El Banco Central Europeo (BCE) terminará las compras “netas” de deuda de los estados de la eurozona desde julio. Inmediatamente después, subirá los tipos de interés oficiales tras 8 años en el 0%. Y aunque la institución seguirá reinvirtiendo los vencimientos de los bonos que ya tiene, el resto del mercado, es decir fondos, bancos, aseguradoras o inversores particulares, debería absorber 100.000 millones de déficit (la necesidad de financiación por la diferencia entre el gasto público y los ingresos) y de refinanciaciones de España que quedan 'huérfanos' —250.000 millones en el caso de Italia—, desde abril hasta el final del año.
Si el nuevo “mecanismo” que el propio BCE está preparando a puerta cerrada no lo remedia, nuestro país y también el resto –sobre todo los socios periféricos, los más sobreendeudados– necesitan compradores que sustituyan a la 'insustituible' institución. Desde 2015, ha sido el principal actor del mercado secundario de deuda. Es ahí donde realiza las compras, permitiendo unas condiciones de financiación inmejorables –intereses bajos– al garantizar la demanda a quienes prestan el dinero a los países en el mercado primario –las colocaciones y subastas de bonos–. Y, por tanto, favoreciendo mayor dinamismo de la actividad económica.
El centro de análisis Oxford Economics calcula que la institución que dirige la política monetaria acumula deuda en total en su balance por una tercera parte del PIB de la eurozona, a cierre del primer trimestre de 2022. “Lo que convierte al BCE en el mayor tenedor individual de deuda pública en toda la eurozona [por ejemplo, en 2020 y 2021 adquirió todo el déficit de España]”, incide.
La expectativa de la reducción de la demanda 'artificial' del BCE y el anuncio de incremento del 'precio' del dinero de referencia para dejar de alimentar la inflación con préstamos 'baratos' han disparado en las últimas semanas el interés que se exige a los bonos —se toman como referencia los que tienen vencimiento a 10 años— de España en el mercado secundario. El de nuestro país, superó el martes el 3% por primera vez desde 2014, el de Italia ha pasado del 1,17% a rondar el 4% en lo que va de 2022; y el de Portugal llegó a batir también el 3%. Todo ello ha hecho saltar las alarmas por momentos sobre las primas de riesgo –los diferenciales de estos intereses respecto al de Alemania, que se considera el estado mejor pagador, más 'seguro', que está cerca del 1,5%–. Es sencillo: se espera menos demanda, y los que prestan el dinero piden intereses más altos, a cambio de más riesgo, menos liquidez...
El BCE afronta así una situación muy delicada. Al encarecer la deuda y dejar de inyectar dinero, la línea que separa la capacidad del banco central de contener la inflación o de acabar ahogando a las economías más endeudadas, como España, Italia o Portugal —y a las familias y empresas más vulnerables—, es muy fina. Incluso, la institución convocó una reunión de urgencia este miércoles para calmar los ánimos. Tras ella, anunció que está trabajando en el citado mecanismo para que las primas de riesgo de estos países periféricos no se disparen. O lo que es lo mismo, para que no se les encarezca mucho más la factura de la deuda que a los estados más disciplinados fiscalmente.
“El BCE se enfrenta a la disyuntiva de subir los tipos de interés y enfriar la demanda interna en un momento en el que el endurecimiento de los cuellos de botella [en el comercio mundial] y, sobre todo, las consecuencias de la guerra en Ucrania ya están pasando factura a la actividad de la eurozona”, explican Eduard Llorens i Jimeno y Rita Sánchez Soliva, economistas de Caixabank Research.
El riesgo final es acabar provocando una crisis como la de 2010 y 2012, cuando tembló el euro y los rescates financieros condenaron a estos países periféricos de la Unión Europea a años de contraproducente austeridad, con el interés del bono de nuestro país llegando a superar el 7%.
En esta ocasión, los que entonces fueron denominados PIIGS (los cerdos Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés) están todavía más sobreendeudados que entonces —sobre todo por las necesidades de gasto público que ha exigido la pandemia de COVID—. Sin embargo, las inmejorables condiciones de financiación de los últimos años hacen que la factura de intereses al año sea muy inferior (de cerca del 2% frente al 3,5% de 2013, en el caso de nuestro país), y que las previsiones no la vean mucho más elevada en el medio plazo.
España pagó 26.805 millones de euros en intereses en 2021, un 2,15% del PIB. Y en 2020 la factura fue de 25.237 millones, un mínimo desde 2010. En 2013, tras el rescate a la banca en el verano anterior, el gasto en intereses de la deuda rozó los 37.000 millones.
Herramienta 'anti fragmentación'
“El anuncio [el miércoles] de la herramienta 'anti fragmentación' tuvo un efecto positivo, pero no está claro cuánto durará esto sin un esquema concreto de cómo funcionaría y si el BCE se comprometerá a implementarlo (como con la mayoría de las cosas, claramente hay desacuerdos sobre el Consejo de Gobierno de la institución)”, reflexiona Daniel Kral, economista de Oxford Economics.
Este mecanismo 'anti fragmentación' tiene la dificultad de sortear las restricciones legales y políticas de la eurozona, que impiden que el BCE concentre sus políticas en Italia, España, Portugal o Grecia, aunque sean los países que presentan más desequilibrios de la eurozona. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya ha celebrado que el BCE haya garantizado la adopción “medidas eficaces” para que no se produzca “la fragmentación dentro de los mercado de deuda pública del euro”.
Calviño subrayó, el mismo miércoles, que la prioridad de la institución monetaria europea debe ser “preservar la estabilidad financiera y la integridad de los mercados de deuda pública”, decisión que considera más necesaria en “un contexto de incertidumbre y volatilidad generado por el ataque de Rusia”. En realidad, el principal mandato de la institución es la estabilidad de precios.
A este respecto, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, se cuestionó —también este miércoles en la jornada 'Dos crisis, dos gobiernos, dos respuestas' organizada por Economistas Frente a la Crisis— que la primera misión del BCE sea la inflación. “Esto tendrá que ser revisado, la prioridad de la Fed [el banco central de Estados Unidos] es el pleno empleo, ¿por qué no en Europa?”, se preguntó.
“Una pérdida de confianza en los estados vulnerables podría conducir a un fuerte incremento en sus costes de financiación, precipitando severas necesidades de ajuste fiscal [reducción del gasto y del déficit] y, en casos extremos, programas de ajuste externo [rescates], como hace una década”, advierte Daniel Kral, quien explica que, “en los próximos años, el BCE continuará reinvirtiendo los ingresos vencidos del stock de deuda que posee: solo en 2022, estas reinversiones supondrán alrededor de 450.000 millones de euros, de los cuales alrededor del 90% se invertirán en bonos de los estados, sin embargo, esto se verá eclipsado por la escalada de las necesidades de financiación de los gobiernos, que son casi 2,2 billones de euros (1,5 billones de euros en deuda refinanciaciones y 650.000 millones de euros en nuevas emisiones)”.
Potencia insuficiente
“A través del programa de reinversiones, el BCE tiene cierta potencia para suavizar las necesidades de financiación, aunque representan solo una fracción de las necesidades brutas de financiación de los gobiernos de la eurozona en los próximos años”, continúa el experto de Oxford Economics, quien añade que, “por ejemplo, la emisión de deuda bruta de Italia de 400.000 millones de euros desde el segundo al cuarto trimestre de 2022 es aproximadamente equivalente al alcance total de las reinversiones para toda la eurozona”.
El jueves, el vicepresidente del propio BCE, Luis de Guindos, afirmó que los mercados no deberían tener duda alguna respecto de la determinación de la institución para hacer frente a la fragmentación de los costes de financiación de la deuda soberana de la eurozona.
“Hasta ahora, no hay detalles sobre la nueva herramienta, que probablemente tenga que ser acordada por el Consejo de Gobierno. Y es probable que este siga dividido sobre la conveniencia y necesidad de un nuevo mecanismo de estabilización. La única información disponible es que el BCE aplicará mucha flexibilidad en la reinversión de los reembolsos de los programas que se extinguen este mes. Esto no aborda el problema de la fragmentación con suficiente eficacia”, concluye Gergely Majoros, miembro del comité de inversión de la gestora Carmignac.