Si España ha recibido dinero, es porque ha cumplido con los hitos. Y si los hitos tienen que ver con reformas, no ha lugar informar del destinatario final, porque el destinatario es el propio Estado miembro. Así lo explicita el reglamento de los fondos aprobado tanto por los Estados miembros como por el Parlamento Europeo. Así han respondido este martes los responsables de la gestión de los fondos de recuperación en el seno de la Comisión Europea a la presidenta de la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, Monika Hohlmeier (CSU/PPE, el mismo partido que el presidente del PP europeo, Manfred Weber, con quien estuvo Alberto Núñez Feijóo la semana pasada), quien conocía al dedillo detalles internos de la política española como el cese de la directora de los fondos, por el que incluso ha preguntado a los funcionarios del Ejecutivo comunitario.
El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis (letón del PP europeo), reiteraba ante la eurodiputada conservadora alemana el funcionamiento de los fondos, que ella misma votó en el trámite parlamentario: “La naturaleza del mecanismo de recuperación y resiliencia es diferente de la financiación de la cohesión. No es un instrumento basado en costes, es un instrumento basado en el desempeño. Por lo tanto, los Estados miembros deben presentar sus planes en función de los costes totales estimados de las reformas y las inversiones de los planes. Por lo general, las reformas no conllevan costes presupuestarios menores que las inversiones y, por tanto, el cálculo de costes se basa en el coste estimado de la inversión. Entonces, de hecho, no habrá una correlación del 100% entre los pagos por el cumplimiento de ciertos hitos y objetivos, pero sí existe esta correlación si observas todo el plan en su conjunto. Esa es una diferencia con el instrumento clásico basado en costes. En este caso, es un instrumento basado ​​en el desempeño, en hitos y objetivos acordados. Esa es la base de nuestra evaluación. Y si hablamos de la gestión de 2021, hubo un pago para España que fue básicamente sobre la implementación de la reforma”.
En este sentido, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha insistido: “Sin reformas no hay desembolso, la estimación de los planes se basa principalmente en la inversión, pero el componente de reformas es esencial al final del período de implementación. Usted [Hohlmeier] plantea el lado malo de la vida, los conflictos de intereses, fraudes. Y creo que todos deberíamos ser conscientes de estos riesgos y tratar de trabajar juntos para identificar a dónde va el dinero. Nosotros en nuestras auditorías trabajamos sobre conflicto de intereses, sobre fraude y corrupción, tanto para objetivos e hitos como para auditorías. También somos conscientes de que entre las obligaciones que tienen los Estados miembros está la obligación de evitar la doble financiación. Y, por supuesto, comprobaremos esto, pero siempre existe este equilibrio. Esta es principalmente una obligación de los Estados miembros y la Comisión y las instituciones se están sumando a esta obligación para complementarla”.
Celine Gauer, vicesecretaria general de la Comisión Europea, encargada del equipo de trabajo de los fondos de recuperación, ha afirmado en el Parlamento Europeo, ante las reiteradas preguntas de la presidenta de la comisión de Control Presupuestario, la conservadora alemana Hohlmeier: “Hemos visto puntos muy importantes sobre las reformas, como la reforma del mercado laboral en España”.
“Cuando recibimos una petición de pago”, ha explicado Gauer, tenemos en cuenta que todos los hitos y todos los objetivos que se incluyen en ese plan se cumplen sí o sí por parte de los Estados miembros. Es decir, vemos los compromisos que se hicieron y vemos si se han cumplido o no, y hasta dónde se ha llegado y el tamaño de los pagos que se hacen. Si tenemos en cuenta esos objetivos, esos hitos, se tiene en cuenta el progreso que se ha hecho en la aplicación, de acuerdo con la importancia de las reformas y de las inversiones que se incluyen en dichos pagos“.
Así, la responsable de la task force de la Comisión Europea para los fondos europeos, ha dicho: “Está claro que todos los pagos incluyen tanto las reformas como las inversiones. La petición española que procesamos es un buen ejemplo porque se centraba sobre todo en las reformas. Ya se está dando respuesta a todo esto en inversiones y en reformas y se está viendo en esos 100.000 millones que se han dado hasta ahora [a los gobiernos]”.
Maarten Verwey, director general de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, ha dado más detalles durante la comparecencia: “El año 2021 ha sido un año intenso. Junto a las negociaciones para los planes, hemos creado la infraestructura necesaria para garantizar que se apliquen bien y que sean coherentes con el reglamento del RRF. Ahí hay una serie de controles que tienen en cuenta la índole de este instrumento. El IRPF es un instrumento en el que los Estados miembros son beneficiarios. La única base para los pagos es el RRF es ver si los objetivos, los hitos y las milestones se alcanzan. La regularidad y la legalidad de los pagos es la única base para alcanzar esos objetivos. La primera responsabilidad de la Comisión es establecer que los Estados miembros han alcanzado los hitos y objetivos que están en la decisión de ejecución del Consejo y llevamos a cabo esto en todas las etapas. Después de dar 54.300 millones de euros a 20 Estados miembros, hicimos el primer pago regular de 10.000 millones de euros a España y ese pago fue revisado por una auditoría del Tribunal de Cuentas de la UE. El tribunal vio un error, pero llegó a la conclusión de que ese error no era material. Yo puedo decirle sin ninguna duda que hay que decir que los pagos que se realizaron en 2021 han estado a la altura de la legalidad y regularidad
La presidenta de la comisión de Control Presupuestario, la bávara Monika Hohlmeier (CSU/PPE), insistía: “Quisiéramos una lista para saber qué ha pasado hasta ahora con esos fondos en España, cuál es la parte nacional y cuál es la parte europea. Le pido que me responda directamente”.
Maarten Verwey explicaba la polémica en torno al hito 173, a raíz de la cual Isabel Díaz Ayuso llegó a tuitear una noticia que daba por congelados los fondos a España: “El tema del hito del sistema de auditoría en España lo hemos hablado en la evaluación de dicho hito, y el tribunal de Cuentas lo ha dicho también. Lo que hizo España al principio fue diseñar el propio sistema. Y entonces aclaramos que el diseño no era suficiente para pasar ese hito. Y lo que hemos hecho en el periodo de evaluación ha sido comprobar y ver si el sistema que se puso en marcha podía dar los resultados que le habíamos pedido. Lo hemos comprobado de una manera específica y pormenorizada. Y el sistema sí que puede dar esos resultados. Y con eso han cumplido los requisitos mínimos. Dicho esto, sí que encontramos que el sistema no era todo lo eficaz que tendría que ser, y por esa razón hemos incluido en la evaluación el compromiso de España para mejorar dicho sistema, para lo que pidieron un plazo de nueve meses, lo cual nos pareció razonable. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? Nosotros vamos a volver a este tema en la evaluación de la tercera petición de pagos [en la segunda mitad de 2022] para que haya un cumplimiento total del sistema de auditoría, y es importante que después de esos nueve meses lleguemos a la conclusión de que los compromisos se han llevado a cabo o se han aplicado. Lo hemos dejado muy claro”.
El vicepresidente Dombrovskis ha añadido: “Ha habido algunas discusiones considerando específicamente el hito 173, establecer un sistema informatico para monitorear y controlar el plan. Así, en el marco de una primera solicitud de pago, la evaluación de la Comisión Europea, apoyada por los Estados miembros, consideró que este hito se había cumplido satisfactoriamente. Pero, para garantizar el cumplimiento continuado de estos hitos y obligaciones de auditoría y control en virtud del acuerdo financiero, España asumió varios compromisos que se describen en la evaluación preliminar de la Comisión de la primera solicitud de pago del país, y la revisión de la implementación de estos compromisos por parte de España será llevada a cabo por la Comisión evaluando ahora la próxima solicitud de tercer pago. Hay que decir que no es tan inusual. Algunos otros Estados miembros han asumido compromisos similares y esos compromisos se evalúan en el momento de la solicitud de pago correspondiente”.
“¿A la pregunta que hacía usted, por qué en ese informe de actividad anual, esa redacción es distinta de la que vemos en otros informes?”, respondía el director general: “La respuesta es muy fácil. Es que es un instrumento distinto. Es un instrumento distinto que está estructurado de otra manera totalmente distinta. Y para ello se requiere un unas normas distintas. En primer lugar, no se pueden aplicar estos planes si los sistemas de control no se consideran adecuados por parte de la Comisión Europea. Y hay distintos planes que incluyen un hito sobre el sistema de auditoría como parte de la primera petición de pagos de los Estados miembros. Y en esos casos ese desembolso sólo se puede dar si se ha cumplido dicho hito”.
Celine Gauer, a su vez, ha explicado por qué la reforma laboral española supuso 10.000 millones de euros, ante la insistencia de la conservadora alemana sobre los pagos a España: “Cuando ha mencionado usted el mercado laboral y la reforma, hay una serie de requisitos, por ejemplo, abordar la segmentación del mercado laboral. Y hemos examinado que cada uno de los requisitos que aparecía en dicho hito se haya abordado con la reforma. Cada uno de los instrumentos, en definitiva, tiene distintos elementos en ese contrato con cada Estado miembro. Esos hitos aparecen en el contrato, y se llega a un acuerdo cuando estamos satisfechos de que todos los elementos de ese contrato se han cumplido por parte del Estado miembro, de las autoridades españolas en este caso. No todas las medidas tienen el mismo valor. Sí, es verdad, lanzar una licitación no es lo mismo que la entrada en vigor de una reforma fundamental, como puede ser la reforma del mercado laboral. Y por esa razón, precisamente por esa razón, como el reglamento no dice cómo se calcula el valor de cada una de las medidas, todas son vinculantes y si no se cumplen, no se puede llegar a un acuerdo”.
Hohlmeier, por su parte, insistía en sembrar dudas sobre España, con un llamativo conocimiento de las cuitas ibéricas: “¿Por qué ha dimitido esa directora [en alusión al relevo de Rocío Frutos al frente de los fondos en España]? Habrá una razón. Porque ella no dimite simplemente por placer. Me imagino que habrá un problema mayor y ustedes me dicen que no hay ningún problema. Bueno, pues yo imagino que si la directora deja su puesto es porque hay un problema y no un problemita, sino un problema gordo. Y ustedes no quieren responder. Les voy a preguntar de nuevo. Lo que nosotros queremos en esta comisión de Control Presupuestario es una lista de las medidas y de los proyectos. Eso es lo que les pido, porque esa es nuestra obligación, en tanto que autoridad responsable de la aprobación de la gestión”.
“Y yo no tengo ni siquiera ninguna duda con respecto a España”, concedía finalmente la presidenta de la comisión parlamentaria: “Lo que pasa es que no tengo información en absoluto. No digo que haya habido una malversación de fondos por parte de España. Evidentemente que no, España, pobrecitos, simplemente han sido los primeros de la lista. Si fuera Hungría yo haría lo mismo. Y si fuese Alemania diría exactamente lo mismo. Simplemente pregunto y no es nada en contra de España. Sólo quiero la información que necesitamos como autoridad responsable de aprobación de la gestión”.
El director general de la Comisión Europea, Maarten Verwey, respondía: “¿Por qué no podemos compartir los destinatarios finales en el caso de España? Hay dos razones que lo justifican. Una, esta solicitud de pago se ocupa de reformas, y para las reformas no hay unos receptores finales. Entonces, en esta solicitud de pago en concreto es que no hay nada que compartir. Es diferente en futuro de solicitudes de pago donde haya reformas y también inversiones en esa solicitud de pago. Cuando haya inversiones, entonces sí que tendremos unos destinatarios finales y existe esa obligación, como usted ha señalado, de que los Estados miembros presenten la información sobre esos destinatarios finales para fines de auditoría y control, como se dice claramente en el reglamento. Pero para la solicitud de pago española no es pertinente porque no hay inversiones en esa solicitud.”
En medio del debate, Isabel García Muñoz (PSOE/S&D), tomó la palabra para decir: “Yo creo que que el papel del director general es venir a esta comisión y decir que el dinero que se ha pagado se ha pagado correctamente porque se han cumplido unos objetivos y conforme a la ley y a la regularidad, creo que sí, que es el papel del director general. No creo que el papel de la Comisión Europea sea hablar de dimisiones de personal funcionario de un Estado miembro, porque entonces sí que ya tenemos mucho trabajo para hablar de las dimisiones de todos los que estén en cada uno, en cada Estado miembro”.