Ni 500 millones de euros, como se pensó inicialmente, ni los más de 1.400 millones que apuntó la semana pasada la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Las arcas públicas van a sufrir un agujero mayor por la anulación por parte del Tribunal Supremo del denominado canon hidroeléctrico que creó el Gobierno de Mariano Rajoy: de al menos, 1.624 millones, según la última estimación del Ministerio para la Transición Ecológica. El agujero es superior al rescate del fallido almacén de gas Castor.
Esa cifra es provisional, porque aún hay litigios abiertos y ejercicios no prescritos, según fuentes del Ministerio. Es la cantidad bruta que en principio deberá devolver el Tesoro Público a las eléctricas por lo liquidado por este canon entre 2013 y 2020, tras la sentencia del Supremo que en abril anuló varias disposiciones de un decreto del PP con el que se puso en marcha en 2015. Pero la cifra no está cerrada. Ese importe no tiene en cuenta los costes en los que han incurrido las diferentes confederaciones hidrográficas por la liquidación del gravamen, ni los intereses acumulados; ni lo recaudado este año.
En cuanto a lo recaudado este año, la cantidad es importante, como consecuencia de los precios récord de la electricidad en este 2021. Solo en el caso de la Confederación del Miño-Sil, “en el ejercicio 2021 los ingresos por este canon ascienden a 47.399.925,59 euros”, apunta en sus cuentas de 2020, formuladas a mediados de año. Esta entidad es el segundo organismo de cuenca que más recauda por el canon (25,6% del total), solo por detrás de la Confederación del Duero (33,2%), donde están las grandes presas de Iberdrola, líder nacional en energía hidroeléctrica.
Esos más de 1.600 millones superan con mucho los 1.350 millones del rescate al Castor, cargado en la factura del gas con un Real Decreto-Ley aprobado, como el canon hidroeléctrico, por José Manuel Soria como ministro de Industria. Ese decreto lo anuló el Tribunal Constitucional y a finales de 2020, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno a devolver a la banca acreedora (Caixabank y Santander) el dinero que habían adelantado esas entidades para compensar a ACS, promotora del almacén. Esto obligó al Ejecutivo a endeudar al Estado para hacer frente a esa compensación.
En los últimos días, varios miembros de la parte socialista del Gobierno han puesto el fiasco del canon hidroeléctrico como ejemplo de los riesgos de afrontar la actual crisis de precios de la luz a golpe de decreto, como ha pedido Unidas Podemos. “Cuando uno se empeña en tomar medidas en contra de la ley, se puede encontrar con lo que no busca y eso genera un enorme impacto en la economía, en la confianza de los inversores y, por supuesto, en la factura que pagan los consumidores”, dijo Ribera en su última comparecencia parlamentaria.
Por su parte, el director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Joan Groizard, nombrado por Ribera, advertía también hace unos días de cómo “dar patada hacia delante” por la vía del decreto para solucionar un problema puede deparar luego “sorpresas”.
“Cuando alguien plantea soluciones sencillas, lo que hace es agravar el problema”, afirmó por su parte el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en alusión a una devolución que, recordó, equivale a más de un 1% del PIB. El importe supera el gasto extra en pensiones por cada punto de subida de la inflación, que ha escalado por el alza de la luz hasta su máximo en casi una década.
El canon por utilización de aguas continentales grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales con una potencia de al menos 50 MW. Lo puso en marcha el ministro Soria para atajar (según se anunció en su momento) el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico. Pero el gravamen acabaría anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 15 de abril.
Aunque en un primer momento se interpretó que la decisión solo afectaría a los dos primeros ejercicios en los que se empezó a cobrar el canon, 2013 y 2014, al tener carácter retroactivo, la interpretación del Gobierno es que la sentencia obliga a devolver todo lo cobrado porque el Ejecutivo del PP olvidó modificar el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que señala que una concesión puede modificarse solo “si el peticionario aceptase las condiciones propuestas”, cosa que no ocurrió.
“Legado envenenado”
A esos 1.624 millones, que corresponden al periodo 2013-2020, habría que sumar los intereses generados y lo cobrado este 2021. Además, los organismos de Cuenca ya se han gastado, como mínimo, el 2% de lo recaudado en la propia gestión ordinaria del tributo “y deben ser compensadas por ello”, según el Ministerio, que ha calificado esta situación de “legado envenenado”.
El canon está vinculado a la producción hidroeléctrica de cada central. Esta fuente de generación, que utiliza un bien público, ha estado en el centro de la polémica por su papel en el mercado mayorista de electricidad: ha sido la gran dominadora en agosto, el mes más caro de la historia hasta que ha llegado septiembre, aprovechando los altos precios del gas y del carbono, a los que no hace frente. El Gobierno ha planteado recortar los ingresos extra de estas plantas y las nucleares por el encarecimiento del CO2. El proyecto de ley, muy contestado por las empresas, invita a las compañías a renunciar a sus concesiones si creen que el recorte no va a hacer rentables las presas.
En las últimas semanas el Ministerio ha abierto expedientes informativos por el “escandaloso” vaciado de varios pantanos, en expresión de Ribera, que va a regular “inmediatamente” para poner coto al desembalse de estas infraestructuras, en el marco del paquete de medidas que prepara el Ejecutivo para tratar de hacer frente a la escalada del mercado mayorista de electricidad. Ribera también ha puesto sobre la mesa que una empresa pública gestione las concesiones hidroeléctricas que caduquen.
Algunas eléctricas ya han reclamado que se les devuelva parte del dinero del canon. Es el caso de Endesa. El pasado 21 de mayo solicitó “la devolución las liquidaciones de los ejercicios 2013 y 2014, correspondientes al canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, ascendiendo su importe a 3.355.839,79€”, explica la Confederación del Guadiana en sus cuentas de 2020. Ninguna de estas empresas ha incluido en sus cuentas semestrales alusiones a que la sentencia del Supremo obligue a devolver todo lo recaudado.
Las eléctricas trataron de tumbar el canon en el Tribunal de Justicia de la UE, que avaló su naturaleza de impuesto medioambiental. Pero el tribunal europeo no entró en si contravenía o no otra normativa española. Ahora resulta que no se podía aplicar si las compañías eléctricas no se avenían a aceptar el cambio en las concesiones, según determinó el Supremo al estimar el recurso de Unesa. La patronal, rebautizada hace unos años como Aelec, tiene como secretario general a Pascual Sala Atienza, hijo del jurista Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.