Bruselas tiene unas normas muy estrictas con las ayudas de Estado dentro de la Unión Europea, unas normas que ahora ha relajado durante la crisis del coronavirus. Y ahora presenta una serie de herramientas para evitar la distorsión en el mercado interior y la competencia de empresas de terceros países, fundamentalmente Estados Unidos, China y, en el futuro, Reino Unido, que estén recibiendo inyecciones de dinero público.
La Comisión Europa ha presentado este miércoles unas medias que somete hasta finales de septiembre y que pueden convertirse en un instrumento legal a lo largo de 2021 para responder a las ayudas de Estado de terceros países.
La vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager, ha explicado: “Necesitamos las herramientas adecuadas para garantizar que las ayudas públicas extranjeras no distorsionen nuestro mercado, tal como lo hacemos con las nacionales. El mercado único es clave para la prosperidad de Europa y solo funciona bien si hay igualdad de condiciones”.
Cualquier subsidio extranjero por encima de 200.000 euros durante tres años, según ha avanzado Politico, le daría a Bruselas el poder de abrir una investigación e imponer “medidas correctivas” como la reestructuración y las multas, al igual que Bruselas hace injustamente empresas subvencionadas de la UE. Los planes, adelantados por Politico, incluyen el poder de revisar acuerdos cuando una empresa extranjera adquiere el control sobre una empresa de la UE, o un porcentaje por determinar de los derechos de voto.
Bruselas propone el establecimiento de un instrumento general de supervisión del mercado para reflejar todas las posibles situaciones de mercado en las que las subvenciones extranjeras puedan causar falseamientos en el mercado único.
La autoridad de supervisión, que sería una autoridad nacional o la Comisión, podría actuar basándose en cualquier indicio o información en el sentido de que una empresa de la UE se beneficia de una subvención extranjera. Si se establece la existencia de una subvención extranjera, la autoridad impondrá medidas para corregir el probable impacto falseador, como pagos compensatorios y soluciones estructurales o de comportamiento. Sin embargo, también podría considerar que la actividad o la inversión subvencionadas tienen un impacto positivo, que compensa el falseamiento, y no proseguir la investigación (la “prueba del interés para la UE”).
La Comisión Europea también pretende “garantizar que las subvenciones extranjeras no confieran ventajas injustas a sus beneficiarios al adquirir (participaciones en) otras empresas, ya sea directamente, al vincular una subvención a una adquisición determinada, o indirectamente, al aumentar de hecho la capacidad financiera del adquirente”.
Con arreglo al documento, las empresas que se benefician de la ayuda financiera de un Estado de fuera de la UE tendrían que notificar sus adquisiciones de empresas de la UE, por encima de un umbral determinado, a la autoridad de supervisión competente. Las transacciones no podrían concluirse mientras estuviese pendiente la verificación realizada por la Comisión. Si la autoridad de supervisión considera que la adquisición se ve facilitada por la subvención extranjera y falsea el mercado único, podría aceptar compromisos de la parte notificante que subsanasen efectivamente el falseamiento o, como último recurso, prohibir la adquisición.
“Las subvenciones extranjeras también podrían tener un efecto nocivo en el desarrollo de los procedimientos de contratación pública en la UE”, dice Bruselas: “Las subvenciones extranjeras pueden permitir a los licitadores obtener una ventaja injusta, por ejemplo al presentar ofertas por debajo del precio de mercado o incluso por debajo de su coste, lo que les permitiría obtener contratos públicos que de otro modo no habrían obtenido”.