Media vida profesional. Más de 21 años en un puesto clave del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), uno de los departamentos más importantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que maneja información altamente sensible sobre muchas investigaciones de índole fiscal que acaban en la vía penal. Ese tiempo, 21 años y un mes, lleva en el cargo de manera ininterrumpida Manuel Montesinos Diez de la Lastra, subdirector general de Operaciones del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria desde 2003.
El caso de Montesinos es excepcional en la agencia, en un momento en el que se han empezado a abordar cambios en la cúpula del departamento al que pertenece, fundamental en la lucha contra las mafias organizadas, el blanqueo de capitales, el narcotráfico y también la corrupción. Ninguno de los cargos de confianza del organismo, dirigido desde 2022 por Soledad Fernández Doctor, lleva tantos años en el puesto como Montesinos. Solo se le acerca la subdirectora general de Estadísticas, Luz Gómez, con algo más de 20 años, aunque con funciones que no son comparables si se tiene en cuenta la importancia clave que Vigilancia Aduanera tiene.
Un análisis de los 57 cargos en el organigrama de la AEAT que son nombramientos de confianza, publicados en el BOE y que llevan la firma del presidente de la agencia (el secretario de Estado de Hacienda en ese momento) revela que los actuales responsables del organismo llevan, de media, 5,7 años en el puesto, frente a los más de 21 de Montesinos. Este funcionario, miembro del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública desde 1995, fue nombrado en su actual cargo en 2003, con José María Aznar como presidente, en la primera etapa de Cristóbal Montoro como ministro y cuando el secretario de Estado de Hacienda era Estanislao Rodríguez-Ponga, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid mucho tiempo después.
En el SVA la media de permanencia es superior al conjunto de la AEAT, 8 años y medio, y eso que hace unos días se aprobaron dos nuevos nombramientos en su organigrama. Cinco de los ocho cargos en Aduanas son todavía nombramientos de la etapa de Montoro, como también lo son los responsables de dos departamentos de menor importancia, el Servicio Jurídico y el Servicio de Estudios.
Montesinos es un caso aparte. La persona al mando de los Operativos de Vigilancia Aduanera, que es uno de los representantes del Ministerio de Hacienda en la mesa de coordinación de adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados por narcotráfico, es un alto funcionario con una fuerte vinculación familiar con el PP. Nieto del exalcalde franquista de Alicante del mismo nombre entre 1946 y 1949, es hijo de la fallecida Maribel Diez de la Lastra Barbadillo, una de las fundadoras de la Alianza Popular de Manuel Fraga y diputada del PP desde 1996 hasta 2004.
Su tío, Juan Antonio Montesinos García, también fue fundador y vicepresidente de AP (1979-1984), además de diputado nacional, entre otros cargos. Y una veterana dirigente popular, Macarena Montesinos, hija de Juan Antonio Montesinos y prima del alto cargo de Aduanas, es diputada del PP por Alicante y persona de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: desde el pasado noviembre, Macarena Montesinos es la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
“Somos un cuerpo de carácter policial”, declaró Manuel Montesinos a El Mundo en 2015. Una imagen había puesto el foco sobre el Servicio de Vigilancia Aduanera y desde el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se abrieron por un momento las puertas del SVA a los medios. Uno de sus funcionarios, vestido con chaleco del Servicio, se había llevado detenido a Rodrigo Rato y le había puesto la mano en la nuca para introducirlo en el coche ante una nube de cámaras.
Aquello fue año y medio después de que, tras una purga de cerca de una treintena de cargos en la AEAT, Montoro afirmase que la cúpula de la agencia estaba “llena de socialistas”. Entre ellos no estaría Montesinos, responsable de la operación que luego acabaría con Rato detenido. Aquella fotografía del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en pleno barrio de Salamanca pasó a la historia. Hace unos meses el propio Rato responsabilizaba directamente a sus antiguos compañeros en el Gobierno de Aznar: Montoro y Luis de Guindos.
Ellos eran responsables de lo que denominaba su caída a la “piscina”. “A mí me tira quien me tira. Vigilancia Aduanera depende del Ministerio de Hacienda y el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), del ministro de Economía”, dijo Rato en una entrevista a El País tras la publicación de su libro de memorias el año pasado.
En el momento de la operación hubo quien no apreció el fuego amigo, como hace Rato, y el diario ABC publicó que el funcionario que introdujo a Rato en el coche iba en las listas del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Montesinos, como jefe suyo, salió a defender la independencia y profesionalidad del agente.
De acuerdo a la tesis de Rodrigo Rato, si Montoro decidió que cayera “a la piscina” fue el Servicio de Vigilancia Aduanera quien tuvo que empujarlo, el mismo que tenía a Montesinos como responsable de las operaciones entonces y hoy. Fuera impulsada o no esa operación por el ministro de Hacienda, el Servicio de Vigilancia Aduanera pudo ejecutarla porque tiene las mismas funciones de policía judicial que las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil.
Con autorización judicial, los funcionarios del SVA pueden realizar seguimientos o intervenir teléfonos sirviéndose de Sitel o del material más sofisticado que el Gobierno compró también para sus colegas de las Fuerzas de Seguridad. Como ocurre con Policía y Guardia Civil, Vigilancia Aduanera tiene una unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, con agentes permanentemente destacados allí. Con una diferencia que envidian otros cuerpos, pertenecer a la estructura de la Administración, la Agencia Tributaria, que todo lo sabe de los contribuyentes.
Casi una década después de esa operación contra Rato, cuando han pasado más de cinco años desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, Manuel Montesinos se mantiene al frente de todos esos agentes operativos, en un departamento en el que todavía hay mayoría de cargos nombrados por Montoro, pese al relevo hace unos días de su hasta ahora máxima responsable, Pilar Jurado.
Jurado fue uno de los primeros nombramientos en la Agencia tras el regreso de Montoro a Hacienda. Fue designada en enero de 2012 y el pasado 1 de febrero fue sustituida por Nerea Rodríguez. La hasta ahora directora de Aduanas ha cesado tras batir el récord de permanencia en ese cargo que ostentaba Nicolás Bonilla, su responsable entre 2001 y 2011. Es considerada cercana al que fuera secretario de Estado de Hacienda y exalcalde popular de Jaén, Enrique Fernández Moya.
Trabajadores de la agencia aseguran que en febrero de 2012, solo unos días después de ser ascendida por Montoro, Jurado acudió al congreso que los populares celebraron ese año en Sevilla acompañada por la entonces delegada de la AEAT en Madrid, Raquel Catalá Polo, hermana del entonces ministro de Justicia y hoy directivo de la multinacional del juego Codere, Rafael Catalá.
Jurado negó en 2022 haber acudido a ese congreso y ha continuado al frente de Vigilancia Aduanera hasta hace unos días. Resta por saber si su recién nombrada sustituta, Nerea Rodríguez, confirma a Ángel Delgado Bernaldo de Quirós, el 'número dos' y responsable directo de la supervisión de todas las actuaciones que realiza el SVA, incluido el manejo de los fondos reservados que tiene asignados este organismo. Fue nombrado en 2013, al igual que el subdirector general de Gestión e Intervención de Impuestos Especiales, Vicente Cillero.
Desde la legislatura anterior existe preocupación en el seno del PSOE por la oposición a la actuación del Gobierno que puedan ejercer altos cargos de la Administración, ya sean de Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de instituciones tan importantes como la Agencia Tributaria.
La arenga de José María Aznar el pasado noviembre con su frase “el que pueda hacer que haga” no pasó desapercibida en las filas socialistas, que lo interpretaron como un toque de corneta para quienes no asumen el resultado electoral de julio y tienen medios para boicotearlo. En ese sentido no ocultan la preocupación por el poder que acumulan altos funcionarios del ámbito de la derecha y la extrema derecha que, a diferencia de la mayoría, permiten que su ideología borre el deber de neutralidad que están obligados mantener en el ejercicio de sus funciones.
En la Agencia Tributaria también es un nombramiento de la última etapa de Montoro, de 2017, el subdirector general de Logística, Rafael Sopuerta, firmante de los pliegos de la licitación de una patrullera para la persecución del narcotráfico (el Cóndor) en la que el SVA se gastó hace años más de 8 millones de euros y que durante meses tuvo serios problemas para navegar.
En los últimos años han proliferado varias denuncias del sindicato UGT ante la Inspección de Trabajo por las prácticas laborales en Aduanas. Se ha pedido insistentemente el cese de Jurado (ahora destituida) por el fallecimiento del Jefe de Embarcación del buque Fulmar, que murió en acto de servicio el pasado 18 de marzo cuando intentaba abordar un velero cargado con droga en aguas del Atlántico.
La AEAT ha enmarcado el nombramiento de la nueva directora de Aduanas en el ámbito de la “continuidad”. Desde que es directora general de la agencia, Soledad Fernández Doctor solo ha renovado dos cargos en el SVA: la recién nombrada Nerea Rodríguez y su sustituta al frente de la Subdirección General de Gestión Aduanera, María González, nombrada el pasado lunes. La entidad no precisa si tras estos cambios en el SVA van a llegar más.
Actualmente, el 40% de los cargos de la AEAT (23 personas) son todavía nombramientos de Montoro. La nueva directora ha cambiado 14 cargos, cinco de ellos, en los últimos días. A los nombramientos de Nerea Rodríguez y María González en el SVA se han sumado los del nuevo director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Manuel Trillo, el responsable de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Carlos Javier Cervantes (sustituto de Trillo en ese puesto), y el nuevo director adjunto de Recursos Humanos, Antonio Francisco Ansón. Mientras, Manuel Montesinos se mantiene en su puesto, 21 años y un mes después de ser nombrado por Montoro.
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