El escándalo de Volkswagen continúa tomando derivadas diferentes en función de los mercados. La última decisión ha sido la tomada por Berlín que llama a revisión a los vehículos de las cinco principales marcas del país. Así, los fabricantes de vehículos Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen y Opel deberán revisar un total de 630.000 coches a raíz de los resultados de un estudio encargado por el Ministerio de Transportes alemán tras el escándalo de la manipulación de las emisiones en Volkswagen.
Una decisión que se produce el día que se han publicado los resultados de la compañía. El consorcio automovilístico alemán Volkswagen acabó el pasado ejercicio con unas pérdidas netas atribuidas de 1.582 millones de euros, en comparación con las ganancias de 10.847 millones de euros contabilizadas en el año anterior. La compañía aseguró que sus resultados anuales de 2015 se vieron afectados negativamente por unos extraordinarios de 16.900 millones de euros, de los que 16.200 millones de euros corresponden a las provisiones realizadas ante el posible impacto del caso del software que alteraba las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de algunos modelos diésel.
Respecto a las revisiones, el diario “Süddeutsche Zeitung” ha explicado que el Gobierno alemán ha detectado que en varios modelos “a ciertas temperaturas se desconecta progresivamente la limpieza de las emisiones”, algo permitido según la correspondiente directiva europea, pero sólo para evitar daños en el motor o un accidente. En los modelos que hay que revisar, según estas fuentes, es difícil precisar por qué entra en funcionamiento esta desconexión, algo que afecta a los niveles de emisiones de gases contaminantes.
El Gobierno alemán pide en consecuencia a las empresas de los vehículos afectados que limiten al máximo el tramo de temperaturas en el que se desactiva la limpieza de emisiones. Todos los medios que avanzan esta información coinciden en destacar que el análisis encargado por el Gobierno alemán no ha detectado sistemas de manipulación de las emisiones similares al que empleó Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa.
Tras destaparse el caso Volkswagen el año pasado, el Ministerio de Transportes encargó a la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) estudiar los niveles de emisiones de gases contaminantes de más de 50 modelos de una veintena de fabricantes tanto alemanes como extranjeros.
En noviembre, tras analizar unos dos tercios de todos los modelos, la KBA ya avanzó que había detectado valores de emisiones de gases por encima de lo permitido en varios fabricantes. Entonces abrió una fase de consultas con los constructores afectados e indicó que posteriormente podrían buscarse “consecuencias legales”.
En septiembre Volkswagen había reconocido -tras una denuncia de las autoridades medioambientales de EEUU- haber incluido un software ilegal en unos 9,5 millones de vehículos para que, cuando fuesen llevados a un banco de pruebas, emitiesen gases como el NOx cumpliendo con la legalidad, cuando en condiciones normales contaminaban más.
Reino Unido y las investigaciones
El diario británico The Guardian avanzaba en su edición de papel que Reino Unido ha llevado a cabo investigaciones para conocer las emisiones reales de los vehículos diesel después de que el año pasado se desencadenara el escándalo de la marca alemana, que admitió que había comercializado once millones de coches trucados en su sistema de emisiones en todos el mundo. Un estudio elaborado por el Departamento de Transporte del país ha mostrado que algunos vehículos de los analizados pueden emitir hasta doce veces más del máximo de la UE, según los resultados de estos análisis.
Este organismo señala que hay grandes diferencias entre las pruebas llevadas a cabo en el laboratorio y las realizadas en carretera. Sin embargo, Robert Goodwill,ha asegurado que “contrariamente a la situación de Volkswagen, no se ha roto ninguna ley. Esto se ha hecho siguiendo las normas”. Hay que recordar que los test elaborados por la Unión Europea para homologar los vehículos se realizan todavía en una prueba de rodillos en un espacio cubierto y no en pruebas reales en carreteras.
Francia y antifraude
Varios funcionario antifraude registraron el jueves la sede del grupo automovilístico francés PSA, fabricante de las marcas de coches Peugeot y Citroën, dentro de la investigación que hay en curso sobre esta compañía y la contaminación de sus vehículos. “Como parte de las investigaciones en marcha sobre contaminantes en el sector del automóvil, el Grupo PSA ha sido hoy objetivo de una operación de entrada y registro de la Dirección General de Política de Competencia, Consumo y Control del Fraude”, dice la compañía en un comunicado.
La operación se produce tres meses después de la investigación sorpresa a la empresa Renault dentro de una campaña del Gobierno galo iniciada a raíz del escándalo de las emisiones del grupo Volkswagen. Y coincide además con la propuesta hecha por el grupo alemán ante un juez de EEUU para tratar de alcanzar un acuerdo respecto a la indemnizará a los afectados dueños de modelos Jettas, Passats y Touareg por un montante que podría alcanzar incluso el valor de compra del vehículo.