marzo de 2019.
Cláusula de respeto al Estado de Derecho
Los Presupuestos recogen una importante novedad: el Ejecutivo comunitario plantea por primera vez introducir un mecanismo que ligue la recepción de fondos comunitarios al respeto al Estado de Derecho. Esta inclusión afectaría a todos los países, pero se interpreta como un mensaje especialmente directo para algunos estados del Este, como Hungría y Polonia, y su rechazo a cumplir con las políticas comunitarias en materia de refugiados.
El mecanismo permitiría a la Unión “suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación de la UE de manera proporcional a la naturaleza, la gravedad y el alcance de las deficiencias del Estado de Derecho”. La propuesta de recurrir a esta cláusula correspondería a la Comisión Europea y su adopción al Consejo Europeo (formado por los estados miembros), que deberían aprobar la medida por mayoría cualificada.
Recortes y subidas propuestas por Bruselas
Las cuentas de Bruselas suponen un recorte de un 5% en dos de las partidas que se llevan la mayor parte del Presupuesto comunitario (más del 70% en la actualidad), la Política Agraria Común (PAC) y a la Política de Cohesión, “para reflejar la nueva realidad de una Unión de 27. Estas políticas se modernizarán para asegurarse de que pueden alcanzar sus objetivos con menos recursos e incluso servir nuevas prioridades”, defiende Bruselas.
Por otro lado, el Presupuesto refuerza otras partidas, entre las que destacan los fondos para el control de fronteras y migración, seguridad y defensa, juventud e investigación y transformación digital.
Estos son algunos de los incrementos más destacados:
—Se multiplican por 9 los fondos para transformación digital, que alcanzan los 12.000 millones de euros.
—Se triplica el gasto en el control fronterizo exterior, la migración y el asilo, hasta los 33.000 millones desde los 13.000 actuales. La Comisión propone llegar a los 10.000 guardias fronterizos de Frontex en 2017, respecto “a los 1.200 actuales”, según ha explicado el comisario Günther H. Oettinger.
— Se duplican los fondos para los programas dedicados a la población joven, con un refuerzo del programa Erasmus+ y la inclusión de 700 millones de euros para fomentar el Interrail entre países europeos.
– Un aumento del 40% de la partida para seguridad, que alcanza los 4.800 millones de euros, a los que se añade además unos 13.000 millones para el nuevo Fondo de Defensa y 6.500 millones para facilitar la movilidad militar entre los estados.
— Un incremento del 50% para los fondos de la investigación y desarrollo, que llegará hasta los 100.000 millones.
— Un alza del 26% en el gasto para la acción exterior, hasta los 120.000 millones, que estarán dedicados “con especial énfasis”, según la Comisión, para la estabilidad fuera de las fronteras de la UE y la migración.
Nuevos ingresos: impuesto a los plásticos
Además, Bruselas quiere crear dos nuevos fondos dotados con 55.000 millones de euros en total para impulsar la integración de la eurozona. Por un lado, un mecanismo dotado con hasta 30.000 millones de euros para dar préstamos en condiciones ventajosas a los países que atraviesen crisis para que puedan mantener su nivel de inversión pública. Por otro, propone un nuevo programa con 25.000 millones de euros para apoyar a los países que quieran hacer reformas estructurales, con vistas también a potenciar la convergencia de aquellos que quieran unirse a la eurozona.
Para financiar estas cuentas, Bruselas propone crear tres nuevas fuentes de ingresos para la UE, que se sumen a la recaudación del IVA y a las aportaciones de los Estados miembros. La Comisión apuesta por crear una nueva tasa al plástico (0,80 euros por kilogramo no reciclado), así como recaudar un 3% de un futuro impuesto de sociedades armonizado a nivel comunitario y un 20% de los ingresos procedentes del sistema de comercio de derechos de emisión.
Le propuesta de la Comisión es el punto de partida para la negociación entre los 27 Estados miembros, que se prevé dura. El Ejecutivo comunitario ha manifestado su deseo de cerrar un acuerdo –que deberá ser validado por la Eurocámara– antes de las elecciones de mayo de 2019, pero los estados miembros ya han advertido de que esto será muy difícil.