La Cámara de Comercio de Badajoz encargó a la firma de consultoría del diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte, Sirga XXI, tres informes por los que la entidad abonó un total de 22.710 euros entre julio de 2009 y diciembre de 2010, según reconoce el organismo a eldiario.es. Sin embargo, a día de hoy los informes, solicitados por este diario, están desaparecidos. La Cámara no los encuentra.
El último informe data de diciembre de 2010, cuando, como adelantó este diario a principios de mayo, Sirga XXI cobró 4.500 euros de la Cámara pacense. Ese pago tuvo lugar cuatro años antes de que Pujalte, diputado por el PP desde 1994, doctor en Económicas por la Universitat de Valencia y funcionario en excedencia de otra Cámara de Comercio la de Valencia (según reza literalmente en su biografía publicada en el Congreso), participase en la redacción de la norma que regula a estas entidades como ponente de la Ley de Cámaras de Comercio aprobada por el Congreso en marzo de 2014.
La firma de Pujalte facturó, según la Cámara, un total de 5.310 euros (las cifras no coinciden porque incluyen impuestos, según el organismo) por ese informe, que consistió en un “Estudio Fiscal de Extremadura a efectos de la internacionalización de la empresa extremeña”. eldiario.es ha solicitado el informe a la Cámara de Comercio, que está sujeta a la Ley de Transparencia como corporación de derecho público. Pero el documento no aparece.
Otro tanto sucede con el primer informe elaborado para la cámara por la firma de Pujalte, que data de julio de 2009. Consistió en la elaboración de un estudio titulado “Plan Estratégico del Comercio Minorista de Extremadura”, por el que Sirga XXI cobró 5.800 euros.
El segundo informe elaborado por Sirga XXI para la cámara, del que tampoco hay rastro en el organismo, es de diciembre de 2009. Llevaba el título de “El comercio exterior y la internacionalización de la economía en Extremadura” y fue el más caro: 11.600 euros.
“No recuerdo si eran cinco, siete o diecisiete”
Preguntado por este asunto, Vicente Martínez-Pujalte dice que no recuerda “si eran cinco, siete o diecisiete” los estudios que elaboró para la Cámara de Comercio, que “se presentaron públicamente” [“Más transparencia, imposible”]. El político del PP declina proporcionar esos estudios, ya que “son propiedad de la cámara”. “Llama a Deloitte y pídele los informes que le ha hecho a Telefónica, a ver qué te dicen”, argumenta el diputado, que señala que “los ingresos brutos de facturación de Sirga ya se han publicado y están en el Registro Mercantil”. “Soy un profesional con mi actividad compatibilizada y declarada a Hacienda”, dice.
Fuentes de la Cámara de Badajoz aseguran que actualmente estos documentos no tienen ninguna validez, ya que han quedado “desfasados” por el paso de tiempo, y que la ley sólo les obligaba a conservarlos durante un plazo cuatro años. También aseguran que sólo existía una copia en papel y no en formato electrónico.
La actividad de Sirga, cuya sede está a escasos metros del Congreso de los Diputados (calle Marqués de Cubas, 25) y de la que actualmente son administradores Pujalte, el actual directivo de FAES Miguel Marín y otra diputada del PP, Ana Torme, ha sido objeto de polémica tras conocerse este año que Pujalte cobró 75.000 euros entre 2008 y 2009 a través de esta firma a la constructora Collosa por unos servicios que no declaró al Congreso, de los que no existe constancia documental y que el entonces primer ejecutivo de esa compañía, Mario Armero, ha definido como de “asesoramiento coach”.
La cámara pacense está presidida por Fernando Herrera Tabares, también tesorero de la patronal extremeña, CREEX, y su director general es Antonio Masa Gragera, hijo de Antonio Diego Masa Godoy, que preside la CREEX desde hace más de 25 años. Herrera y Masa senior, junto a la esposa del segundo y un consejero de la constructora ACS fugazmente imputado en la Gürtel, Manuel Delgado, alquilaron durante tres años una finca en Badajoz a una ciudadana brasileña afincada en esa región, Zenilde Borges Borges, propietaria de una red de clubes de alterne en varias provincias españolas, en busca y captura por la Interpol e implicada en varios procesos judiciales por presunta trata de seres humanos.