El 'runrún' de los mercados, real o amplificado por los medios de comunicación, gira en torno a la supuesta preocupación de las grandes empresas por el ascenso de los nuevos partidos. Antes ya de que se celebraran los comicios, algunos empresarios deslizaron sus querencias por que el sistema se mantuviera dentro del bipartidismo. Pero ¿son justificados los temores de las empresas ante la llegada al poder en grandes municipios de las nuevas fuerzas políticas?
En el caso de las grandes constructoras, empresas de servicios y hoteleras, este diario ya ha venido explicando que sí se pueden paralizar ciertos megaproyectos que estaban planeados en el centro de las ciudades o que se revisarán los contratos uno a uno para garantizar su legalidad y pertinencia. Pero son las medidas antidesahucio las que más alarma parecen haber desatado en el mundo financiero ante la posibilidad de que dañen de alguna forma el negocio bancario o que paralicen el mercado inmobiliario.
Se ha asegurado durante estos días que las propuestas contenidas en los programas de Ahora Madrid y de Barcelona en Comú iban a suponer el final del mercado inmobiliario, de las hipotecas, del mercado de alquiler, de... ¿la democracia occidental? Pero estas afirmaciones se quedan en agua de borrajas cuando se analizan con cuidado las principales medidas que pretenden implementar de forma urgente las dos posibles regidoras de Madrid y Barcelona, orientadas a que una familia desahuciada no tenga que pasar ni un solo día al cielo raso.
Ahora Madrid: apuesta por la intermediación
El proyecto estrella que emprenderá Ahora Madrid ya funciona en el País Vasco y también tiene un modelo inspirador en Estados Unidos. El Ayuntamiento pondrá en marcha una Oficina de Intermediación Hipotecaria dirigida a las personas que no pueden hacer frente al pago de su crédito por culpa de la crisis, según explica la número cuatro de la candidatura, Marta Higueras, que asesoró al Gobierno de Patxi López. El objetivo principal, dice, es que las personas se queden en su casa.
La oficina, que dispondría de varias sedes, contará con profesionales especializados que estudiarán la situación económica de las unidades familiares y propondrán una solución alternativa a los bancos. “En el País Vasco se ha parado el 60% de los desahucios con esta iniciativa”, asegura Higueras.
Es fácil ver que con voluntad política se pueden realizar este tipo de medidas. Aquí está, por ejemplo, el registro de casas vacías del País Vasco:
Y aquí la respuesta del Ayuntamiento de Madrid a la propuesta de calcular el número de viviendas vacías, en la que los responsables elevan preguntas filosóficas conceptuales como: ¿qué es una vivienda vacía?
Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Bangor University, avala esta solución que Manuela Carmena ha propuesto como la más efectiva para el problema de los desahucios en una primera ronda con jueces y magistrados al día siguiente de las elecciones. “Hace falta crear un mecanismo para ayudar a las familias que pueden perder su vivienda, que puede tener diferentes aspectos según la fase en que se encuentren los problemas de la familia. Pueden ir desde ayudas financieras para intentar que mantengan la casa hasta facilitar el acceso inmediato a una vivienda social si finalmente la pierden. Lo hizo Barack Obama en 2009 en Estados Unidos. Eso sí, este mecanismo debe tener suficientes recursos para ser efectivo y podrían acometerlo tanto el Estado como comunidades autónomas o ayuntamientos”.
Este problema, el de los parques de vivienda a disposición de este tipo de iniciativas, es el primero al que se van a enfrentar Colau y Carmena. Por el momento, ya hay dos bolsas de viviendas puestas en marcha en colaboración con los bancos que no están funcionando adecuadamente. Se trata del Fondo Social de Vivienda, en el que los interlocutores son los Ayuntamientos, y alrededor de 2.000 viviendas del banco malo, que deben ser solicitadas por las comunidades autónomas. Entre los dos suman algo más de 4.000 pisos disponibles y sin adjudicar. Las fuentes consultadas aseguran que no ha habido la demanda esperada por parte de las instituciones para adjudicar estas viviendas que se encuentran repartidas, eso sí, por todo el territorio.
Otra posibilidad con la que especuló Carmena fue la de ejercer el derecho de tanteo sobre las viviendas que Bankia está a punto de vender en su megaproyecto “Big Bang”. El banco de titularidad estatal quiere desprenderse de todos y cada uno de sus activos inmobiliarios, entre los que cuenta con casi 38.500 viviendas (de nuevo por toda España). Fuentes financieras aseguran que el banco no tendría ningún problema en vender esas propiedades al Ayuntamiento de Madrid pero ahora ha sido la propia agrupación la que ha reculado y va a esperar a conocer el estado de las cuentas municipales antes de plantear esta posibilidad.
Otra alternativa es la de tirar de las empresas públicas de vivienda municipal, que además podrían ser el primer refugio para los ya desahuciados. Sin embargo, Higueras asegura que, en el caso de Madrid, la EMVS mantiene los datos ocultos y denuncia: “No sabemos nada, así que no podemos plantear nada”. Esto incluye los contratos que la empresa municipal ha firmado con fondos buitre.
Barcelona en Comú: 8.000 viviendas en alquiler social
Barcelona en Comú tiene un plan algo más detallado para solucionar el problema de la falta de parque libre de viviendas. Por un lado, se ha propuesto constituir 8.000 viviendas en alquiler social durante la próxima legislatura, en caso de lograr la investidura de Ada Colau. Estas viviendas tienen un precio marcado por la Ley del derecho a la vivienda de Catalunya aprobada en 2007 y servirán para dotar de soluciones habitacionales a las personas desahuciadas de sus hogares por no poder afrontar el pago de la hipoteca.
Las primeras 4.000 viviendas serán las ya construidas que estén vacías, según asegura a eldiario.es la número cinco de la candidatura unitaria, Janet Sanz. En esta remesa se incluirían tanto viviendas públicas como privadas. El coste previsto para los cuatro años es de 80 millones de euros. ¿De dónde saldrían las privadas? “Vamos a poner en marcha un sistema de inspección para detectar pisos vacíos que sean propiedad de bancos, fondos de inversión o grandes propietarios”. Una vez hecha la lista, se conminará a los dueños para que los movilicen, prosigue Sanz. “Si no lo hacen, se les sancionará”.
Estas sanciones no van en ningún caso por la vía de la recaudación tributaria, tal y como planteaban los partidos socialistas que se presentaban a las municipales, ni Ahora Madrid ni Barcelona en Comú tienen entre sus planes, subir el IBI de los pisos vacíos de la banca. En el programa de Antonio Miguel Carmona, por ejemplo, se comprometían a un recargo del 50% en el pago del IBI para estas viviendas. Sin embargo, las nuevas agrupaciones ven complicado subir el gravamen y apuestan por otro tipo de incentivos o penalizaciones.
Barcelona en Comú prefiere utilizar los resortes legales de los que dispone el Ayuntamiento gracias a una moción de la PAH que aprobó el Pleno de la capital catalana pero que, según Sanz, el Gobierno municipal de Xavier Trias prácticamente no utilizó. Son sanciones “coercitivas” para los bancos que tengan en su poder más de dos años las viviendas vacías. Se hace una ronda de hasta tres sanciones para invitar a los bancos a que saquen el piso en alquiler (una primera multa de 5.000 euros, después de 10.000 y luego de 15.000) y, si no se consigue el objetivo, se puede multar con hasta la cantidad equivalente al valor de mercado.
Lo que quieren dejar claro desde la formación es que estas medidas sancionadoras no afectarán a particulares (como tampoco lo harán las de Ahora Madrid). “Queremos tener una actitud proactiva”, asegura Sanz. “Si se manda un mensaje de confianza, puede tener un impacto en el mercado”.
En este sentido, desde una de las principales inmobiliarias del país, una fuente asegura que con los anuncios preliminares de subvenciones u otras políticas de vivienda de alquiler social se podría impulsar el mercado de alquiler, lo que sería una muy buena solución para que los bancos sacaran de sus balances parte de los miles de pisos adjudicados que tienen.
Además, el futuro Consistorio de Barcelona en Comú podría promover la construcción de otras 4.000 viviendas en 80 solares que se han detectado en la ciudad con un presupuesto de 440 millones de euros. También tienen en mente aumentar la reserva en promoción privada hasta el 50%. Es decir, la mitad de las nuevas promociones se destinaría a este plan. Barcelona en Comú se plantea además que esta reserva se extienda también a las obras de rehabilitación, una medida que ya funciona en París, según expone Sanz.
Ni IBI ni penalizar al particular
Además de que su propósito inicial no es subir el IBI (una demanda que puede ser transaccionada durante las negociaciones para alcanzar un pacto), la candidatura de Ahora Madrid no tiene tampoco intención de anular las cuentas en bancos “que desahucian”, una medida que ha exigido Podemos en Andalucía para votar a favor de la investidura de Susana Díaz. Tampoco se habla de expropiaciones, un debate que en cualquier caso zanjó el Tribunal Constitucional esta misma semana. Lo que sí está en el aire es la posibilidad de cobrar en Madrid a los bancos por el servicio de los cajeros en la vía pública, algo que ya se realiza en Barcelona y que está avalado por el Supremo.
A la vista de estas medidas, la pregunta de si la inquietud de la banca está justificada se queda en un 'sí pero no'. Como sucede casi siempre con las fuentes financieras, expertos del sector han explicado sus puntos de vista a eldiario.es sobre el impacto real de estas (por ahora) propuestas pero han preferido guardar en muchos casos el anonimato.
Por un lado, las fuentes consultadas reconocen que el daño que pueden hacer las medidas anunciadas tiene un impacto muy limitado, por no decir casi nulo, en los balances de la banca. Pero no dejan de ser un coste añadido, y un cierto nivel de incertidumbre sobre el statu quo establecido, que les mueve de la “comodidad” en la que han vivido estos años, según un alto ejecutivo de una firma de finanzas.
También reconocen estas fuentes que son un adelanto de lo que puede pasar después de las generales, cuando estas formaciones puedan “tocar poder” estatal y eso sí signifique cambios profundos en algunas legislaciones como la Ley Hipotecaria. “Generan ruido”, dice una fuente, “pero está claro que no van a inviabilizar a ninguna entidad financiera”. “El escrutinio sobre los bancos va a aumentar. ¿Que ellos estarían mejor sin estos partidos? Seguro. Pero es solo una cuestión de comodidad”.
Por lo pronto, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ya ha manifestado su interés en un encuentro con la futura alcaldesa de Barcelona, y, como recuerda una fuente financiera: los alcaldes de Madrid y Barcelona están condenados a entenderse con sus principales bancos (La Caixa y Bankia). Fuentes de Bankia aseguran que también están abiertos a hablar de todo, como también han asegurado su disponibilidad los del banco malo.