La economista Carmen Castro ha estudiado el funcionamiento de los permisos de paternidad en más de 25 países. Fruto de su investigación nace 'Políticas para la igualdad' (Catarata), un libro en el que desmenuza la influencia que esta política pública tiene en la sociedad y en la construcción de igualdad. Islandia es el referente, pero ni siquiera el país nórdico tiene un modelo plenamente equiparado e intransferible. Es por eso, defiende Castro, que España tiene la oportunidad de liderar el cambio si se aprueban unos permisos por nacimiento iguales, intransferibles y pagados al cien por cien para cada persona progenitora independientemente de su sexo o identidad sexual. Esa es la propuesta que la Plataforma por unos Permisos de Nacimiento y Adopción Iguales e Intransferibles (PPiiNA) lleva años reivindicando y que Unidos Podemos llevó al Congreso en forma de una proposición de ley que fue aprobada. El Gobierno ya ha vetado en dos ocasiones su tramitación.
Uno de los punto de partida de su libro es el 15M y las demandas ciudadanas de más democracia. Dice que es imposible democratizar la sociedad sin hacerlo previamente con la familia. ¿No son las familias instituciones democráticas?
Hay varios niveles de respuesta. Por una parte, no, no todas las familias son estructuras con acuerdos democráticos. Cuando se gestiona la cotidianidad y hay responsabilidades familiares y los poderes públicos no atienden eso es cuando más se siente el peso del sistema de roles. Por otra parte, es que el hecho de que no se explicite y que no se piense en cómo se reparten los papeles dentro de los núcleos de convivencia ya es de por sí un elemento de alerta. Debería hacernos pensar en si no estaremos volviendo a repetir lo que pasó con el sufragio: se hablaba de derecho al sufragio universal cuando las mujeres no tenían derecho al voto. Esto es igual, construimos la democracia desde lo público, desde la representación pero sin pensar en cómo estamos en las células base, en las familias. Hay un sustrato que forma parte del lado oculto del iceberg de la sociedad que de alguna manera se tiene que estar resolviendo, y ahí entran las familias diversas, porque de lo único que nos ocupamos es de la representación y de la acción politizada.
La propuesta que centra su libro y que en España ha llegado de la sociedad civil al Parlamento son los permisos parentales por nacimiento o adopción. ¿Por qué esta propuesta concretamente? ¿cuál es su potencial, su papel en esa democratización de la familia de la que habla?
El interés que tienen los permisos por nacimiento es que es una pequeña pieza de políticas públicas que tiene la capacidad primero, de incidir en el cambio de comportamientos desde la cotidianidad. Se trata de un cambio masculino fundamentalmente, porque en el tema de repartos de tareas y usos del tiempo tenemos que provocar muchos cambios pero hay uno fundamental, el del comportamiento masculino. Es decir, que ellos desaprendan su sistema de cómo se construye la paternidad patriarcal y asuman la responsabilidad de los cuidados como algo a compartir en la vida cotidiana. Partiendo de comportamientos individuales se construye otro mensaje y otro sistema de representación política y pública.
La suma de comportamientos individuales genera un efecto multiplicador a nivel social, con el tiempo, que permite avanzar hacia otro imaginario de sociedad. Otro modelo en el que hay un reparto equilibrado de cuidados y éstos no son algo colateral que ocurre además de todo lo que ocurre en la vida. La importancia del sistema de permisos por nacimiento es que influye en lo individual y en lo colectivo. Tiene una potencialidad transformadora que va de lo cotidiano a lo simbólico y a lo estructural porque incide en la división sexual del trabajo. Es una reforma que está muy estudiada y que es viable respecto a cómo se puede hacer y a su impacto económico. Obviamente no es lo único, para reforzar su efecto necesita otras reformas a corto plazo para llegar a un cambio a medio y largo plazo.
¿Cómo cuáles?
Necesitan una restitución de la inversión en lo público, sobre todo en servicios de cuidados y de proximidad, de manera que la atención a las necesidades de cuidados que tenemos todas las personas en el ciclo de nuestra vida y en nuestros entornos sea algo que emerge como algo fundamental a resolver, no lo último.
Cuenta en el libro que históricamente los permisos dejaron de ser una baja para recuperarse del parto a un permiso pensado para proveer cuidados y que, a partir de ahí, en cada lugar y momento se han diseñado y usado con fines muy diferentes, desde fomentar la doble jornada de las mujeres a recluirlas en casa. Es decir, ¿corremos el riego entonces de que se reformen los permisos y nada cambie respecto a la igualdad en función de cómo sea esa reforma?
Totalmente. La misma pieza de políticas públicas, en función de su diseño, puede servir para reforzar la división sexual del trabajo, alejar a las mujeres totalmente del mercado laboral y mantener el modelo de paternidad ausente o colaboradora eventual, o para fomentar la corresponsabilidad. Lo primero se consigue con permisos de maternidad muy largos y escasos para la otra persona progenitora, o con permisos aparentemente próximos pero que están basados en la idea de libre elección, entre comillas. Eso se acaba convirtiendo en una trampa patriarcal, porque ante la ausencia de una base de igualdad la libre elección en estas cuestiones sirve para reforzar la elección del mandato de género, de la norma social. Esa es la trampa que hay en las ampliaciones de permisos en la que se deja que cada uno lo pueda ceder al otro.
Pero en su libro los considera, bien diseñados, un arma clave para luchar contra la desigualdad y fomentar la corresponsabilidad, ¿cómo debe ser entonces ese diseño?
Sí, esa misma política puede reformarse de una manera que aliente al cambio masculino hacia una mayor corresponsabilidad. La forma de hacer eso es estableciendo criterios de equiparación plena, es decir, independientemente de cuál sea el sexo o la identidad de género de cada persona progenitora que el derecho sea el mismo: mismo tiempo, mismas características y buena remuneración. Eso son permisos iguales, intransferibles y remunerados al 100%, que es parte de la propuesta de ley presentada por la Plataforma de Permisos de Nacimiento y Adopción Iguales e Intransferibles (PPiiNa).
Sabemos que los permisos funcionan cuando están bien remunerados y son intransferibles. Cuanto más es así más hombres asumen el permiso y lo asumen más tiempo. Si el resultado que queremos conseguir es el de la corresponsabilidad real el planteamiento tiene que ser este.
¿Cómo describiría la división sexual del trabajo actualmente?
Es la asignación de expectativas, de usos de tiempo, la asignación de responsabilidades en función de un mandato de género ligado a un condicionante biológico, que asocia con nosotras todo lo que tiene que ver con la reproducción social y a lo masculina, con todo aquello de ámbito productivo. Esa separación entre la producción y la reproducción social es una de las ficciones que actúan como trampa y que sostiene la división sexual del trabajo porque en la vida estos ámbitos no están segmentados.
Hoy en día hay la ficción de que ya no hay esta separación pero en la práctica si ves quién asume y dedica tiempo para actividades que tienen que ver con la reproducción hay una clara lectura de género. Con las políticas austericidas esto ha aumentado: ante la retirada del gasto público para prestar servicios de cuidado son las mujeres las que vuelven a asumirlo, no porque lo diga en ningún sitio sino porque forma parte del aprendizaje histórico que arrastramos. Para las mujeres la consigna básica es que somos socializadas para que la satisfacción de nuestra vida dependa del bienestar que posibilitamos a otras personas.
Ha analizado el sistema de permisos en decenas de países, ¿qué modelos conviven actualmente?
Coexisten dos tendencias. Una es la del enfoque maternalista, unos permisos diseñados para seguir reforzando al expectativa de que son ellas las responsables del cuidado y las que tiene que ausentarse más tiempo y si hay otra personas actuará como colaboradora. Dentro de esa corriente hay distinciones. Está el maternalismo moderno de libre opción: no se plantea la corresponsabilidad en el reparto de tiempos y cuidados sino que piensan que el peso recae en mayor medida en el papel de las madres, especialmente de las biológicas, y lo adornan con el halo de la libre elección, de manera que si luego ocurre un reparto tradicional de papeles es responsabilidad de las familias. Esto es una gran hipocresía política. Dentro de esta tendencia estaría por ejemplo Holanda. Polonia o Austria serían maternalistas más tradicionales.
La otra corriente tiende a la corresposabilidad: implican más a los hombres, no solo a los que son padres, con tiempos parecidos a los que se les pide a las mujeres. No hay ninguno que tenga un planteamiento totalmente equitativo, el más próximo es Islandia, es probablemente el más avanzando en este ámbito. Pero también está Portugal, uno de los más avanzados en Europa del sur.
La propuesta de Ciudadanos, frente a la de Unidos Podemos, apuesta por la transferibilidad porque, argumentan, deben ser las familias las que decidan...
Es incongruente: sería hacer de los permisos por nacimiento una excepcionalidad con respecto al resto de derechos sociales y laborales. Los derechos son individuales e intransferibles, no los puedes ceder a otra persona, son de disfrute de su titular. Entrar en el juego de la libre elección para que las familias decidan es entrar en por qué vamos a considerar un permiso de nacimiento como el resto de derechos. Pues precisamente porque es un derecho básico, que además tal y como está configurado nuestro sistema está ligado a la contributividad. Quien argumenta que hacerlos plenamente igualitarios es una intromisión de lo público en la vida de las familias cae en una falacia: si lo público no establece igualdad de condiciones está entonces provocando un estado de desigualdad. Este es uno de los coletazos del neoliberalismo y de la sociedad individualista.
El argumento del coste económico es una manipulación para mantener el statu quo. La estimación del coste la ha hecho de forma muy rigurosa la PPiNA y ha sido contrastada. Sabemos que con 1.800 millones de euros se puede asumir esa reforma. Qué es eso al lado de los 60.000 a fondo perdido para el rescate de la banca. Sería asumible en un ejercicio económico pero la propuesta alberga la posibilidad de que se haga gradualmente en cinco o seis años estableciendo, poco a poco, ritmos de ampliación. Si no se asume por parte del Gobierno es porque no hay interés en hacerlo.
También hay otros argumentos, algunos defendidos por feministas, que aseguran que una reforma como esta estaría al servicio de intereses capitalistas que solo ven a las mujeres como más mano de obra barata o bien que sería una forma de tratar de igual manera a mujeres y hombres cuando en su papel como progenitores no lo son, ¿Cómo responde a esas críticas?
Hay varias cuestiones. La propuesta de equiparación es una propuesta de ampliación de derechos, no plantea minorar derechos existentes, no perjudica a nadie. Otra cosa es que digamos que las 16 semanas de permiso son insuficientes, estamos de acuerdo. Pero la ampliación del permiso no perjudica a esas 16 semanas, a quien ya tiene el derecho. Si hacemos esta reforma y la situación de 16 semanas para cada persona progenitora no es suficiente, una vez establecida la base de equidad necesitaríamos ampliar ese derecho, estaríamos hablando de otro nivel de equiparación.
Lo equiparo a lo que sucedió con el matrimonio homosexual: era una propuesta de ampliación de derechos que no perjudicaba a nadie. Ahora, te puedes preguntar que para qué el matrimonio si habría que abolirlo. Sí, pero o lo hacemos ya o mientras siga existiendo como régimen económico que da una serie de derechos sociales o fiscales hay que equiparar a todas las personas. Con los permisos es igual: o cambiamos todo el sistema de protección social y hacemos que no sea contributivo de repente, lo cual es inviable, o hay que forzar una situación de mismo tratamiento porque si no estamos dando lugar a desequilibrios y situaciones de desigualdad.
Por otro lado, el hecho de no implementar esta reforma no va a hacer desaparecer la situación de pluriempleo precario en el que estamos inmersas, al contrario, no implementarla te lleva a más precariedad laboral porque tienes una penalización más grande. Tu configuración como sujeto político y económico te la da al adquisición de tus derechos económicos. Es el salario, y eso es algo individual, no familiar ni de libre elección, lo que te da la puerta de entrada a tus derechos económicos presentes y futuros. Mientras sea así necesitamos establecer condiciones de equidad de acceso al mismo y eliminar los desincentivos aliados con el patriarcado y que nos afectan a nosotras y cambiar el modelo para que con el tiempo el eje central no sea la contributividad plena.