La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido analizar más en profundidad la oferta de compra (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. Eso va a retrasar el desenlace de la operación durante varios meses y va a obligar a más administraciones públicas a decir cómo ven la unión de dos de las mayores entidades bancarias de España.
La CNMC confirmó el martes que va a solicitar “un informe preceptivo a las comunidades autónomas en las que la concentración incida de forma significativa”. De esta forma, durante la Fase 2 de su análisis, Competencia va a pedir a las comunidades donde hay más solapamiento de actividad de BBVA y Sabadell que detallen cómo va a afectar a su territorio una unión de bancos de la que se sabe que va a ahondar en el cierre de sucursales y en los recortes de empleo.
Las comunidades autónomas donde el futuro BBVA con Sabadell tendrá más peso son Catalunya, Comunitat Valenciana y Murcia. También Andalucía, Madrid, Euskadi, Asturias y Galicia, como se puede ver en el siguiente gráfico, donde se detalla cuántas sucursales tiene cada uno de los dos bancos, municipio a municipio, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
Hay que recordar que tanto BBVA como Sabadell han sido protagonistas principales de la integración bancaria que se ha llevado a cabo durante los últimos 15 años y consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria que se llevó por delante a las antiguas cajas de ahorro por su alta exposición al ladrillo.
En el caso de Sabadell, porque se adjudicó la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una fuerte presencia en la Comunitat Valenciana y Murcia. También se quedó con Banco Gallego. En el caso de BBVA, hizo lo propio con Unimm y con Catalunya Banc, lo que le permitió hacerse fuerte en territorio catalán y ahora ampliaría esa posición con Sabadell. En este tema resumimos cómo afectaría la fusión de BBVA y Sabadell a un sistema bancario español que lleva años en continuos procesos de concentración.
Competencia va a requerir esa información a las comunidades autónomas porque, al ampliar el análisis sobre el impacto de una fusión de BBVA con Sabadell, tiene potestad para reclamar más detalles a todas las partes afectadas. Y, una vez tenga toda la información, decidirá si aprueba la operación, la rechaza o da el visto bueno pero con condiciones y cesiones, para minimizar el impacto en las opciones de los clientes.
La Ley de Defensa de la Competencia recoge que, cuando se pasa a la segunda fase, “en el supuesto de que la concentración incida de forma significativa en el territorio de una Comunidad Autónoma”, como es este caso, “la Dirección de Investigación”, de la CNMC, “solicitará informe preceptivo, no vinculante, a la Comunidad Autónoma afectada” que tendrá 20 días para emitir un informe.
Esta información no será vinculante, pero sí clave para que la CNMC dictamine y ahí las comunidades gobernadas por el PP han mostrado sus reticencias a la operación, de forma similar a lo manifestado por el Gobierno, que también ha sido crítico con el impacto de una mayor concentración bancaria. Por ejemplo, ya en mayo, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se mostró “absolutamente en contra” de la fusión. “Es una operación en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunitat Valenciana y en contra del consumidor”, sentenció.
Habrá que esperar meses para saber qué decide la CNMC y si pone condiciones a la operación para aprobarla. De entrada ya se sabe que, si hay fusión, habrá cierre de sucursales.
BBVA ya indicó en verano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) que preveía el cierre de 300 oficinas. Habló de “racionalización”, porque en total había detectado 870 sucursales de BBVA y Sabadell situadas a menos de 500 metros entre sí. “Es un porcentaje inferior al 10% de la suma de la red de ambas entidades”, justificó entonces Onur Genç, consejero delegado de BBVA.
Un recorte de la red comercial que, al margen de operaciones corporativas, se está reduciendo de forma constante. En los tres últimos años, los cinco grandes bancos han cerrado 2.500 oficinas. En ese tiempo, Sabadell ha cerrado más de 350 y BBVA, 225. Juntos, ambos bancos superarían las 3.000 oficinas y serían la segunda entidad con más presencia territorial, solo por detrás de Caixabank. El siguiente gráfico desglosa cómo han ido cerrando oficinas, tanto BBVA como Sabadell, desde el año 2015.
Tras la decisión de la CNMC los dos bancos han vuelto a reiterar los mismos argumentos que han defendido en los últimos meses. Por un lado, el consejero delegado de BBVA señaló ayer en un acto del sector financiero que la integración supone “la creación de valor. El racional económico es innegable. Los números tienen sentido”, aseguró. Sin embargo, también reconoció que, si la CNMC se decanta por condiciones muy estrictas, y “si la creación de valor no existe tenemos la opción de retirar la opa. No dudaremos un segundo en echarnos atrás”.
Mientras, el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, reconoció que la entidad ya se ha personado ante Competencia para defender sus intereses y que si la operación se alarga, eso ayudará “a poner todas las cosas encima de la mesa” y a que ocurra “con luz y taquígrafos”.
A partir de ahora se abren varios escenarios, en función de lo que decida Competencia. Además, por otro lado, está lo que haga en los próximos meses la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que es la que tiene que dilucidar si pone en marcha el periodo de aceptación de la OPA, para que los accionistas de Sabadell decidan si venden o no sus acciones a BBVA; o si el supervisor del mercado espera a la resolución de la CNMC.
Este organismo encabezado por Cani Fernández puede aprobar la operación sin más, sin ningún condicionante. También, rechazarla o poner cláusulas o requisitos a BBVA. En este último caso, la entidad presidida por Carlos Torres se reserva esa opción de dar marcha atrás y retirar la oferta. En esos dos últimos escenarios, además, entra en juego la valoración del Gobierno.
La Ley de Defensa de la Competencia señala que, si una concentración llega a la segunda fase de análisis y la CNMC la prohíbe o la subordina a compromisos, esa decisión tiene que elevarse al ministro de Economía y Hacienda. Ahora mismo hay dos ministerios diferentes, los encabezados por Carlos Cuerpo y María Jesús Montero. Además, se puede elevar al Consejo de Ministros “por razones de interés general”. En ese caso, el Gobierno podrá “confirmar la resolución dictada” por el Consejo de la CNMC, o “acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones”. En este caso, su dictamen “deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia” y, además, podrá solicitar un informe a la propia CNMC, lo que alargaría el proceso en el tiempo.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.