Grandes fondos de inversión y de capital riesgo, aseguradoras, constructoras y compañías participadas por grandes fortunas españolas copan el capital de las principales empresas del sector de las residencias de ancianos en España, un negocio de triste actualidad en estos días por la emergencia sanitaria del coronavirus. La pandemia está teniendo un tremendo impacto en este colectivo, el más vulnerable a la COVID-19, con miles de fallecidos en estos centros.
En los últimos años, el sector ha vivido un boom de operaciones. Fondos y grandes multinacionales especializadas (en especial, francesas) han olido el negocio ante la falta de oferta de plazas públicas y el envejecimiento de la población española, tomando el relevo de las antiguas cajas de ahorro y algunas constructoras y aseguradoras en el capital de estas empresas.
En enero, semanas antes de que la epidemia de coronavirus saltase a Europa, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales advertía, basándose en datos del Imserso, de que la población mayor de 65 años en España había crecido en casi un millón de personas de 2010 a 2018 mientras las plazas en residencias solo habían aumentado en 12.353, hasta 381.158. Eso implica un déficit de unas 70.000 plazas para cumplir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65.
Esa asociación ponía de manifiesto que, a 2018, el 60% de las plazas en España contaba con financiación pública (incluyendo las concertadas) y el 40% restante eran puramente privadas. “Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, solo constituyen 2,5 por cada 100 mayores de 65 años, es decir, la mitad de la ratio aconsejable”, advertían los gerentes en Servicios Sociales.
La consultora inmobiliaria JLL pronosticaba hace un año que, hasta 2033, España necesitaría contar con cerca de 272.000 plazas adicionales en residencias para la tercera edad teniendo en cuenta las proyecciones de envejecimiento de la población. Eso explica el apetito por un sector que todavía está fuertemente atomizado pero en el que poco a poco han ido tomando posiciones grandes operadores.
Según datos de Alimarket, en noviembre estaban operativos 5.208 geriátricos y viviendas para ancianos en España y, pese a las múltiples operaciones de concentración de los últimos años, los diez primeros grupos solo alcanzaban el millar de geriátricos operativos y el 20% de camas. Por su parte, Informa DBK estimaba en mayo de 2019 que a cierre de 2018 los cinco primeros operadores reunían una cuota conjunta del 23% sobre el valor total del mercado, que ascendía al 31% si se consideraban los diez primeros.
Esta firma cifraba la facturación agregada de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad en unos 4.500 millones de euros. El 59% (unos 2.655 millones) correspondía a ingresos derivados de la gestión de plazas privadas “puras”.
La primera empresa del sector en España es la francesa Domus Vi, uno de cuyos centros saltaba la semana pasada a los titulares tras ser intervenido por la Comunidad de Madrid junto a otros siete establecimientos por encontrarse en una situación “crítica” por la epidemia. Con unas 25.000 plazas en España, cerca de 200 residencias y centros de día, más de 21.000 profesionales y 543 millones de facturación en 2018, el mayor accionista de esta empresa es Intermediate Capital Group (ICG), fondo británico que participa en otras compañías españolas como el grupo de call centers Konecta.
ICG se convirtió en socio de referencia de Domus Vi en 2017 tras adquirir su participación a otro fondo, PAI Partners, que había comprado la compañía francesa en 2014 y luego la fusionó con la gallega Geriatros (que adquirió en 2015 a otro fondo, Magnum, que en 2012 se la había comprado a la extinta NCG) y la también española SAR Quavitae (en 2016), lanzada por, entre otros, los hermanos Gallardo, dueños de la farmacéutica Almirall, acogidos a la amnistía fiscal de 2012 y propietarios de uno de los principales grupos españoles de sanidad privada, Vithas.
También vinculada al capital riesgo, en este caso al gigante británico CVC, está la propietaria de otra de las residencias intervenidas esta semana en Madrid, Vitalia. Con unas 6.600 plazas y 3.000 empleados, fue adquirida a finales de 2017 por CVC, que compró la mayoría de sus acciones al fondo español de capital riesgo Portobello poco después de vender el grupo de sanidad privada Quirón al alemán Fresenius.
La segunda empresa del sector en España, Orpea, también tiene origen francés y ha protagonizado asimismo titulares tras las denuncias de trabajadores que aseguraban que la empresa había ocultado muertes de residentes en uno de sus centros en Madrid. Esta multinacional, presente en 22 países, con 1.014 establecimientos y 104.234 camas a cierre de 2019, cuenta en España con unas 8.800 plazas (es ya su tercer mercado, tras Francia y Alemania) y su filial facturó 166 millones en 2018.
Orpea fue fundada por un neuropsiquiatra francés, Jean-Claude Marian, que vendió sus acciones en enero (le quedaba un 5%) tras retirarse de la presidencia en 2017 a los 78 años. Sus principales accionistas son el fondo canadiense CPPIB (14,5%) y la familia Peugeot (5%), una de las grandes fortunas de Francia. El 78% de sus acciones cotiza en bolsa.
Más sello francés
También tiene capital francés Amavir. Con unas 6.400 plazas en España, 4.400 empleados y una facturación de unos 152 millones, su mayor accionista (85,46%) es Maisons de Famille, perteneciente al grupo Mulliez, dueños de Alcampo, Decathlon o Leroy Merlin, entre otros conocidos gigantes de la distribución.
De Francia procede también Colisee, cuarto operador del sector en Europa, perteneciente al fondo IK Investment Partners, y que desde el año pasado (tras comprar la belga Armonea, que en 2016 adquirió la valenciana La Saleta) gestiona unas 3.300 plazas y medio centenar de centros en España, país que, como destaca en su web, “será el país más envejecido de Europa” en 2040.
Francés es también el gigante europeo Korian (53.000 empleados), que ha desembarcado en España también a golpe de talonario con varias compras que le han permitido alcanzar las 2.000 plazas y una facturación de 25,5 millones en 2019. Cotizado en bolsa, su mayor accionista es Predica, aseguradora de Crédit Agricole (24,38%).
Aseguradoras
También está vinculada a los seguros una de las cinco mayores empresas del negocio de las residencias en España, la española Ballesol. Con treinta años de experiencia, en la actualidad cuenta con 46 centros, más de 7.000 plazas residenciales, 3.200 empleados y 143 millones de facturación en 2018. Presidida por Juan Ignacio Vivas, a su vez presidente de una de las patronales del sector (AESTE), su mayor accionista (75,29%) es Santalucía, que tiene entre sus propietarios a algunas de las familias más adineradas de España, como los Álvarez Otero (33%).
Otro actor relevante y también vinculado al negocio asegurador es Caser Residencias, perteneciente a la aseguradora del mismo nombre, de la que la suiza Helvetia acordó adquirir un 70% en enero tras comprar los paquetes de, entre otros accionistas, varias antiguas cajas de ahorros. Cuenta con unas 3.000 plazas, 2.500 empleados, 20 centros de la tercera edad y una facturación de 85 millones en 2019.
Constructoras
Entre las empresas nacionales destaca también muy especialmente Clece, filial de ACS, la constructora que preside Florentino Pérez y en la que participa la pareja de primos multimillonarios popularmente conocida como ‘Los Albertos’, y que gestiona “íntegra o parcialmente 145 residencias y 92 centros de día en todo el territorio nacional. En estas instalaciones, velamos por el bienestar y la calidad de vida de cerca de 17.000 mayores”, explica en su web.
En gran medida, se trata de establecimientos cuya gestión se ha adjudicado mediante contratos integrales encomendados por diferentes administraciones públicas. Como explicaba el grupo en sus cuentas de 2018, a cierre de ese ejercicio Clece era “líder destacado en España con la gestión de más de 100 centros para mayores”, un dominio que está complementando con centros enteramente privados en España y Portugal a través de su marca Clece Vitam.
“A finales de 2019, Clece contaba con un total de 18 centros de este tipo y sigue trabajando en la puesta en marcha de otras 27 nuevas residencias Clece Vitam en diferentes comunidades autónomas hasta 2022”, explica en sus últimas cuentas el grupo, que no ha querido facilitar ninguna información sobre el número de plazas que gestiona (según Cinco Días, a abril de 2019 superaba las 4.000) ni los ingresos que le proporcionan.
Otra constructora presente en este negocio es Sacyr, que a través de su filial Sacyr Social proporciona actualmente “servicios a 10 residencias. Atendemos a algo más de 1.000 residentes y contamos con una plantilla cercana a las 1.000 personas”, según fuentes de la empresa. Se trata de servicios que presta “en residencias propiedad de de distintas administraciones que sacan concursos. En algunos casos, el concurso incluye la gestión completa de la residencia, en otras ocasiones sólo algunos de los servicios que se prestan en las mismas”.
También depende de los concursos públicos el negocio de residencias de ancianos de Eulen Sociosanitarios, filial del gigante de los servicios de la familia Álvarez Mezquíriz que presta decenas de servicios asistenciales relacionados con mayores y dependencia mediante la gestión de residencias, centros de día y pisos tutelados para personas mayores a través de concesiones del sector público.
La empresa no facilita ninguna información sobre cuántas plazas gestiona y su cifra de negocios. En sus últimas cuentas (2018), según información disponible a través de Insight View, la “gestión de centros” (sin diferenciar tipología, ya que presta una amplia gama de servicios relacionados con la dependencia) aportó 53,3 millones de facturación a esa filial.
Sanidad privada
La sanidad privada también ha tomado posiciones en este sector. El grupo más importante es Sanitas, propiedad de la británica BUPA, que dice ser “el segundo operador de residencias privadas en España” con cerca de 6.200 plazas en 2018 y una facturación de unos 110 millones en ese ejercicio.
En la actualidad, Sanitas cuenta con 47 residencias por toda la geografía española, según explicaba en un artículo publicado el 27 de marzo el consejero delegado del grupo, Iñaki Ereño, que advertía de que “estigmatizar un sector que está asumiendo un reto que excede su rol original es injusto y poco útil”.
En ese artículo, Ereño reclamaba que los profesionales del sector, que “están estos días doblando turnos y arriesgando incluso su propia salud para ayudar a las personas mayores, los más vulnerables de nuestra sociedad”, contasen “lo antes posible” con “las mascarillas, geles y equipos de protección individual que garanticen su seguridad, porque están en primera línea de contagio”.
Otro grupo de la sanidad privada que está tanteando este sector es HM Hospitales, propiedad de la familia Abarca Cidón, que el año pasado inauguró en Leganés (Madrid) su primera residencia para la tercera edad bajo la marca Valdeluz, en asociación con Arpada. Esta constructora ha vuelto a este sector, en el que ya estuvo presente hasta 2017, cuando vendió las cinco residencias que tenía (con cerca de 900 plazas) a Sanitas.